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18/11/2019

Adicciones: el CPA, entre la falta de recursos y la transición de gobierno

Los trabajadores del Centro Provincial de Atención a las Adicciones lograron evitar un desalojo, pero conviven entre la precarización y el desinterés de las autoridades.

Adicciones: el CPA, entre la falta de recursos y la transición de gobierno
(Foto: archivo / prensa ATE)

Los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en el Centro Provincial de Atención a las Adicciones (CPA) de Mar del Plata continúan atravesando una situación de incertidumbre. Es que, a los reclamos por la falta de recursos que sostienen desde hace tiempo, en los últimos meses sumaron una amenaza de desalojo –que finalmente fue frenado gracias a la intervención del gremio ATE-y ahora aguardan novedades, en medio de la transición de gobierno.

La atención de las personas con consumo problemático de sustancias desde los dispositivos estatales es, desde hace tiempo, sinónimo de serias deficiencias generadas a partir de la falta de personal y de insumos. Sin ir más lejos, en agosto de este año, los trabajadores del sector -ante la falta de respuestas- se vieron obligados a dejar de otorgar turnos de admisión en el (CPA) o aceptar nuevos pacientes para internación, algo que se mantiene hasta el día de hoy.

Y en ese marco, según expusieron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los trabajadores debieron hacerse cargo de un nuevo problema: una amenaza de desalojo, a partir del cese del contrato de locación del espacio que funciona en Buenos Aires 2855 y de una deuda de catorce meses contraída por el gobierno bonaerense.

“El dueño del lugar se comunicó con los trabajadores del sector para decirles que, pese a su buena voluntad, no podía seguir tolerando esta situación y que había intentado comunicarse en reiteradas ocasiones con funcionarios del área de Adicciones y que al no tener respuestas iba a iniciar el pedido de desalojo de la casa”, relataron desde ATE.

En ese marco, y tras la intervención –y la insistencia- del gremio, finalmente tras numerosas gestiones se logró frenar el desalojo, con el compromiso de las autoridades del gobierno de María Eugenia Vidal de abonar los montos adeudados y luego de la firma de un nuevo contrato de alquiler. “Ahora estamos a la espera que se haga el desembolso”, detallaron.

Por fuera de esta situación, en el CPA la realidad es la misma que los trabajadores denuncian desde hace tiempo: trabajan sin recursos, sin personal suficiente y con serias deficiencias, que naturalmente repercuten en el tratamiento que se brinda, orientado a personas con consumo problemático de sustancias. Sin embargo, a eso se suma ahora la incertidumbre respecto a la llegada de un nuevo gobierno -del Frente de Todos, con Axel Kicillof a la cabeza- mientras avanza la transición

“En la Secretaría de Adicciones se da como en otras áreas del gobierno provincial la situación que después de las PASO y de las elecciones de octubre, muchos funcionarios han dejado directamente de dar respuestas tanto a los trabajadores y trabajadoras como a la población en general”, denunciaron desde ATE, al tiempo que advirtieron que esta situación deriva en que, ante cada reclamo o gestión que se intenta hacer, los delegados se encuentren “con los teléfonos de los funcionarios apagados”.

UN CPA SIN RECURSOS Y CON MUCHA DEMANDA

Ante este panorama de desinterés del Estado en relación a una problemática tan sensible como lo son las adicciones, quienes se desempeñan en los CPA deben hacer malabares para poder concretar sus tareas y asistir a quienes así lo requieren.

Al respecto, desde ATE explicaron que tras la firma del contrato de locación, hay un poco más de “tranquilidad” entre los empleados y empleadas, aunque se mantienen los problemas históricos: falta de personal de limpieza y de recurso profesional para atendar la demanda y los tratamientos: “Sigue sin haber respuestas y (los trabajadores) están a la espera de que la próxima gestión apenas asuma pueda tomar cartas en el asunto”.

Por ese motivo, y pese a la alta demanda, los empleados de los CPA decidieron continuar con la medida de fuerza que impide nuevos ingresos “porque no se está pudiendo llevar adelante un tratamiento de calidad con los pacientes que ya están, teniendo en cuenta la cantidad de profesionales y personal de apoyo que hay y lo que demandaría la aplicación de la Ley de Salud Mental”.

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