Jueves 25 de abril | Mar del Plata
26/09/2019

No hubo quórum y siguen sin definir el inicio del jury contra Fernández Garello

Por ausencia de legisladores, suspendieron la sesión del jurado que iba a definir si se iniciaba el juicio político contra el fiscal general de Mar del Plata, acusado de delitos de lesa humanidad.

No hubo quórum y siguen sin definir el inicio del jury contra Fernández Garello
(Foto: archivo / Qué digital)

Por ausencia de legisladores y falta de quórum, se suspendió la sesión del Jurado de Enjuiciamiento que iba a definir este jueves por la tarde en La Plata si se iniciaba el jury contra el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, actualmente procesado por delitos de lesa humanidad. Malestar de organizaciones sociales y de derechos humanos que esperaban una definición en las inmediaciones del lugar. La audiencia, por el momento, fue postergada sin fecha programada.

En 2017, la audiencia preparatoria había decidido archivar la solicitud de juicio político aunque, desde aquel momento a esta parte, la Justicia federal de San Martín decidió procesarlo por los secuestros y torturas de militantes comunistas perpetrados por la Policía Bonaerense del partido de San Martín, ocurridos en 1981, año en que Garello oficiaba en la Dirección de Inteligencia.

A partir de ese momento, los pedidos de organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas del terrorismo de estado reimpulsaron los reclamos por el juicio político contra el funcionario con movilizaciones a La Plata: exigieron que se desarchive el jury en su contra y habían logrado la convocatoria del Jurado de Enjuiciamiento, aunque finalmente no sesionó.

El Jurado de Enjuiciamiento es un organismo judicial provincial integrado por legisladores, magistrados y abogados, el cual debía resolver si abría o no el jury contra el fiscal, que en caso de enfrentar un juicio político puede ser apartado del cargo.

Fernández Garello está procesado por el Juzgado Federal de San Martín, acusado de haber participado en los secuestros y torturas de Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Ramón Duarte y José Rolando Seitor, militantes del Partido Comunista. Los hechos se produjeron cuando el fiscal general se desempeñaba como agente en la seccional San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba).

La medida fue dispuesta por la jueza Alicia Vence, sin dictar la prisión preventiva, en el marco de las denuncias impulsadas por la Comisión Provincial por la Memoria, el organismo que mantiene el resguardo de los archivos de la Dippba y que lo denunció en 2016. La acusación se centra en los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos respecto a los hechos ocurridos entre el 23 y el 24 de julio de 1981.

La CPM, además, continúa presentando pruebas contra el fiscal en otros casos de desapariciones. Este año denunciaron su supuesta participación en otros dos hechos: el secuestro y la desaparición de Mario Ramírez Medina, ciudadano paraguayo caído en manos de la Policía Bonaerense el 9 de febrero de 1979 en su casa de Villa Pineral, cuyo caso además fue documentado por la Conadep. También por la supuesta coordinación y ejecución de tareas de espionaje e infiltración contra una familia de ciudadanos chilenos, caso que el propio fiscal mencionó en diálogo con Qué digital.

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26/09/2019