Abuelas, en contra de la posible designación de Hooft como juez
El hijo del magistrado provincial fue ternado para encabezar el Juzgado Federal N°1. Para Abuelas de Plaza de Mayo su eventual nombramiento sería “un claro retroceso en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”.
El Juzgado Federal N°1 de Mar del Plata se encuentra vacante hace años, y en el proceso de selección de candidatos para ocupar el cargo, el Consejo de la Magistratura avanzó en las últimas semanas en la aprobación de una terna para ser remitida al Poder Ejecutivo Nacional en la cual se encuentra Federico Hooft, hijo del juez provincial Pedro Hooft que años atrás fue denunciado por presunta participación en delitos de lesa humanidad.Desde Abuelas de Plaza de Mayo se mostraron en contra de su posible designación -teniendo en cuenta el rol de abogado de su padre que llevó adelante- ya que advirtieron que en caso de concretarse, su nombramiento representaría “un claro retroceso en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”.
La presentación de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo se había concretado en la previa de que el Consejo de la Magistratura finalmente aprobara la terna para elevar al Ejecutivo nacional, en la que se encuentran como candidatos a ocupar el Juzgado Federal N°1 de Mar del Plata, además de Federico Hooft, Roberto José Boico y Julio Gonzalo Miranda.
Actualmente, Federico Hooft es secretario del Juzgado Federal N°3 y fue el abogado de su padre durante el proceso en el que fue acusado por delitos de lesa humanidad, concretamente centrado en su participación en la “Noche de las Corbatas”, por el cual fue sometido a un jury de enjuiciamiento en 2014, resultó absuelto, y finalmente a principios de este año la Corte Suprema dejó firme el fallo absolutorio. Justamente, el rol jugado por Federico Hooft en todo ese polémico proceso es el señalado y advertido desde Abuelas de Plaza Mayo.
“Como es de público conocimiento, en el Juzgado Federal N°1 de Mar del Plata -que actualmente es subrogado por Santiago Inchausti- tramitan en la actualidad numerosas causas donde se investigan crímenes ocurridos durante la última dictadura militar y donde, además, tramitan causas en las que se investigan posibles casos de apropiación de niños, donde Abuelas de Plaza de Mayo actúa como querellante”, se puntualizó en la presentación realizada ante el Consejo de la Magistratura con la firma de la titular de Abuelas, Estela de Carlotto.
En ese sentido, desde Abuelas entendieron que “si bien cae de maduro que, ante la eventualidad de que el doctor Hooft resulte nombrado en el cargo, éste debería excusarse de intervenir en las causas antedichas, su eventual designación causaría además un grave impacto en la organización del Juzgado Federal N°1 de Mar del Plata”.
Es en este marco que desde Abuelas reseñaron “la defensa activa que Hooft ha realizado en el marco de la investigación llevada a cabo contra su padre por los homicidios agravados por ensañamiento y alevosía de los abogados Roberto Centeno y Jorge Candeloro, secuestrados, torturados y asesinados durante la denominada ‘Noche de las Corbatas’ durante el terrorismo de Estado”.
Y en esa misma línea, recordaron uno de los aspectos más polémicos que incluyó el proceso: “En esta defensa activa, Hooft no dudó en grabar clandestinamente al doctor Kishimoto, fiscal subrogante del caso, induciéndolo a afirmar lo que el propio Hooft quería escuchar para luego utilizar esta grabación espuria en la formulación de una denuncia penal contra los acusadores públicos y privados que intervienen en las causas por los delitos de lesa humanidad cometidos en la jurisdicción”.
Tras la presentación de los argumentos contra la integración de la terna, desde Abuelas remarcaron que la impugnación “no se dirige” contra él “por los crímenes que había cometido su padre” sino “por la defensa temeraria y activa en pos de la impunidad de graves crímenes realizados durante el terrorismo de estado, y la persecución contra quienes los investigan”.
Asimismo, mostraron su preocupación ante la posibilidad de “que desde el cargo para el cual busca ternárselo, ejerza una persecución contra víctimas y querellantes de delitos de lesa humanidad que se han convertido en el blanco de sus ataques” y que su designación derive en “severas deficiencias en la investigación de crímenes de lesa humanidad”. De esta manera, afirmaron que, llegado el caso de su designación, “será un claro retroceso en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia contra los crímenes del terrorismo de Estado”.
