Toma en Las Heras: el gobierno puso en duda la vulnerabilidad de las familias
Así lo sostuvo en el recurso de apelación con el que insiste en que la Justicia autorice el desalojo del predio.
Después de que el intendente Guillermo Montenegro calificara como un “disparate” el fallo judicial que rechazó llevar adelante un desalojo de las 30 familias que desde el domingo mantienen la toma de terrenos municipales en el barrio Las Heras de Mar del Plata, el gobierno municipal difundió el recurso de apelación presentado ante la Justicia y en él cuestionó al juez por considerar que se esté ante cuestiones de “neto corte social” por sobre jurídicas y hasta puso en duda la “vulnerabilidad social” de las personas que reclaman con la ocupación el acceso a una vivienda digna.
El recurso, que ahora deberá analizar y resolver la Cámara de Apelación y Garantías, pide que se revoque la resolución emitida este miércoles por el titular del Juzgado de Garantías N°2, Saúl Errandonea, y por lo tanto que se disponga el desalojo “inmediato de los intrusos y de todo otro ocupante que se encuentre en el predio” ubicado en la avenida Fortunato de la Plaza y Rufino Inda, lindero al polideportivo del barrio.
En la presentación, Montenegro consideró que el juez Errandonea rechazó su pedido de desalojo “en forma arbitraria, apartándose de las hechos acreditados y sin tener en consideración las constancias de la causa”.
Una de ellas, según sostiene el escrito, es un informe técnico realizado por el ingeniero Juan Carlos Szpyrnal, perteneciente a la planta permanente de Obras Sanitarias, “donde se ilustra claramente que el predio en cuestión es una cuenca de amortiguación hídrica que forma parte del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible”. Y describe que el predio “viene cumpliendo una función de amortiguación hídrica desde 2007” y sostiene que “la actual ocupación del predio pone en peligro no sólo a las personas que allí se encuentran, sino también al resto de los habitantes de los barrios aledaños”.
Por otro lado, Montenegro consideró que en la toma de terrenos de Mar del Plata existe una “inaplicabilidad” del “Protocolo de actuación frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad”, donde se establecen pautas y recaudos a seguir ante estos casos, fijado por la Suprema Corte bonaerense en 2019.
“No resulta de aplicación, en principio, al caso en virtud de no obrar en la causa elementos que permitan inferir la situación de vulnerabilidad de las personas que intrusaron el predio, partiendo el juez de una presunción infundada e injustificada que perjudica a los intereses de esta parte y que tornan arbitraria la resolución puesta en crisis”.
Es decir, el gobierno municipal pone en “seria duda” la vulnerabilidad social que atraviesan las familias que desde el domingo forman parte de la toma, y lo hace a pesar de que hasta el momento desde la Secretaría de Desarrollo Social que conduce Vilma Baragiola no brindaron ninguna postura y se desconoce qué gestiones lleva adelante el Municipio desde esa perspectiva.
Además, argumenta esa postura en que “en filmaciones del Centro de Operaciones y Monitoreo puede observarse la presencia de vehículos de alta gama en el despliegue del accionar de estas personas, a la par que conforme a sus propios dichos, los mismos son vecinos del propio barrio Las Heras”. Pese a esa afirmación del gobierno, en declaraciones periodísticas algunas de las familias manifestaron ser de barrios aledaños a Las Heras e incluso algunas de ellas del barrio Belgrano.
El juez de Garantías Saúl Errandonea (Foto: archivo / Qué digital)
En ese sentido, en su resolución el juez Errandonea había solicitado, como parte del protocolo a implementar, generar informes precisos sobre el hecho, por ejemplo, corroborar la presencia de menores de edad o la existencia de instigadores. “Si bien se ha identificado a 34 personas que habrían ingresado en el predio, se carece de toda otra información que pueda brindar un mejor panorama”, señaló el magistrado.
Con esos dos puntos de cuestionamiento centrales, en el escrito Montenegro cuestionó la definición trazada por el juez respecto a que la ocupación de los terrenos supera al ámbito jurídico y recala en “cuestiones de neto corte social que impone al Estado la obligación de acudir a su atención, estableciendo canales de diálogo y escucha”.
“Conozco perfectamente la legislación vigente y no comparto el criterio del Sr. Juez cuando sostiene que en la presente convergen circunstancias que superan el ámbito de lo jurídico, en tanto según su entender se trataría de cuestiones de neto corte social, pero ello no obsta a hacer lugar a la medida cautelar solicitada”, sostiene Montenegro y retruca que “el principal error en el razonamiento aplicado en el fallo se vislumbra al tratar de otorgarle a la cuestión un sentido sociológico y no jurídico como el que corresponde aplicar, ya que aquí se está discutiendo un problema jurídico en tanto se está produciendo una afectación a un bien jurídicamente protegido como lo es el derecho de propiedad”.
En ese marco, la presentación por la toma califica que el fallo del juez de Mar del Plata “agravia a los vecinos del Municipio de General Pueyrredon, y agravia al derecho en general, en tanto la valoración realizada es discrecional y arbitraria, y no objetiva y fundada, en tanto no toma en cuenta los elementos obrantes en la causa”. Y considera que implica una “gravedad institucional” ya que “de no adoptarse una respuesta efectiva e inmediata del Estado en esta intrusión y despojo de tierras fiscales, vulnerables del bien jurídico propiedad, se abre la puerta para que este tipo de conductas proliferen y se multiplique”.
