Aborto: reclaman a Montenegro que garantice el acceso en los centros de salud
Desde la Campaña por el Derecho al Aborto se manifestaron en la Municipalidad contra la resolución de la Secretaría de Salud que estableció limitaciones en la atención.
Pasadas algunas semanas de emitida una resolución de la Secretaría de Salud municipal que estableció limitaciones en torno al acceso al derecho al aborto voluntario y legal en guardias de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Mar del Plata y Batán, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito llevaron adelante este viernes una concentración y protesta frente a la Municipalidad para reclamar respuestas del intendente Guillermo Montenegro y que se dé marcha atrás con la medida.
“El aborto es un derecho, nadie te lo debe impedir“, fue la consigna fijada en la protesta que apuntó a buscar respuestas del intendente Montenegro ya que desde la Campaña expusieron que ello no ocurrió de parte de la Secretaría de Salud que conduce Viviana Bernabei.
“El 5 de octubre la Secretaría de Salud elevó una nota a todos los CAPS prohibiendo cualquier práctica relacionada con la interrupción voluntaria (IVE) o interrupción legal (ILE) del embarazo. Frente a esa nota elevamos un repudio, también Zona Sanitaria se expresó con preocupación por la negación de este derecho y no hemos tenido ningún tipo de respuesta”, resumió Roxana Lefayt, integrante de la Campaña, en diálogo con radio De la Azotea (88.7).
En ese sentido, adelantó que presentará una nueva nota dirigida a Montenegro con el objetivo de “esperar algún tipo de respuesta“.
El conflicto se inició hace algunas semanas cuando se dio a conocer una resolución firmada por altas funcionarias de la Secretaría de Salud en la que se respondía a solicitudes de trabajadores de la División Clínica Médica para poder atender a demandas en torno a la interrupción voluntaria (IVE) o interrupción legal (ILE) del embarazo desde las guardias. Allí, además de la negativa a atenderlo, indicaban que solo podían limitarse a derivar pacientes al Programa de Salud Sexual y Reproductiva a cargo de la División de la Mujer.
Ante esta medida, surgió el rechazo de la “Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir”, un pedido de informes en el Concejo Deliberante por parte el bloque del Frente de Todos y también un cuestionamiento directo de otro de los principales efectores sanitarios de la ciudad como la Región Sanitaria VIII. Así, desde la dependencia provincial criticaron la medida, la calificaron como “ilegal” e hicieron foco en las sanciones a las que se exponen los profesionales. También pidieron informes y ofrecieron capacitaciones del personal a cargo.
