8M: protesta en la Casita Azul por la “desidia de los gobernantes”

La organización Votamos Luchar se manifiesta en el inmueble que todavía espera que se concrete la expropiación para convertirlo en un centro de memoria y lucha contra la trata de personas.

Teniendo en cuenta que en abril de 2019 la ley provincial que dispuso la expropiación de la Casita Azul –el histórico prostíbulo de Mar del Plata ubicado en 20 de Septiembre 57 que fue clausurado hace años- puede caer en abstracto a partir de la falta de avances del Estado bonaerense en el trámite que implica el pago a sus propietarios y para ello la realización de una nueva tasación del inmueble, la organización social Votamos Luchar se manifiesta en el lugar en el marco de las acciones programas por el Día de la Mujer.

“Denunciamos las nefastas políticas en lo que refiere a violencia de género. Este espacio, que fue parte de una red de trata, en connivencia con el Estado y la policía, desde 2010 que está abandonado, cuando cantidad de mujeres en estado de vulnerabilidad requieren de refugios y hogares ante una violencia de género que crece en cifras alarmantes”, plantearon desde Votamos Luchar al iniciar la protesta en el inmueble.

En este sentido, desde la organización consideraron que el caso de la Casita Azul “es un ejemplo de la desidia que los gobernantes a distintos niveles mantienen hacia los verdaderos problemas de las mujeres trabajadoras”.

En este marco, exigieron “que se ponga el espacio en condiciones para dar albergue urgente a las mujeres en situación de riesgo” y a nivel municipal reclamaron la “continuidad y aumento de las becas de vulnerabilidad” y la “contratación efectiva de profesionales para asistir la larga lista de espera para atención psicológica de mujeres en estado de riesgo”, en referencia que atraviesa la Dirección de Políticas de Género.

EL CAMINO DE UNA EXPROPIACIÓN A MEDIAS

El proyecto para expropiar la Casita Azul fue presentado por los diputados marplatenses Pablo Farías (GEN) y Fernanda Raverta (Frente para la Victoria) con el impulso de la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas. Fue elevado tras distintos debates promovidos desde el 2009 por una serie de denuncias presentadas por distintas organizaciones sociales que motivaron allanamientos en el lugar, en los que se encontró a una veintena de mujeres dominicanas y paraguayas que eran traídas a Mar del Plata a través de engaños para ser prostituidas. En 2010, el lugar quedó clausurado definitivamente.

La causa judicial llegó a un juicio abreviado en el 2012. El Tribunal Oral Federal decidió condenar a cuatro años de prisión a Graciela del Valle Carabajal, Eduardo Adolfo Muelas y Marcelo Luciano Muelas, por “trata de personas agravada, explotación económica de la prostitución y administración de casa de prostitución”.

Con el tiempo, el proyecto de expropiación avanzó en la Legislatura bonaerense, en abril del 2014 se convirtió en ley y luego fue promulgada por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, por entonces a cargo de Daniel Scioli. Sin embargo, uno de los puntos más sobresalientes del proyecto implicaba que “el bien junto a sus instalaciones serán transferidos al dominio de la Municipalidad de General Pueyrredon, para ser afectados al funcionamiento del Centro Marplatense de la Memoria y lucha contra el delito de trata de personas”.

Ese punto no avanzó ni en el gobierno anterior ni en el actual. Es que para que el Municipio tome posesión del inmueble, primero la Provincia debe hacerse cargo del pago de un dinero a los antiguos dueños, el cual estaría afectado por las deudas que presentaba la propiedad.

En octubre de 2015, el lugar fue tomado por una familia, y luego de haberlos retirado se sucedieron numerosos pedidos de informes legislativos tanto a nivel local como provincial con el objetivo de que avance el trámite de la reclamada expropiación. Incluso durante la última campaña electoral local candidatos a concejales debatieron en la vereda del inmueble acerca de la acciones a realizar respecto a la trata de personas.

Lo cierto es que el actual estado de abandono del lugar significa un problema para el barrio donde se emplaza, dado que está en pésimas condiciones sanitarias. Además, a fines de 2017, ante el intento de venta por parte de una inmobiliaria local, la Mesa llevó adelante una acción frente al inmueble en la que se colocó un letrero que aclara que el lugar “no se vende”.