Aborto: una caravana en Mar del Plata para pedir “un debate a la altura de la historia”
Las acciones en simultáneo se realizan en todo el país, luego de la elevación por parte del Ejecutivo del proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo.
Luego de que este martes el gobierno nacional presentara su proyecto para legalizar el aborto en Argentina, este miércoles en todo el país -y en Mar del Plata también- la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito organizó caravanas, bicicleteadas e intervenciones con el objetivo de exigir “un debate parlamentario, social y mediático a la altura de la historia”. En la ciudad, el punto de encuentro fue el Monumento a San Martín, en Luro y Mitre.
Las acciones federales fueron convocadas por la Campaña, desde donde saludaron la presentación del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embrazo (IVE), redactado por el Poder Ejecutivo y presentado este martes. Ahora, buscan que el tratamiento legislativo -tanto de este proyecto como del que fuera elevado por la propia Campaña en mayo de este año– avance en tiempo y forma en el Congreso de la Nación, para así “saldar una deuda de la democracia con mujeres, lesbianas, bisexuales, varones trans y personas no binaries“.
“Exigimos el reconocimiento del Estado de nuestro derecho al aborto y que sea en 2020“, señalaron en la convocatoria de esta jornada de acción federal, que se realizó en simultáneo en medio centenar de ciudades de todo el país, con caravanas, pañuelazos, bicicleteadas e intervenciones. En el caso de Mar del Plata, las acciones se centralizaron a partir de las 18 en el Monumento a San Martín, en Luro y Mitre.
Con los pañuelos verdes -símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres- al sol, además de banderas, pancartas y mucho glitter un nutrido grupo de mujeres e integrantes de colectivos disidentes se congregaron este miércoles en el centro de Mar del Plata en una caravana para pedir el tratamiento del proyecto que busca legalizar el aborto en Argentina.
“Exigimos un debate parlamentario, social y mediático a la altura de la historia de nuestro activismo por el derecho al aborto: un tratamiento expeditivo en el Congreso, sin lugar para la desinformación, mensajes de odio y expresiones antidemocráticas en los medios y en las redes”, señalaron desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito en el marco de la jornada de lucha, que en Mar del Plata tiñó de verde el centro de la ciudad.
Y en esa misma línea, consideraron que “es urgente y prioritario que se sancione la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo para saldar una deuda de la democracia con mujeres, lesbianas, bisexuales, varones trans y personas no binaries“. “Es una cuestión de salud pública, justicia social y derechos humanos. ¡Es ahora!”, completaron en la convocatoria.
¿QUÉ DICE EL PROYECTO PRESENTADO POR EL EJECUTIVO?
El proyecto presentado esta semana por el Ejecutivo establece en sus artículos la posibilidad de decidir interrumpir el embarazo en los términos planteados por la ley, que la interrupción como el derecho a recibir atención post aborto transcurra a instancias del sistema de salud pública, y la prevención de los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces.
Entre otros aspectos, la norma establece en su artículo 4° que el acceso libre y gratuito a la interrupción voluntaria del embarazo abarca a los casos de personas que decidan hacerlo hasta la semana catorce inclusive del proceso gestacional. Por fuera de ese plazo, la ley contempla únicamente los casos de interrupción legal: si el embarazo fuera resultado de una violación, si se tratara de una niña de menos de 13 años, o si estuviera en peligro la vida de la persona gestante.
Además, en el artículo 5° la norma impone los plazos en los que el sistema de salud debe cumplir con el requerimiento de la persona para acceder a un aborto: como máximo debe responderse a su pedido en un plazo de diez días y la asistencia, además, debe contemplar por parte del personal de salud las condiciones óptimas que hacen al trato digno, la privacidad de la misma y el respeto a la confidencialidad. Asimismo, se debe respetar la decisión de la paciente, proveer la información necesaria y las condiciones sanitarias de calidad.
Otro de los puntos clave se encuentra en el artículo 10° y tiene que ver con la objeción de conciencia del personal de salud. En él se establece que el profesional que no quiera practicar la interrupción del embarazo podrá derivarlo a otro profesional, pero en los términos correctos enunciados por la ley y siempre que la vida de la persona solicitante no esté en riesgo. La objeción de conciencia, en cambio, no podrá ser replicada en la atención post aborto.
Por otro lado, el artículo 13° del proyecto establece las modificaciones del Código Penal en busca de la despenalización de la práctica. Así, propone que el artículo 85 del Código Penal pase a penar con prisión de 3 a 10 años (con posibilidad de elevarse a 15 años si es seguido de muerte) a quienes practiquen un aborto sin consentimiento; y con 3 meses a un año a quienes practiquen un aborto luego de las 14 semanas de gestación y por fuera de las normativas vigentes en este proyecto de ley.
A su vez, en lo legal también se incorpora el artículo 85 bis en el Código Penal para penalizar con de tres meses a un año de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo al funcionario, autoridad o profesional de salud que dilate, obstaculice o niegue un aborto voluntario legal.
