Situación de calle: Baragiola defendió la política de asistencia
La secretaria de Desarrollo Social respondió las críticas de la oposición en la comisión de Calidad de Vida tras la muerte de dos personas en menos de un mes. Habló de acciones para ampliar el abordaje, aunque sin mayores definiciones.
Finalmente, y tras la existencia de varios pedidos de explicación de la oposición por la muerte de dos personas en situación de calle en menos de un mes, la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, asistió a la reunión de la comisión de Calidad de Vida del Concejo Deliberante y defendió la política de asistencia que lleva adelante con el gobierno local.
En ese sentido, la funcionaria cargó nuevamente contra la falta de articulación entre el servicio de emergencias, la policía y el área a su cargo y destacó la labor de su equipo a la hora de abordar la problemática. Es que, en el marco de la reunión de la comisión de Calidad de Vida, el foco estuvo puesto en la cantidad de personas que viven en situación de calle y las críticas de la oposición se centraron en el contexto que derivó en la muerte de Miguel Ángel Mansilla y Juan Pablo Ramos.
En cuanto a la labor del Municipio, Baragiola hizo un repaso de situación y se refirió a la deuda que la Comuna mantiene con las tres ONG con las que existía un convenio de colaboración: Manos extendidas, el Hogar Nazaret de Cáritas y Asaar. Al respecto dijo que este año se había decidido suspender la derivación en tanto no se comenzara a abonar lo adeudado y, en el caso de Cáritas, esta semana ya fueron abonados $70 mil.
Sin embargo, y en lo que respecta a las otras dos entidades, la funcionaria confirmó que se revisaron los convenios y se decidió suspenderlos a partir de haberse detectado irregularidades. En concreto, dijo que en el caso de la ONG Asaar en teoría había tres espacios disponibles para el alojamiento, pero dos de los mismos no estaban en condiciones de funcionar y, el tercero, no tenía servicio de gas.
“Queremos que se paguen las deudas, pero decidimos trabajar con El Campito y ahora lo que estamos haciendo son gestiones gracias a la donación de un comerciante que nos cedió un hotel en desuso, porque en la sociedad de fomento del barrio Fortunato de la Plaza los vecinos no quisieron que las personas recibieran asistencia“, adelantó Baragiola, respecto a un nuevo convenio que permitirá, según dijo, que el Municipio disponga de unas ochenta plazas -entre El Campito y este hotel-, que se podrían sumar a las sesenta que posee Cáritas y las quince de Manos Extendidas.
LAS ADICCIONES Y LA INTERVENCIÓN JUDICIAL
Ante las consultas de la oposición respecto a las falencias en el abordaje, evidenciadas a partir de la muerte de Juan Pablo y Ángel, la funcionaria respondió las críticas de la oposición, relacionadas con la falta de claridad respecto al protocolo de actuación que rige entre policía, servicio de emergencias y Municipio y la asistencia a personas con adicciones.
En cuanto a la falta de articulación -que según expuso la funcionaria derivo en la muerte de Ángel Mansilla- Baragiola volvió a cuestionar los problemas de comunicación y reiteró su denuncia pública: “Se rompió el protocolo de actuación porque permanentemente tenemos contacto con la policía y en esa oportunidad no se dio”.
Y respecto al caso de Juan Pablo -quien días antes de morir había agredido a un operador municipal en El Campito en un momento de crisis a partir de sus adicciones– Baragiola justificó el accionar del personal al aducir que el joven escapó del lugar cuando se requirió la presencia de una ambulancia y la policía, tras la agresión.
“Lo que pasó a partir de la muerte de Juan Pablo fue que comenzaron a llegar los oficios judiciales, que son la herramienta necesaria para poder sacar a las personas de la calle cuando se niegan”, expuso y puntualizó en el aumento de las resoluciones judiciales, a partir justamente de los últimos fallecimientos.“Lo que decidimos es que ahora ante cada caso de negativa de una persona se pide la intervención inmediata de la Justicia”, apuntó.
A su vez, y en cuanto al abordaje de las adicciones, Baragiola también le apuntó al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), ya que dijo que muchas veces la gente que recibe asistencia en el lugar a partir de ciertos brotes relacionados con abstinencia o adicciones no tiene un seguimiento y no se informa ni a la policía ni a la Secretaría de Desarrollo Social. “Estamos articulando con los Centros de Prevención de las Adicciones (CPA), con Posada del Inti y con Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar)”, sumó, en lo que hace al rol del Municipio.
LAS PROPUESTAS: CENSO Y PROTOCOLO
En el marco del encuentro, desde el Frente para la Victoria (FpV) -impulsores de tres de los proyectos que implican pedidos de informe a partir de la problemática– se ofrecieron a trabajar en conjunto tanto para la realización de un nuevo censo que sirva para conocer la realidad de las personas en situación de calle como para la elaboración de un protocolo de asistencia, clave a la hora de “detectar quienes son los responsables cuando hay irregularidades”.
“Creo que el tema del censo es importante porque yo difiero de algunas cuestiones con el trabajo de la Defensoría del Pueblo porque se habla de un número superior a las 200 personas pero se tiene en cuenta aquellas que van a comer a las plazas pero no viven en la calle“, explicó Baragiola respecto a su postura y la necesidad de llevar adelante un nuevo relevamiento. A su vez, la funcionaria dijo que a partir de la asistencia que se está brindando “solo quedan unas quince personas que no quieren acceder a la ayuda”.
