Advierten que “no existe una política pública” para abordar las adicciones
Desde la Defensoría lamentan el “desmantelamiento” del área por parte de las gestiones actuales y pidieron responsabilidad a las próximas gestiones.
La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon advirtió por la situación en torno al consumo problemático de sustancias en Mar del Plata y apuntó contra la “inexistencia” de una política pública eficaz para enfrentar lo que desde el organismo califican como una “epidemia”. Tras el “desmantelamiento” del área por parte de las actuales gestiones, pidieron que los gobiernos que asuman se hagan cargo de la situación.
Desde la Defensoría, que días atrás publicaron un informe de gestión ante los reclamos más recurrentes del último año, expresaron su preocupación por “los crecientes pedidos de ayuda que llegan vinculados al consumo problemático de sustancias”, tanto por parte de personas como de instituciones.
Según apuntaron desde el organismo, tanto el Servicio Municipal de Adicciones, como el Centro Provincial de Atención a las Adicciones (CPA) de la Provincia o los efectores del la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) no cuentan con la cantidad suficiente de personal para dar respuesta a la demanda.
Además, como agravante, aseguran que, en el caso de las dependencias de Nación y Provincia, los trabajadores están precarizados y, al no contar con un presupuesto acorde, muchas veces funcionan por el esfuerzo propio de los trabajadores que en ocasiones se ven en la necesidad de pagar viandas con sus propios salarios.
“Nación, Provincia y Municipio no tienen política pública para enfrentar una realidad que se agrava día a día. Quienes necesitan ayuda del estado para afrontar el consumo problemático no obtienen más respuesta que el enorme voluntarismo de los trabajadores de los tres estados en Mar del Plata y Batán”, lamentaron desde el organismo.
A su vez, aunque destacaron el aporte del voluntariado, insistieron en que “es el Estado quien tiene que llevar adelante una política única en nuestro territorio, coordinada entre todos los actores” para evitar de esa manera que la vida en los barrios de la ciudad siga siendo absorbida por el consumo problemático.
Ante el diagnóstico actual y la inminente asunción de los nuevos gobiernos, desde la Defensoría instan a los nuevos representantes que, tras el “desmantelamiento” que se produjo en el área durante la última gestión, esta vez, “el nuevo gobierno municipal debe hacerse cargo de evitar que niños, niñas y adolescentes, hombres y mujeres sigan sufriendo las consecuencias de la inacción y el abandono de personas condenadas a su destino”.
“Los Defensores demandamos respuestas para víctimas que hoy no tienen posibilidades de recuperación”, cerraron.
En agosto pasado, también desde la Defensoría del Pueblo en conjunto con entidades que trabajan en la materia comenzaron a alertar sobre la situación que viene de largo tiempo y plantearon la necesidad urgente de que se implementara una “política municipal para generar distintos tipos de dispositivos coordinados con el Estado provincial y nacional y la sociedad civil”.
