Petroleras: Equinor, YPF y el gobierno elevaron más información a la Cámara
A tres meses de dictada la cautelar que puso un freno al proyecto oficial, la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata tiene pendiente su resolución.
A tres meses de dictada la medida cautelar que frenó la vigencia de la resolución del Ministerio de Ambiente de la Nación que aprobó las tareas de exploración sísmica para la búsqueda y posterior extracción petrolera a unos 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, el gobierno nacional y las empresas Equinor e YPF -asociadas para llevar adelante el proyecto también junto con Shell– presentaron nueva información y documentación ante la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad que todavía tiene pendiente resolver si confirma o anula la cautelar dictada en febrero por el Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata.
La documentación fue presentada en la última semana por tres de los actores que forman parte del proceso judicial iniciado a partir de la acumulación de cuatro amparos formalizados contra el desarrollo de la exploración sísmica como paso previo a actividad petrolera y desde el gobierno nacional plantearon que al tratarse de un proceso colectivo ambiental “impera la amplitud de debate y prueba y la dilucidación de la verdad objetiva”.
Así, tanto del Ministerio de Ambiente como desde Equinor e YPF presentaron documentación y argumentos en favor del proyecto que van desde cómo debe analizarse y entenderse un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental hasta respaldar la “idoneidad de Equinor para llevar a cabo” las tareas además de destacar “los grandes impactos positivos” que supone el proyecto de expansión petrolera offshore hacia la costa bonaerense, mientras, por otro lado, se mantienen fuertes cuestionamientos y rechazos por el impacto ambiental del proyecto.
EQUINOR
Inicialmente, la presentación de Equinor se centró en sumar mayor información respecto a sus antecedentes técnicos en proyectos de exploración sísmica similares al que se pretenden de llevar adelante a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata y Bahía Blanca, y así destaca que la firma es “uno de los operadores de petróleo y gas mar adentro más experimentados del mundo con más de 40 años de experiencia internacional y uno de los mayores productores de energía eólica en alta mar”.
También reseña que la empresa -con sede central en Noruega- “tiene una amplia experiencia en operaciones sísmicas aguas afuera en Noruega y a nivel mundial” y repara en que desde 2005 ha adquirido más de media docena de relevamientos sísmicos en América del Sur, particularmente en alta mar en Brasil, Nicaragua y Surinam.
“En los lugares donde opera, siempre se enfoca en la salud, seguridad y medio ambiente, así como en la coexistencia con otras industrias o partes interesadas afectadas por sus operaciones, como la pesca y las comunidades locales”, afirma el escrito elevado ante la Justicia marplatense y también puntualiza que a nivel internacional “se han efectuado estudios” de este tipo “en la cercanía de numerosos centros turísticos como Mar del Plata” como Golfo de México, Brasil, Escocia, Noruega, Israel, Nigeria y Qatar, entre otros.
Concretamente sobre la tarea a realizar en este caso -estudiar las cuencas del sudeste bonaerense con el método de la exploración sísmica (bombardeo sonoro del lecho) para verificar la presencia de hidrocarburos- afirma que la empresa “utilizará tecnología de punta, en consonancia con los mejores estándares y práctica internacionales”. De esta manera, enumera que utilizará una fuente sísmica de energía de aire comprimido que “es la más comúnmente utilizada en exploraciones marinas, la cual desde los años 70 ha resultado el sistema más empleado en la industria” y un buque sísmico que “cumple con todos los requisitos”, entre otros puntos.
YPF
Por su parte, la información agregada por la empresa público-privada YPF se centra en lo que define como “grandes impactos positivos” que tendría el desarrollo del proyecto, primero en su etapa de exploración sísmica a cargo de Equinor y luego sí con la extracción petrolera mediante plataformas.
“La información acompañada es fundamental a la hora de resolver los recursos de apelación por cuanto remarca el interés público que justifica la realización del proyecto que se vería perjudicado en caso de mantenerse la suspensión”, sostiene uno de los escritos de YPF.
Así, uno de los documentos elevados por la firma sostiene que el offshore representa a nivel global aproximadamente el 30% de la producción mundial de hidrocarburos, plantea que el mar argentino representa “una de las fronteras exploratorias más extensas del mundo” y habla de un “potencial de decenas de billones de barriles de petróleo por investigar, lo que supone volúmenes recuperables por descubrir del orden de magnitud de Vaca Muerta”.
Desde YPF también argumentan que el proyecto puede transformarse en una “bisagra para el desarrollo del país” y reparan en la “generación de actividad y empleo a nivel local, tanto en la ciudad de Mar del Plata y alrededores, como en la industria naviera y metalmecánica de la Provincia de Buenos Aires” así como también lo valoran como una “ventana de oportunidad para la exploración y desarrollo de los recursos de la plataforma continental argentina en el marco de la transición energética actual”.
También la empresa hace una retrospectiva histórica y relata que la Plataforma Continental Argentina “es una de las menos exploradas del mundo”, señala que a lo largo del tiempo se perforaron 187 pozos (36 son productivos), repara en que todos los productivos pertenecen a la Cuenca Austral y puntualiza que son pozos “en aguas someras (menos de 100 metros de profundidad)”.
GOBIERNO NACIONAL
Por otro lado, en su nueva presentación, desde el gobierno nacional elevaron un documento confeccionado por la Dirección Nacional de Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que, concretamente, puntualiza las principales características de una Evaluación de Impacto Ambiental en general y del proceso particular que llevó al dictado de la cuestionada resolución que el 30 de diciembre pasado aprobó el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta que es uno de los principales puntos de discusión en los amparos y que llevó a la medida cautelar que suspendió la actividad.
De esta manera, el Ministerio que conduce Juan Cabandié sostiene que el procedimiento “ha cumplido acabadamente con la instancia de participación ciudadana” y en relación al argumento sostenido por el fiscal general Daniel Adler a la hora dictaminar que se mantenga la cautelar respecto a que no se cumplió con lo normado en el “Acuerdo de Escazú” en lo que hace a la “participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales”, defiende: “El Acuerdo de Escazú se encontraba vigente al momento de realización de la audiencia pública, pero fue ratificado con posterioridad al inicio del procedimiento de evaluación ambiental del proyecto, por lo cual las exigencias que surgen de su mandato se encuentran en proceso de implementación gradual y progresiva, atendiendo al principio de no regresión y al principio de progresividad”.
