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21/07/2021

Advierten que creció el “punitivismo” y la violencia policial en 2020

Así se desprende del informe anual de 2020 de lugares de encierro, políticas de seguridad, niñez y salud mental de la Comisión Provincial por la Memoria.

Advierten que creció el “punitivismo” y la violencia policial en 2020
(Fotos: ilustrativa / Qué digital)

La Comisión Provincial por la Memoria presentó esta semana su informe anual sobre la situación en lugares de encierro, las políticas de seguridad, de niñez y salud mental durante el 2020 en la Provincia de Buenos Aires, en el que advirtieron que, entre otros puntos, aumentaron las aprehensiones y la violencia policial. Críticas a la gestión del Ministerio de Seguridad provincial.

Como desde hace 15 años, la CPM -constituida desde 2020 como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura designado en la Provincia- elaboró su informe sobre las políticas del aparato represivo y el sistema penitenciario en búsqueda de aportar datos para generar políticas que garanticen los derechos humanos, en un año marcado por la pandemia de coronavirus que “evidenció aún más la crisis humanitaria del sistema penal luego de cuatro años de crecimiento sostenido de la población detenida”.

En ese sentido, destacaron que hubo un freno a la tendencia creciente de la última década de incremento de la población en cárceles. Sin embargo, lamentan que las políticas de disminución de la sobrepoblación y hacinamiento “no tuvieron su correlato en las decisiones del Poder Judicial ni en las del Ministerio de Seguridad”. Además, expresaron que hubo un “descenso de los delitos” pero igualmente “aumentaron exponencialmente las aprehensiones y la violencia policial“: en ese sentido, aseguraron que las comisaría tuvieron la sobrepoblación más alta de los últimos 15 años.

En medio de las críticas al rol del Poder Judicial, destacaron que fue una excepción el fallo del Juez de Casación Víctor Violini, que rápidamente fue revocado por la Suprema Corte y que buscaba disminuir los niveles de hacinamiento. A su vez, apuntaron contra la gestión de Sergio Berni: “Consolidó las mismas políticas punitivistas de sus antecesores“.

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Entre las políticas y decisiones judiciales que destacaron, mencionaron la habilitación de teléfonos celulares ante la suspensión de las visitas por la pandemia, lo cual, además, se convirtió en una herramienta “para visibilizar y documentar casos de torturas de torturas, malos tratos y nula atención médica”.

En 2020 aseguran que las personas detenidas demandaron una mayor intervención de la CPM, y lanzaron un programa “Punto Denuncia Torturas“, a través del cual realizaron 21.500 entrevistas a personas detenidas o sus referentes afectivos y relevaron 34.500 casos de tortura o malos tratos, más de la mitad relacionados a violencia o morosidad judicial. “Esto confirma la sistematicidad de la tortura como forma de gobierno de la población encarcelada”, lamentaron.

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Esas intervenciones de la CPM representaron 16.200 escritos judiciales, 3.200 habeas corpus individuales y 13.000 acciones urgentes. También hubo 120 acciones colectivas por hacinamiento, escasez de alimentos, falta de atención médica, falta de insumos de higiene, protestas, huelgas de hambre, represión y casos positivos y sospechosos de covid-19.

CRÍTICAS DE LA CPM AL MINISTERIO DE SEGURIDAD

Desde la CPM enumeraron tres rasgos intensificados en la política de seguridad de la Provincia: la menor conducción civil de las policías y unificación de las jefaturas, profundización del esquema de saturación policial como mecanismo de gestión territorial y agravamiento de la crisis humanitaria en comisarías. A modo de síntesis, expresaron que la actual gestión insistió en una política “que ya tiene 20 años y un fracaso reiterado: el punitivismo como única respuesta a los problemas de seguridad”.

Es que, si bien los delitos disminuyeron a causa del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto para frenar la pandemia -un 30% según el gobierno provincial-, crecieron las aprehensiones policiales: de 280 mil en 2019 subió a 410.088 en 2020. De Ellas, el 9,2% de las personas fueron privadas de su libertad por estar imputadas en algún delito y solo el 3,7% ingresó al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) por prisiones preventivas o condenas. “Es decir, casi 9 de cada 10 personas fueron aprehendidas sin vinculación con la comisión de delitos”, remarcan.

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Un incremento de la actividad policial también se evidencia, explican, en los 400 casos de violencia que se registraron en 2020: involucran 577 hechos distintos y 123 muertes por uso letal de la fuerza en la Provincia. Si bien el número de muertes representa una disminución interanual, también advierten por la disminución de las denuncias de ilícitos en esas muertes, “elemento que debe considerarse porque la mayoría de las muertes producidas por policías se generan en circunstancias en las que, supuestamente, son víctimas de robo”, explican.

También apuntan al Ministerio por la situación de las comisarías, sobre todo al relevar que en noviembre se alcanzó el récord de personas detenidas en los últimos 15 años: 5.600 personas fueron alojadas en 1.221 plazas, y el promedio anual estuvo en 4.849 personas, equivalente a un 295% de sobrepoblación, 80 puntos más que en 2019.

A su vez, indicaron que de 304 comisarías ocupadas, 131 se encontraban inhabilitadas para alojar personas, por inhabilitación ministerial o clausura judicial. A pesar de ello, el 36% del total se alojaba en esas condiciones.

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LA SITUACIÓN EN EL SERVICIO PENITENCIARIO 

Contrario a las operaciones mediáticas que hablaban de “liberaciones masivas” de personas detenidas, la CPM relevó que el número de detenidos se mantuvo estable: había 51.215 detenidos en enero de 2020 y 50.520 en enero de 2021, solo un 1% menos. De todas maneras, destacan que la variación interanual de la cantidad de personas detenidas fue negativa por primera vez en 13 años después de promedios interanuales con aumentos del 9%.

Si bien destacan ese dato, sostienen que no debe soslayarse que disminuyó la actividad delictual en la Provincia según el procurador general de a Provincia Julio Conte Grand y Berni en septiembre de 2020. “Si bien el delito disminuyó de manera considerable, no hubo un correlato similar en la disminución de personas detenidas“, remarcaron.

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En lo que respecta a la sobrepoblación del sistema carcelario, descendió de 118% de 2019 a 106% en 2020, lo que implica que aún hubo personas detenidas que no tuvieron espacio para dormir. Si bien sigue habiendo sobrepoblación, destacan que se rompió una tendencia en ascenso iniciada en 2008 y “exacerbada” desde 2014.

La situación de los lugares de encierro en la Provincia en la pandemia, a su vez, expuso aún más la necesidad de un pase de la Salud penitenciaria a la órbita del Ministerio de Salud provincial, uno de los reiterados reclamos de la CPM: durante el 2020 murieron 178 personas en cárceles y alcaidías de la provincia de Buenos Aires; 30 más que el año anterior, lo que implica también un promedio de una muerte cada dos días. De las 178 muertes, 29 fueron por covid-19; y 152 fueron por cuestiones de salud no asistidas.

De todas maneras y más allá de la situación de los contextos de encierro, destacan que las políticas de salud mental implementadas por la Provincia, las cuales “presentaron notables avances”. Como consecuencia, aseguran, bajaron la cantidad de personas encerradas en manicomios públicos y los fallecimientos en esos contextos.

MUJERES, PERSONAS TRANS Y TRAVESTIS, Y JÓVENES

La baja en la cantidad de personas detenidas, aseguran que también se evidenció en mujeres, travestis, trans y jóvenes. En detalle, explicaron que hubo un 10,5% menos de mujeres apresadas y un 57% menos de mujeres en prisión con sus hijos menores de 4 años. Por su parte, las personas trans y travestis detenidas se redujo un 19%: pasó de las 101 de 2019 a las 82 personas en 2020.

En cuanto a los dispositivos de responsabilidad penal juvenil Dependientes del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), se redujo la cantidad de jóvenes privados de su liberad de los 676 de enero a los 503 de diciembre de 2020. De la misma manera, celebraron que se redujo el nivel de hacinamiento.

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No obstante, advierten que se produjeron dos muertes en la Provincia por falta de prevención de los suicidios y que uno de ellos había sido víctima de torturas un día anterior.

También, lamentaron que solo 245 de los 754 niños y jóvenes ingresados a los dispositivos había pasado previamente por el Sistema de Promoción y Protección de Derechos de niños, niñas y jóvenes. “El Estado llega tarde y con respuestas punitivas a trayectorias marcadas por la vulneración de derechos“, marcaron. En ese sentido, en cuanto a las políticas punitivistas, lamentaron que durante el 2020 hubo un 12% de jóvenes inimputables de 15 años o menos que ingresaron al sistema de encierro.

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