Advierten que Cablevisión cobró aumentos indebidos y el gobierno intimó a devolverlos
El gobierno nacional, a través del Enacom, intimó a la empresa a devolver el 20% facturado tras el descongelamiento de tarifas que permitía aumentos de hasta un 8%.
Tras la salida del congelamiento de tarifas de servicios televisión por cable, telefonía e internet, advirtieron que la empresa Cablevisión cobró aumentos indebidos -superiores al tope de entre 5 y 8%-, y el gobierno nacional intimó a la firma a devolver los aumentos cobrados a sus usuarios.
El 1 de enero y tras declarar las telecomunicaciones como servicios públicos esenciales, el gobierno nacional mediante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) dispuso ponerle fin al congelamiento de tarifas de los servicios que regía desde mayo y autorizó a las grandes empresas a aumentar un 5%, en tanto que la actualización fue de un 8% para las empresas de menos de cien mil accesos que no tuvieron subas en los meses previos al congelamiento.
Sin embargo, las y los usuarios de Cablevisión se encontraron que en las últimas dos boletas sus servicios incrementaron un 20% en promedio, por lo que hicieron las correspondientes denuncias para la intervención del ente regulador.
En declaraciones publicadas por la agencia de noticias Télam, el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, explicó: “Le estamos mandando la intimación a Cablevisón, que fue la empresa que aplicó este aumento, para que no solo devuelva lo que cobró de más en enero, sino que se abstenga de cobrar febrero hasta tanto refacture y lo haga correctamente con el 5% más la devolución del mes anterior”.
De la misma manera, el funcionario del ente regulador aseguró que iniciaron “un sumario” con el objetivo de avanzar hacia sanciones que correspondan por haber violado la disposición de gobierno nacional.
No obstante, ante esta intimación se esperan novedades en torno al aumento que llegará en las próximas boletas, sobre todo porque desde la agencia nacional advirtieron que Cablevisión y sus empresas aliadas presentaron un “recurso administrativo” con el objetivo de mantener el incremento en vigencia.
Frente a esta situación, se prevé el inicio de un conflicto entre la empresa y el Estado ya que López remarcó que a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia 690/2020 que establece las prestaciones como servicios públicos y esenciales es el Estado “el que fija la posibilidad de un aumento y de cuánto”, y advirtió: “Lo que están haciendo está por fuera de la ley”.
De la misma manera, López aseguró que otra de las disposiciones del DNU como la implementación de la Prestación Básica Universal también estaría siendo incumplido por la empresa al no ofrecerlo a sus clientes de los sectores más vulnerables.
