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13/04/2022

Reconocimiento facial: mientras se discute en Mar del Plata, freno judicial en CABA

El gobierno de Guillermo Montenegro busca el aval del Concejo para contratar un sistema similar al que ahora fue frenado en la Ciudad de Buenos Aires.

Reconocimiento facial: mientras se discute en Mar del Plata, freno judicial en CABA
(Fotos: archivo / Qué digital)

Mientras el gobierno de Guillermo Montenegro intenta por estas semanas acelerar el tratamiento en el Concejo Deliberante de un proyecto de ordenanza que le “encomienda” contratar un software de reconocimiento facial bajo el objetivo de “identificar a prófugos buscados por la Justicia”, además de detectar objetos y “comportamientos dinámicos”, la Justicia suspendió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el funcionamiento de un sistema de las mismas características al plantear la posible existencia de un uso ilegal en el acceso a datos biométricos de personas que no presentaban ningún requerimiento judicial. En qué consiste el proyecto que se impulsa en Mar del Plata y en qué instancia de discusión está en el Concejo Deliberante.

El proyecto de ordenanza impulsado en Mar del Plata por Montenegro fue elevado en enero al Concejo para su tratamiento y desde el gobierno destacaron que “esta tecnología analítica apunta a la detección de prófugos buscados por la Justicia y para la identificación de patrones predefinidos orientados a prevenir acciones relacionadas con un posible hecho delictivo”.

El expediente, concretamente, encomienda al Ejecutivo municipal “adquirir, mediante la contratación correspondiente, una solución de software tecnológica necesaria para el establecimiento de un sistema de reconocimiento facial aplicable para la detección de prófugos de la Justicia, así como también que permita la detección de distintos objetos y/o comportamientos dinámicos, utilizando sistemas analíticos y algoritmos”.

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El proyecto contiene un artículo que establece que “toda información no relevante para las funciones del sistema deberá ser inmediatamente descartada, incluyendo la información biométrica de las personas en caso de no ser identificadas” y también prevé que el gobierno municipal suscriba convenios con organismos nacionales, provinciales o municipales para su implementación.

El primer tratamiento del expediente se produjo la semana pasada en la comisión de Seguridad, la primera por la que debe pasar además de las de Legislación y Hacienda. Y pese a que desde la oposición remarcaron la necesidad de requerir una serie de informes al gobierno el oficialismo impuso su mayoría e hizo avanzar el proyecto ya hacia la comisión de Legislación, con los pedidos de informes pendientes de respuestas.

En esa primera discusión, el concejal del PRO Guillermo Volponi fue el encargado de afirmar que “este tipo de herramientas para la gestión de la seguridad son casi fundamentales” y de destacar que “son usadas en prácticamente todas las ciudades grandes del mundo y del país”. También remarcó que es una herramienta “que el Ejecutivo considera importante en materia de prevención de seguridad”.

Por su parte, el edil Vito Amalfitano (Frente de Todos) fue el primero en poner algunos reparos y en plantear la necesidad de iniciar un extenso debate al considerar que se trata de “un tema delicado” y que “hay estudiar con mucho detenimiento”. Así, dijo que se necesitaban conocer mayores detalles en torno a quién va a recibir la información y cómo será el manejo de los datos. “Está la transparencia en juego“, afirmó. Y su compañero de bancada Roberto Gandolfi remarcó que la implementación de un sistema así “ha sido controvertido en la Ciudad de Buenos Aires”.

El concejal radical Daniel Núñez fue el encargado de insistir en hacer avanzar el expediente al afirmar que “cómo se va a utilizar” el sistema “es parte de otra discusión, quizás de otra ordenanza”. “Acá estamos discutiendo la contratación de una herramienta”, afirmó, y tras ello el concejal Amalfitano retrucó que por la vigencia de la emergencia de seguridad en Mar del Plata el gobierno municipal tiene la facultad de llevar adelante procesos de contratación directa.

Finalmente, el pedido de informes fue elevado a las áreas municipales de Seguridad, Legal y Técnica y Hacienda, y así se requiere conocer quién va a recibir y retener la información (el Centro de Monitoreo o una empresa privada), si estarán protegidos los derechos humanos y la privacidad, cuál es la empresa de software que se utilizará y a qué se refiere con “comportamiento dinámico”.

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LA SITUACIÓN EN CABA

Según informó la agencia oficial Télam, este martes el juez en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, suspendió el funcionamiento del sistema de reconocimiento facial en esa jurisdicción al plantear un posible uso ilegal con fines no autorizados como la obtención de datos biométricos de personas -y personalidades entre ellas políticos, dirigentes y referentes de diversos ámbitos- que no contaban con requerimiento judicial.

La decisión fue tomada en el marco de una causa iniciada a principios de 2020, luego de que varias entidades, entre ellas el Observatorio de Derecho Informático Argentina (ODIA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentaran un amparo colectivo en el que denunciaban falta de control ciudadano, riesgos para la privacidad y la aplicación de patrones discriminatorios para realizar los mapas biométricos. A ese proceso también se sumaron como “amigos del tribunal” la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Correpi y la Fundación Vía Libre.

Fuentes judiciales citadas por Télam indicaron que la principal sospecha surgió a partir de que el sistema de monitoreo del Ministerio de Seguridad porteño estaba habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) siempre que se tratara de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc), que en 2019 eran unas 35.000 y el mes pasado llegaron a 40.000. Sin embargo, entre abril de 2019 y marzo de 2022, las consultas de datos biométricos fueron cercanas a los 9 millones, de acuerdo a lo afirmado.

Por su parte, desde el CELS, en su rol de impulsor del amparo, afirmaron que la ley de la Ciudad y la resolución que implementa el mecanismo de reconocimiento facial “solo le permite al Ministerio de Justicia y Seguridad cruzar datos de quienes integran la lista de prófugos (Conarc) y de aquellas personas sobre las que autoridades judiciales de la Ciudad, de la Justicia Nacional o de poderes judiciales provinciales le solicitan tareas de investigación y prevención”. E hicieron foco en un convenio con el Renaper en 2019 que habilitó a la Policía de la Ciudad al acceso a los datos biométricos, como las fotos y otra clase de información de personas buscadas.

Así, acusaron: “Entre abril de 2019 y marzo de 2022, la Ciudad excedió ampliamente lo autorizado por aquel convenio, cuya implementación nadie controló. Obtuvo así de manera ilegítima información sobre los datos registrados en el Renaper equivalentes a la mitad de la población total del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.

Conocida la decisión judicial el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, emitió un comunicado en el que calificó como “maliciosa” la medida cautelar que frenó la utilización del sistema.

“Este sistema está destinado a la detección, verificación, identificación y detención de personas sobre las cuales exista una orden de captura por parte de la Justicia. Desde abril de 2020 no está activo a causa de la pandemia. Funcionaba con una base de datos que es pública y lo que hacía es identificar únicamente a las personas que tenían pedido de captura de la Justicia. Las consultas efectuadas al Renaper no tienen nada que ver con el sistema de reconocimiento facial y se realizan sustentadas en diversos convenios vigentes. Por ejemplo, cuando se efectúa una denuncia o, cómo sucedió en pandemia, para el permiso de circulación”, defendió y afirmó que “no existen irregularidades”.

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