Tras 45 días, el Concejo volvió a funcionar y sesionó
Fue convocada una sesión extraordinaria para este viernes para tratar expedientes aprobados en las comisiones que empezaron a funcionar este jueves. Entre lo más destacado, aparece la adhesión al Pacto Fiscal de Vidal.
Después de 45 días de la asunción de los nuevos concejales, finalmente el Concejo Deliberante volvió a funcionar este jueves luego de que las fuerzas llegaran a un acuerdo a cuenta a la conformación de las comisiones internas. En este marco, y luego de una primera reunión de dos de las comisiones, se convocó para este viernes a las 17 a una sesión extraordinaria con el objetivo de tratar, entre otros temas, el Pacto Fiscal impulsado por la Provincia, que fue rechazado en la sesión pasada a partir de la intención del gobierno de convalidarla por decreto.
Finalmente, y luego de 45 días sin ponerse de acuerdo y por eso paralizar el Concejo en su funcionamiento interno, las comisiones quedaron conformadas, y ya este jueves se reunieron dos con el objetivo de avanzar en algunos expedientes: Hacienda, presidida por Alejandro Carrancio, y Legislación. por Ariel Martínez Bordaisco, ambos de Cambiemos.
Tras ello, y con los expedientes aprobados, desde la presidencia del Cuerpo convocaron para este viernes a las 17 a una nueva sesión extraordinaria.
El principal expediente que se tratará será la adhesión del Municipio al Régimen de Responsabilidad Fiscal impulsado por la gobernadora María Eugenia Vidal, que llega a la sesión con dos despachos: el de mayoría, y uno de minoría que le pone tope de adhesión hasta el 10 de diciembre de 2019.
A partir de la paralización del Concejo, el gobierno municipal había intentado avanzar con la adhesión a través de un decreto de la presidencia del Concejo, algo que provocó numerosas críticas y terminó siendo rechazado en la anterior sesión extraordinaria realizada exclusivamente para tratar la problemática de la basura.
QUÉ IMPLICA EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD FISCAL
Entre otros puntos, la norma impulsada por la gobernadora María Eugenia Vidal limita a los gobiernos locales en cuanto a contrataciones, gasto y endeudamiento bajo el objetivo de lograr un “manejo prudente de las finanzas municipales”.
En detalle, a través de la ley, se limita el endeudamiento de los municipios al 10% de sus recursos corrientes, con excepción de que sea para refinanciar deuda previa en mejores condiciones, e impide “el aumento de sus gastos corrientes por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC)”.
Asimismo, establece que los intendentes en los seis meses previos a dejar el cargo “no deben tomar medidas que incrementen el gasto corriente con carácter permanente o dispongan de los bienes municipales”. Además, “invita” a los municipios a bajar las tasas que recaen sobre los sectores productivos, como las que se cobran por Seguridad e Higiene y Alumbrado, Barrido y Limpieza (actual TSU).
Además, puntualiza que las municipalidades “deberán realizar una actualización cada tres meses de la ejecución presupuestaria” y exige practicar un informe trimestral con la cantidad de empleados en cada municipio y sus niveles salariales. En esta línea, el Régimen busca un compromiso para que los municipios no aumenten su planta de personal por encima del aumento de la población.
