Viviendas sociales: 9 años sin asignaciones y un cupo para víctimas de violencia de género
El Concejo aprobó una ordenanza para que el Municipio garantice el 15% de las adjudicaciones. Desde la oposición advirtieron que las últimas fueron entregadas en 2012.
El desarrollo de una política municipal de viviendas sociales ante el déficit habitacional que impacta en un grupo de la población de Mar del Plata suele ser uno de los reclamos que reiteran ante cada protesta las diversas organizaciones sociales. Y en la última sesión del Concejo Deliberante quedó expuesto que el gobierno municipal realizó las últimas adjudicaciones en 2012. Nueve años después, se aprobó una ordenanza que establece un cupo de entrega del 15% para víctimas de violencia de género. La oposición reclamó la ejecución de una política pública municipal de vivienda y el oficialismo consideró la aprobación del expediente como un “primer paso”.
El proyecto de ordenanza aprobado en la sesión del Concejo Deliberante de esta semana fue elevado por el gobierno de Guillermo Montenegro en julio como respuesta ante una iniciativa generada por una cooperativa de constructoras.
El expediente convertido en ordenanza por unanimidad fija que el Ejecutivo municipal “establecerá un cupo no inferior al 15% destinado a quienes se encuentren transitando situaciones de violencia de género, y especialmente a quienes tengan personas a cargo, en las adjudicaciones de viviendas correspondientes a los planes habitacionales que ejecute o en los que intervenga la Comuna”.
Puntualmente, la ordenanza refiere que el cupo debe cumplirse sobre la base de la totalidad de viviendas adjudicadas anualmente y plantea que el gobierno debe emplear el “Registro Habitacional Único y Permanente” a cargo de la Dirección Social de Vivienda para el registro de las situaciones que encuadren en casos de víctimas de violencia de género para ser beneficiarias en planes de vivienda.
Pero la aprobación del expediente trajo una advertencia para nada menor por parte del Frente de Todos. La concejala Sol De la Torre expuso que durante el tratamiento en la comisión de Políticas de Género habían pasado funcionarios de la Secretaría de Obras que dieron cuenta de la falta de impulso de una política municipal para la puesta en marcha de programas de viviendas sociales.
“El Municipio no tiene un plan de viviendas municipal desde 1997, que implicaba construir 1500 en Don Emilio”, detalló De la Torre al hacer referencia a lo revelado por una de las funcionarias de carrera de la Municipalidad e incluso detalló que de esas proyectadas sólo fueron terminadas 147.
También, la concejala remarcó que el Municipio tiene la posibilidad de asignar viviendas que se construyen a través de programas impulsados por la Provincia y la Nación, y remarcó que el Estado municipal las últimas que entregó fue en el año 2012. “El Municipio no tiene una política de hábitat que tenga que ver con una mejor forma de vida de las y los marplatenses”, cuestionó.
Y remarcó: “Hoy votamos el cupo pero mucho mejor sería que en el presupuesto que vamos a discutir muy pronto podamos encontrarnos con una partida específica en la cual el Municipio eso que declara con cupos también lo pueda acompañar con políticas y gestiones efectivas”.
A su turno, la concejala radical Marianela Romero se hizo eco de esa situación, consideró este expediente como un “un inicio” y el “principio de un trabajo que necesita de mucho más recursos y trabajo coordinado del Municipio con la Provincia y la Nación”. Y deslizó sus críticas hacia el gobierno provincial al reparar que en su Presupuesto 2022 se prevén construir 3662 viviendas a través del Fondo de Infraestructura Municipal, aunque General Pueyrredon no está incluido inicialmente.
