Reconocimiento facial: tras el freno judicial, piden recaudos económicos a nivel local
Ante la inconstitucionalidad dictada en Capital Federal, piden que el Municipio contemple situaciones similares en el pliego.
Luego de un segundo fallo en contra de la aplicación en Capital Federal de un sistema de reconocimiento facial como el que se quiere implementar en Mar del Plata, a nivel local volvieron a plantearle al gobierno de Guillermo Montenegro que considere este tipo de situaciones al momento de elaborar el pliego de bases y condiciones que no pasará por el Concejo Deliberante.
El 25 de agosto, el gobierno logró en el Concejo deliberante la aprobación de su proyecto para licitar un sistema de reconocimiento facial para la detección de personas prófugas y objetos a través de las cámaras de monitoreo. Lo hizo, a pesar de las diversas expresiones de rechazo y particularmente luego de un primer freno judicial impuesto en CABA por el juez Roberto Gallardo.
Sin embargo, el gobierno porteño logró recusar y apartar al juez y en un nuevo pronunciamiento de la Justicia en torno al sistema, la nueva magistrada a cargo de la causa iniciada en 2020 por varias entidades como el CELS, hizo lugar al amparo y declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la resolución con la que el gobierno porteño puso en marcha el sistema por considerar que “se implementó sin cumplir con los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes” e hizo foco, por ejemplo, en la utilización de registros biométricos de manera ilegal y la falta de creación de una comisión especial de seguimiento a nivel legislativo.
En este contexto, Acción Marplatense ya había solicitado -una vez aprobada la ordenanza- que el Municipio contemplara la creación de un “comité de ética” y la elaboración y formalización de un protocolo de administración de las bases de datos e información personal para prevenir posibles infracciones similares y trabas judiciales semejantes.
Ahora, el nuevo pedido en torno al pliego de bases y condiciones que el gobierno deberá confeccionar, también se deriva del transcurrir judicial del reconocimiento facial en CABA, pero en este caso apunta a lo económico.
Específicamente, desde el bloque plantearon que de cara al llamado a licitación pública del software, se incluya una cláusula que establezca que, ante la suspensión de la prestación como sucedió en CABA, por cuestiones judiciales “o por el motivo que fuera”, que se deje de abonar el importe pactado con la empresa a contratar.
EL INADI REITERÓ SU PREOCUPACIÓN
Tal como sucedió prácticamente desde el inicio del tratamiento del proyecto en el Concejo Deliberante, la delegación local del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) volvió a dejar en claro su preocupación por la implementación de un sistema de este tipo, sin una ley nacional que garantice un “marco protector de derechos humanos” en la utilización de esa tecnología y particularmente a nivel local ante la falta de “condiciones técnicas para asegurar el monitoreo” o de un consenso internacional sobre un uso seguro.
“Nuestra recomendación técnica sigue siendo que no se proceda en el uso de esta tecnología”, manifestaron en un comunicado junto al Centro de Acceso a la Justicia en el que remarcaron sus principales puntos de rechazo, como por ejemplo al plantear que “conducen a actos discriminatorios” y que se comprometen “derechos fundamentales” de la ciudadanía.
