VIH: el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de respuesta integral
Con 60 votos positivos y uno en contra, la iniciativa fue aprobada tras años de lucha y reclamos. Los puntos más destacados que estipula.
El Senado de la Nación convirtió en ley, después de años de lucha y reclamos también impulsados desde Mar del Plata, la nueva ley nacional de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y tuberculosis que comprende una asistencia integral e interdisciplinaria y deja atrás la anterior normativa señalada como insuficiente por su enfoque desde una respuesta exclusivamente “biomédica” y sanitaria. Entre diversos puntos, la ley prohíbe las pruebas diagnósticas en el marco de los exámenes médicos preocupacionales que condicionen el ingreso a puestos de trabajo y prevé un régimen de jubilación especial.
La votación del proyecto de ley presentado en marzo -tras haber perdido estado parlamentario en el anterior período- se produjo durante la noche de este jueves en la Cámara de Senadores, a donde llegó el expediente en mayo con media sanción de Diputados. Fueron 60 los senadores y senadoras que votaron a favor y sólo uno en contra (Humberto Schiavoni, del PRO).
Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Salud, el oficialista tucumano Pablo Yedlin, elogió la ley de VIH y la calificó como “precursora en el mundo y sobre todo en la región” al tiempo que contextualizó: “Hay 140 mil pacientes de VIH y un 17% desconoce su diagnóstico. Un 30% se diagnostica en períodos tardíos. El 65% se atiende en el sector público. Y 4500 casos se diagnostican por año y la tasa de mortalidad está en 2.8 cada 100 mil habitantes”.
Ley que incluye como punto central un respuesta integral a personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana y diferentes infecciones y también apunta a la investigación, prevención, diagnóstico, tratamiento y cura de cualquiera de las enfermedades desde una asistencia interdisciplinaria, es decir, social, legal, psicológica, médica y farmacológica.
Asimismo, incluye un mayor grado de educación y sensibilización de la población a través de la difusión de información veraz y actualizada, y apunta a reducir y eliminar el estigma, la discriminación y la criminalización que aún padecen aquellas personas con VIH, hepatitis virales, tuberculosis e ITS.
Uno de los puntos más destacados de la normativa es que busca un mayor acceso al mercado laboral, independientemente de ser un caso positivo de VIH. En ese sentido, prohíbe las pruebas diagnósticas en el marco de los exámenes médicos preocupacionales y que no se condicione el ingreso al puesto de trabajo o su permanencia en relación a casos positivos.
Por otro lado, busca que personas con VIH accedan a la jubilación al cumplir los 50 años, acreditando 20 años de aportes computables y 10 años o más del diagnóstico de la enfermedad. Además, mantiene las pensiones no contributivas para personas en situación de vulnerabilidad, cuyos salarios no superen la suma de dos salarios mínimos, vitales y móviles.
En otro de sus artículos la ley apunta a generar una mayor inclusión y garantía de los derechos con perspectiva de género ya que toda mujer o persona gestante embarazada con VIH y/o hepatitis B/C y/o con ITS tendrá derecho a recibir información sanitaria vinculada a la de su salud y la de su hijo/a, ya sea durante el embarazo como luego del parto. Asimismo, hace hincapié en la violencia obstétrica y en ese sentido estipula que el equipo de salud interviniente deberá informar a las mujeres y personas gestantes con VIH y/o hepatitis B/C y/o ITS acerca de las opciones de parto.
