Luna Roja: finalizó la investigación y se espera la resolución judicial por la contaminación
El fiscal Pablo Cistoldi cerró la instrucción y buscará una “solución alternativa” para la causa en la que está imputado el exadministrador del complejo de cabañas.
La investigación penal en torno a la contaminación del balneario Luna Roja, perpetrada por la firma EJC S.A., administradora del complejo de cabañas construido a metros del Arroyo Lobería y desde el cual se vertieron efluentes cloacales, fue cerrada por la fiscalía en los últimos días y ahora se espera una resolución de la Justicia en torno al caso. Buscarán una “solución alternativa” en las próximas semanas.
A partir de la denuncia de la asamblea vecinal Luna Roja, en enero de 2020 se llevó adelante una inspección policial que derivó en la primera de las clausuras del balneario ubicado en la zona de Chapadmalal y en la toma de pruebas claves en el marco de una causa por contaminación iniciada por la Fiscalía N°11 a cargo de Pablo Cistoldi.
El balneario, ubicado en el kilómetro 542 de la Ruta 11, debió afrontar multas por los desagües clandestinos y Horacio Ipucha, su exadministrador -tras el escándalo, cambió la conducción del balneario- debió presentarse a declarar ante Cistoldi.
Ipucha es quien se encuentra imputado por la Justicia, acusado por los delitos de contaminación de aguas y daño ambiental sobre el Arroyo Lobería.
Al imputarlo, el fiscal consideró que en plena temporada alta y en fin de semana, el empresario prefirió priorizar “ilícitamente la finalidad de lucro del emprendimiento” y que “optó por contaminar las aguas que desembocan en la playa generando riesgo para la salud y afectando ese entorno”.
A dos años y medio de iniciada la causa, el fiscal definió que la investigación llegó a su fin, por lo que cerró la etapa de instrucción y días atrás se conoció su resolución, en la que se propone en el término de 15 días “mantener contacto con las partes a fin de que se expidan acerca de la posibilidad de arribar a soluciones alternativas“.
Efectivos policiales durante la primera clausura, en enero de 2020. (Foto: archivo / Asamblea Luna Roja)
Cabe recordar que un año después de esa primera clausura, el balneario volvió a abrir en el marco de la concesión vigente de la Unidad Turística Fiscal Playa Bonita que está a cargo de la firma EJC S.A, pero con nuevos administradores.
Desde entonces, tras recibir multas por parte de la Municipalidad por las irregularidades halladas, recibieron la habilitación para volver a funcionar con la implementación de un nuevo sistema séptico, con el cual sus directivos aseguraban que estaba “todo regularizado y saneado“.
Sin embargo, el pasado 25 de octubre, el balneario fue clausurado nuevamente de forma preventiva luego de que la Municipalidad entendiera que “se encuentra en riesgo la salubridad pública” ante un nuevo vertido de efluentes cloacales denunciado por la asamblea, desmentido por el concesionario y evidenciado en nuevos informes realizados, entre ellos un estudio particular llevado adelante por la asamblea en un laboratorio privado que arrojó exceso de materia fecal en muestras de agua y arena tomadas en el lugar tras el vertido.
