Jueves 28 de marzo | Mar del Plata
13/05/2021

Violencia contra militantes de Barrios de Pie: piden informes a la Policía y la Justicia

En el Concejo Deliberante se trata un proyecto de resolución del Frente de Todos dirigido a Asuntos Internos y a la Fiscalía General en busca de respuestas por los hechos del 17 de abril.

Violencia contra militantes de Barrios de Pie: piden informes a la Policía y la Justicia
(Foto: archivo / Qué digital)

A casi un mes de los hechos de violencia denunciados por militantes de Barrios de Pie, protagonizados por efectivos del Grupo de Prevención Motorizado (GPM) de la Policía Bonaerense en la casa de una de las referentes de la organización, desde el Concejo Deliberante buscan respuestas sobre lo actuado por parte de Asuntos Internos y la Fiscalía General.

El pedido se encuentra en tratamiento en la comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante. Se trata de un proyecto de resolución presentado por el concejal del Frente de Todos Roberto Páez, en base a lo relatado y lo denunciado por el abogado de la organización, Rodrigo Blanco, y la Comisión Provincial por la Memoria. Cuestionó el uso excesivo de la fuerza de los efectivos. 

Javier volvía a su casa del barrio Las Heras el sábado 17 de abril por la tarde, minutos después de las 19. Al pasar por 190 y Mario Bravo, a poco más de una cuadra de su casa, observó motos del Grupo de Policía Motorizado (GPM) de la Bonaerense. Si bien no estaban realizando ningún operativo ni escuchó que le dieran la voz de alto, sí percibió que lo seguían. Allí comenzó todo.

Al llegar a su hogar, donde convive con la responsable local del Movimiento Barrios de Pie-Libres del Sur, Lorena Quiroga, los oficiales que los seguían ingresaron en la casa, aseguraron desde la organización, con inusitada violencia contra las personas que había allí, incluso produciendo daños materiales por los forcejeos.

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“Lo ahorcaron hasta casi asfixiarlo, provocando su desmayo, y golpearon salvajemente a su mujer, la dirigente Quiroga, y sus hijos adolescentes, que no opusieron resistencia alguna. Sin dar explicación del motivo de tal barbarie, se llevaron detenido a Aguirre y secuestraron su moto”, expuso Páez a la hora de argumentar su pedido de informes.

Tras la intervención del abogado de la organización, Rodrigo Blanco, finalmente el joven fue liberado a la 1 de la mañana, acusado de infracciones a los artículos 35 y 78 del Código Penal, es decir, de haber intentado iniciar una pelea en un lugar público y de “no observar una disposición legalmente tomada por una autoridad”. Entretanto, el informe médico constató eritema y equimosis alrededor del cuello del detenido..

Además, a partir del relato de Blanco, Páez expone que no fue el único hecho de violencia protagonizado por el GPM esa misma noche, sino que otras dos personas “refirieron haber sido golpeadas por efectivos policiales sin más motivo que estar circulando por la vía pública”, aunque por esos hechos, al menos en principio, no se tiene conocimiento de una denuncia formal al respecto.

Frente a esta situación, Páez bregó por una policía “empeñada en al consecución de una sociedad respetuosa de los derechos humanos” y que, más allá de sus facultades, el comportamiento de los oficiales debe enmarcarse en “el respeto a los principios básicos contenidos en nuestra Constitución Nacional” e hizo foco en la inviolabilidad del domicilio.

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En ese sentido, también refirió a la existencia de “un ejercicio no profesional de los poderes especiales que la sociedad les ha conferido”, al menos por parte de algunos efectivos. “Los habitantes de cualquier punto de la Argentina y en este caso los de Mar del Plata tienen derechos que le impiden a la fuerza cometer actos ilícitos violando no solo la Constitución Nacional sino las normas de procedimiento policial“, agregó en otro tramo.

Uno de los principales puntos que aborda el concejal tiene que ver con que, más allá de los espacios librados a la interpretación de las autoridades de seguridad y judiciales en torno al uso excesivo de la fuerza, su uso “debe limitarse al mínimo indispensable” con el objetivo de hacer cumplir la ley y que dicho criterio, en virtud de lo denunciado por la organización, “no pareciera haberse ejecutado en la intervención denunciada“.

Por el momento, el proyecto de resolución elevado por Páez permanece en la comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Oportunidades y Discapacidad, a la espera de también pasar por la comisión de Seguridad.

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13/05/2021