Repunte: acusan por “maniobras sospechosas” a su dueño
El buque de la empresa Ostramar que se hundió en las aguas patagónicas es propiedad del empresario Luis Caputo. Desde el Partido Obrero denunciaron “vinculaciones políticas” para renovar permisos de pesca en forma dudosa.
Desde el Partido Obrero de Mar del Plata hicieron públicos duros cuestionamientos contra el empresario que propietario del buque pesquero “Repunte” que se hundió el sábado en la Patagonia dejando hasta ahora un saldo de tres muertos. Acusaron a Luis Caputo de tener “complicidades políticas” para renovar “con maniobras sospechosas” los permisos de pesca de éste, uno de sus tantos barcos, que en realidad había estado tres años en inactividad, sujeto a reparaciones parciales para sostener su partida al mar.
Al respecto detallaron que la embarcación de 32 metros de eslora de la empresa Ostramar que se hundió con 12 tripulantes a 80 kilómetros de las costas de Rawson (Chubut) estuvo inactivo por tres años hasta hace algunos meses y que Caputo “mantiene sus barcos parados”, haciéndoles “reparaciones parciales” que le permiten retener los permisos.
Dichos permisos, “se dan ante los laxos requerimientos de un Consejo Federal Pesquero que sistemáticamente le renueva las justificaciones de inactividad”, cuestionó el Partido Obrero, que conduce el dirigente Alejandro Martínez, y detalló además que el dueño del Repunte también es propietario “a través de distintas razones sociales” de los buques “Santa Ángela”, “Don Luciano”, “San Antonino”, “Cabo Tres Puntas”, “Mellino II” y “Wiron IV”.
En el caso particular de “Repunte”, afirmaron que “estuvo inactivo por tres años y el 15 de diciembre de 2016 el Consejo Federal Pesquero le otorgó la justificación de inactividad, cuando el propietario de la embarcación todavía no había terminado la revisión ni había renovado los certificados de la Prefectura”.
Enseguida aclararon y subrayaron que estos permisos por inactividad “son obtenidos gracias a que Caputo cuenta con un familiar al frente de la dirección de pesca, Francisco di Leva”.
Pero además, indicaron que Caputo “no solo mantiene en forma sospechosa los permisos de pesca sino que también es un campeón para fugar capitales al exterior: en 2016, sus oficinas fueron allanadas por contrabando y evasión fiscal”.
Desde el Partido Obrero indagaron al respecto y advirtieron que “la maniobra se basaba en facturar las operaciones de venta al exterior de langostinos y calamares por cuenta de supuestas sociedades uruguayas”. De esta manera, el grupo exportador pesquero pagaba menos derechos aduaneros e Impuesto a las Ganancias en Argentina, según agregaron.
También aseguraron que el empresario terminaba “omitiendo el pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias” y que “con esta maniobra dejaba divisas en el exterior que no se liquidaban en el Banco Central por U$D 5.600.000”.
Finalmente, el Partido Obrero de Mar del Plata pidió “ir a fondo con las investigaciones de este crimen y llegar hasta las últimas responsabilidades políticas” y reclamaron:
*Control obrero del estado de las embarcaciones como así también la necesidad de que una comisión de trabajadores forme parte de la distribución de los permisos de pesca en función de repartir los recursos naturales según las necesidades de los trabajadores.
*Ningún despido y suspensión de los trabajadores del pescado, ocupación de las plantas procesadoras ante la amenaza de cierre.
*Plena vigencia del convenio 161/75, salario mínimo-garantía horaria igual al costo de la canasta familiar.
*Basta de tercerización laboral.
