Madaho’s: procesaron al excamarista Jorge Ferro y a dos abogados por corrupción
Está acusado por nueve hechos de incumplimiento de deberes de funcionario público, entre ellos por tener vínculo y asesorar a un abogado investigado en la causa por el prostíbulo VIP.
Luego del acuerdo por penas menores en la causa principal por trata de personas, y mientras se esperan avances en la causa que investiga lavado de dinero, una tercera causa vinculada a Madaho’s tuvo avances esta semana en la Justicia Federal con el procesamiento del exintegrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Jorge Ferro, quien está acusado por hechos de corrupción en torno a la causa que investigaba el prostíbulo VIP. En el marco de la causa también procesaron a Alejandro Ferrarello, ex asesor jurídico y administrador del prostíbulo, y a la abogada María Mercedes Hernández Morhaín por posible tráfico de influencias.
Una de las principales acusaciones contra Ferro se centra en el vínculo directo que tenía con Ferrarello, quien finalmente fue absuelto en la causa por trata de personas en torno al prostíbulo VIP en la que el magistrado tuvo intervención, aunque continúa la investigación por lavado de dinero. Pero además, el presunto tráfico de influencias entre el excamarista e integrantes del estudio jurídico del letrado habría trascendido el caso Madaho’s al punto que se acusa al magistrado de al menos nueve hechos de incumplimiento de deberes de funcionario público.
A partir de un allanamiento en el estudio jurídico de Ferrarello por la causa Madaho’s, se peritaron celulares y un disco rígido que permitió avanzar en la denuncia contra el por entonces camarista de Mar del Plata por sus vínculos con uno de los responsables del prostíbulo.
Tal es así que fueron presentadas denuncias en el fuero penal y también en el Consejo de la Magistratura. Tras haber dejado su cargo, solo la investigación penal avanzó y permitió al juez federal Santiago Martín procesarlo por posible incumplimiento de deberes de funcionario público en nueve hechos en los que también se incrimina a otros dos abogados vinculados a él, Ferrarello y María Mercedes Hernández Morhaín, por presunto tráfico de influencias.
La investigación estuvo a cargo de la titular de la Fiscalía Federal N°1, Laura Mazzaferri, quien inició las actuaciones en 2016 a partir de la denuncia formalizada por los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, y también de la Procuradoría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de María Laura Roteta y (en ese entonces) Gabriel Pérez Barberá, junto al fiscal a cargo de la investigación principal de Madaho’s, Nicolás Czizik.
En ella, fue clave el peritaje de correos electrónicos y llamadas telefónicas intercambiadas entre Ferrarello y Ferro para sospechar que “existía algún vínculo personal y/o profesional” entre ambos, según reza la presentación citada por el sitio Fiscales.gob.ar.
La hipótesis de los investigadores radica en que justamente Ferrarello se habría “aprovechado” de esa relación con el camarista para “ejercer una influencia indebida” sobre el magistrado, quien además habría accedido a ella.
El pedido de declaración indagatoria elaborado por Mazzaferri y los actuales fiscales de al Procelac, Mario Villar y Roteta, señala que existiría una “mutua cooperación” entre ambos vinculada a asesoramiento y colaboración del camarista con los asuntos del estudio jurídico que dirigía Ferrarello incluso antes de recibirse de abogado, accediendo por ejemplo a pedidos de información sobre los expedientes que tramitaba.
Ferro, en el centro de la imagen. (Foto: archivo / Qué digital)
En ese marco, se desprende de la investigación que el exmagistrado “habría adoptado decisiones favorables a los intereses de Ferrarello y de los abogados que conformaban su estudio”, y además no se excusó de la causa de Madaho’s en la que estaba siendo investigado el letrado con el que mantenía vínculos.
Actualmente, la causa que continúa su curso en torno al prostíbulo Madaho’s es la que investiga el posible lavado de dinero durante y luego de la explotación sexual de mujeres en el inmueble, con sumas que ascienden como mínimo a más de 16,6 millones de pesos.
Entre los diez procesados de la causa que investiga el armado de una contabilidad que encubriera los ingresos de origen ilícito que percibía la firma ROLAFA SRL, se encuentra el encargado del asesoramiento jurídico y fiduciario del inmueble, el propio Ferrarello.
UN VÍNCULO DE “ÍNTIMA AMISTAD Y FAMILIARIDAD”
A partir del peritaje de las comunicaciones entre ambos, el Ministerio Público Fiscal pudo acreditar en un caso, que el juez habría brindado asesoramiento jurídico ante la solicitud de Ferrarello, anticipando incluso los proyectos de sus votos, con el agravante de haberlo realizado con causas en pleno trámite.
Otro de los supuestos que fundamentan el procesamiento indica que los dos abogados -Ferrarello y Morhaín- habrían buscado influenciar en la toma de decisiones de Ferro en la Cámara en función de sus intereses particulares, por los cuales, el juez habría perdido “todo viso de imparcialidad y objetividad”, según manifiesta el juez federal Martín.
Entre los hechos en cuestión, además de haber tenido un vínculo directo al punto de “planear en conjunto la estrategia” en torno a un caso de divorcio, el más resonante por la cantidad de acusaciones que nuclea está vinculado a la causa por trata de personas y lavado de dinero en Madaho’s.
En la causa en torno al prostíbulo VIP, Ferrarello era investigado y Ferro formaba parte de los camaristas intervinientes, a pesar de la relación de “íntima amistad y familiaridad en lo personal, profesional y económico” por la cual el magistrado debía haberse apartado según interpretó el juez federal Santiago Martín. Sin embargo, no solo continuó vinculado a la causa sino que para el juez interviniente, Ferro adoptó posiciones dirigidas a favorecer la situación de Ferrarello.
Así, entre las conductas que nutren la acusación, se encuentra el voto de Ferro a favor de anular toda la causa de Madaho’s, en disidencia al resto de los integrantes de la Cámara. También el haber intervenido en el incidente de devolución de los telefónicos secuestrados al estudio jurídico e incluso propuso apartar al juez de primera instancia que intervenía en la causa, aunque no prosperó por la negativa de sus pares.
“El magistrado infringió los deberes a su cargo, de los que tenía cabal conocimiento al prestar juramento en su función primero como juez federal de primera instancia, y luego como camarista federal, atentando contra la independencia e imparcialidad a las que estaba obligado”, definió el juez Martón.
Otra de las cuestiones que está acreditada según el juez es que Ferro ofreció asesoramiento jurídico a Ferrarello, otra de las conductas con las que omitió cumplir con las obligaciones de su cargo.
