Advierten por un nuevo aumento de la población detenida en un contexto crítico
La Comisión Provincial por la Memoria presentó su informe anual sobre lugares de encierro, política criminal y torturas. La situación en Mar del Plata.
Como cada año, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó su informe sobre las políticas de seguridad y encierro en la provincia de Buenos Aires con duras advertencias y cuestionamientos sobre la realidad: un nuevo aumento en 2021 de la población detenida en contextos en los que persisten, apuntan, el hacinamiento, la sobrepoblación y la práctica sistemática de la tortura.
“En el año 2021 se consolidaron las políticas punitivistas”, resumieron desde la organización constituida desde 2020 como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura bonaerense. Y sobre el crecimiento de la cantidad de personas privadas de su libertad graficaron que representa una tasa general de 306 cada 100 mil habitantes, la más alta del país y de la historia bonaerense. En Mar del Plata, la tasa subió de 173 a 280 cada 100 mil habitantes en los últimos diez años.
El trabajo denuncia la “continuidad de graves violaciones de derechos humanos” en torno a las condiciones de detención, de aplicación de torturas y de falta de acceso a la atención sanitaria y pone el foco en las muertes bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y en la “sistematicidad de las vulneraciones de derechos a mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+”.
“La información que se hace pública da cuenta de las graves violaciones de derechos humanos que persisten en lugares de encierro sobre personas adultas o niñas, y en el despliegue policial en los territorios”, resume el trabajo que se sustenta en las tareas de monitoreo, intervención e investigación realizadas por el organismo durante 2021.
En el caso de Mar del Plata los relevamientos e inspecciones se realizaron sobre las Unidades Penales N°15 y N°50 de Batán, sobre la Alcaidía Penitenciaria N°44 y sobre el Destacamento Femenino.
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DETENIDA
Una de las primeras referencias que traza el informe de la CPM es el crecimiento sostenido de la población detenida en cárceles, alcaidías, comisarías y monitoreo electrónico: de las 50.148 personas que se contabilizaron en 2020 y se pasó a 54.107 en 2021.
El antecedente da cuenta de continuas advertencias realizadas también desde el propio Poder Judicial que, en 2019, a través del Tribunal de Casación planteó “niveles crónicos de agravamiento de las condiciones de detención” con “sobrepoblación” y “crisis humanitaria”.
La CPM, en el informe, precisó que los seis años que van de diciembre 2015 a diciembre 2021 mostraron un salto cuantitativo récord, con una interrupción excepcional en 2020 en medio de la pandemia del coronavirus. En ese período la cantidad de personas adultas detenidas en la Provincia creció a un promedio interanual de 7%, hasta llegar al total de 54.107, que representa una tasa general de 306 cada 100 mil habitantes, la más alta del país y de la historia bonaerense.
En el Departamento Judicial de Mar del Plata esa tasa cada 100 mil habitantes se encuentra levemente por debajo de ese promedio con un indicador de 280, cuando en 2012 era de 173.
“La recuperación de los valores habituales en todos los indicadores cuantitativos de 2021 ubica al año 2020 como una mera excepcionalidad. Mientras la sociedad argentina se preparaba para el ingreso en la mentada nueva normalidad, el sistema penal bonaerense fijó su retorno a la vieja normalidad. Tras la pandemia, la política criminal sobrevivió intacta”, analiza la CPM.
CONDICIONES DE DETENCIÓN CRÍTICAS
Uno de los focos del informe en relación a la población detenida tiene que ver con aquellas personas que, pese las decisiones judiciales que lo prohíben o que obligan a que sea por poco tiempo, son alojadas en comisarías.
Puntualmente, destaca que a fines de 2021 había 4.445 personas detenidas en comisarías bonaerenses y repara en tres datos: el primero, que hubo un descenso con relación a diciembre de 2020 del 6,5% (314 personas menos); el segundo, que en los últimos diez años (2012-2021) la población detenida en comisarías aumentó un 397%; y el tercero que en 2021 la sobrepoblación fue de 222%.
Si bien es una realidad alejada de las comisarías de Mar del Plata, que en la última década han dejado de alojar a detenidos, la CPM se introdujo en analizar la realidad que se vive en el Destacamento Femenino de la ciudad, ubicado en Chile y Alberti:
“Constatamos que las mujeres detenidas estaban hacinadas en celdas de pequeñas dimensiones, sin luz natural y deficiente luz artificial, sin ventilación ni elementos de calefacción o refrigeración. Conviven dos detenidas por celda, duermen con los colchones en el piso y hacen sus necesidades en un tacho por falta de baño en el interior de las celdas. No tienen ninguna actividad recreativa, educativa o laboral, permanecen encerradas la mayor parte del día, no tienen acceso a visitas familiares y sólo pueden hablar por teléfono una vez al día durante 5 minutos. Las cartas que escriben a sus familiares las revisa el personal policial. En estas condiciones se detectó la presencia de mujeres con distintas enfermedades que no recibían tratamiento médico adecuado”.
En lo que hace a la cantidad de personas detenidas en cárceles y alcaidías bonaerenses, el informe señala que en diciembre de 2021 ascendió a 49.662 personas contra 45.392 de diciembre de 2020.
Y cuestiona en duros términos la política impulsada desde el Ministerio de Justicia del gobierno de Axel Kicillof, que conduce Julio Alak, centrada, como respuesta a esa realidad, en la construcción de más plazas penitenciarias.
“Otras gestiones de gobierno pusieron también el énfasis en la misma cuestión: entre 2001 y 2021 se crearon 11.800 plazas y la población detenida aumentó en 29.500 personas. El año pasado, en 66 establecimientos con capacidad total para alojar 22.060 personas se registró una sobrepoblación de 111%”, describe el informe.
Y alerta: “El problema principal no es la infraestructura carcelaria sino la política criminal que los tres poderes del Estado se niegan a modificar. Si la tasa de encarcelamiento no disminuye, no será posible bajar estos índices. La construcción de más plazas no reduce la sobrepoblación, sólo incrementa y cristaliza nuevos pisos de encarcelamiento”.
TORTURAS, MUERTES Y ATENCIÓN DE LA SALUD
Para la CPM, la realidad en los dispositivos de detención demuestra que “la tortura sigue siendo una práctica sistemática”. Así, en 2021 el organismo registró 45.544 hechos de tortura, malos tratos o falta de acceso a la justicia de las personas alojadas en el SPB y en comisarías a partir de 386 inspecciones a establecimientos, sumado a las entrevistas en sede o telefónicas.
En Mar del Plata las cifras dan cuenta de 361 casos en la Unidad Penal N°15 (0.8%), 198 en la Unidad N°50 (0,4%) y 85 en la Alcaidía Penitenciaria N°44 (0,2%).
En materia de salud, el informe reitera como en años anteriores que la desatención por parte de profesionales y la falta de continuidad de tratamientos prescritos son los principales problemas denunciados. Y advierte que las cuestiones de salud no atendidas provocaron la mayor causal de muertes en contextos de encierro.
De acuerdo a los datos expuestos, en 2021, 199 personas murieron en cárceles provinciales contra 178 que se habían registrado en 2020. De ese total, afirma, 8 de cada 10 ocurrieron por problemas de salud no asistidos. Por su parte, 6 fueron homicidios: 4 alojados en la UP 2 de Sierra Chica, uno en la UP 17 de Urdampilleta y uno en la UP 37 de Barker.
En Mar del Plata, en 2021 en la Unidad Penal N°15 murieron 10 personas (8 por problemas de salud y 2 suicidios) en tanto que en la Alcaidía Penitenciaria N°44 fallecieron 2 (por problemas de salud).
¿Qué pasa en la Unidad Penal N°15 con la atención de la salud? “Los fines de semana sólo hay guardias médicas pasivas. Al momento de la inspección, el personal de enfermería tenía dos profesionales de licencia cuyos turnos no estaban siendo cubiertos, por lo que dos días a la semana no había guardia de enfermería en el penal. En los días restantes, los enfermeros desempeñaban tareas sólo hasta las 18. Por otro lado, un único odontólogo y tres psicólogos se encargaban de cubrir las demandas de salud bucal y mental de toda la población”, describe la CPM.
Y completa que en el sector de aislamiento en la internación de la unidad se constató “que ninguna de las ventanas tenía vidrios o algún otro tipo de cerramiento que permitiera afrontar las inclemencias climáticas: se sufre frío o calor en forma extrema, dependiendo de la época del año”.
“DISCIPLINAMIENTO PATRIARCAL”
En cuanto a mujeres cis y personas trans y travestis en contexto de encierro, el informe detalla que a finales de 2021, había 2.405 y 112, respectivamente, lo que representa un 5% del total de la población privada de su libertad y significa que ambas poblaciones aumentaron con respecto a 2020.
En ese sentido, explica que el SPB tiene estipulado el cupo para 1.057 mujeres, lo que deriva en una sobrepoblación en 2021 del 60%, 23 puntos más respecto a 2020.
Por otro lado, pone en relieve que “persiste la sistematicidad y el carácter diferencial de las vulneraciones de derechos a mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+”, por ejemplo en la cantidad de personas detenidas sin condena: mientras que en detenidos varones el 52,5% son procesados, en el caso de mujeres asciende a 59,8% y en la población trans y travesti al 73,2%.
La población trans y travesti es alojada en cinco lugares en el SPB: la UP 2 de Sierra Chica, la UP 8 de Los Hornos, la UP 32 de Florencio Varela, la AP 44 de Batán y la AD Pettinato de La Plata.
El trabajo precisa que estas cárceles (que alojan varones y feminidades trans y travestis, salvo la UP 8 que es una cárcel de mujeres con un pabellón para masculinidades trans) son los establecimientos designados oficialmente para alojar a esta población, desde una lógica binaria y biologicista.
Y relata que incluso en la Alcaidía Penitenciaria de Batán, que cuenta con un pabellón exclusivo para feminidades trans y travestis, el cupo informado no da cuenta de las condiciones de encierro reales. Es que plantea que en una inspección realizada el 10 de noviembre de 2021 “no contaba con mobiliario suficiente para todas las personas alojadas (23 el día de la inspección), había cuatro celdas de reducidas dimensiones, con dos o tres camas metálicas cucheta cada una, no tenían lugar para guardar sus pertenencias y debían colgarlas por la celda, lo que reducía más el espacio para circular”.
Asimismo, a partir de las entrevistas realizadas, expusieron que en estos pabellones las personas trans y travestis ven limitadas la circulación por la unidad y las actividades que pueden realizar. Y graficaron que en el caso de la Alcaidía de Batán “el personal penitenciario les exigía, para salir del pabellón, usar ‘ropa prudente’: no les permitían usar shorts, tops o ropa con escote”.
Y entre las irregularidades se suma el incumplimiento en todas las unidades de los tratamientos de hormonización: en la de Batán, refirieron que directamente no existía ningún proceso de ese tipo y algunas entrevistadas relataron que hacía tres años que no recibían ningún tratamiento.
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y VIOLENCIA POLICIAL
El informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria también analiza las políticas de seguridad del gobierno de Kicillof, en este caso a cargo de Sergio Berni, y cuestiona que las mismas continuaron centradas “en la idea de saturación policial en los territorios, expresada en anuncios de incorporar en dos años 40.000 nuevos policías, la mayor parte para trabajar en el Conurbano bonaerense, que se sumarían a los casi 100.000 con que cuenta” la fuerza.
Durante 2021, la CPM intervino en 403 casos de violencia policial que involucraron a 466 víctimas individuales (más del 15 % por ciento eran niñas, niños y jóvenes), e intervino en 29 hechos con víctimas colectivas o indeterminadas.
Con respecto a las prácticas policiales, la violencia física se constituyó en la más denunciada (162 ocasiones) y la segunda fue el uso letal de la fuerza (97 ocasiones). Estas prácticas policiales se relevaron en 154 localidades de 72 Municipios de la Provincia.
Por su parte, el trabajo también señala las muertes producidas por intervención policial. De acuerdo a los registros de la CPM, en 2021 se registraron 120 muertes, de las cuales 25 víctimas eran menores de edad y 10 casos por razones de género. Asimismo, 59 de los 120 casos fueron en el contexto de una tentativa o robo de bienes personales del personal policial. En la división por departamentos judiciales en Mar del Plata se registró un caso de ese total de 120.
