Aplicaciones de delivery: el Ministerio de Trabajo realizó un operativo “inédito”
Llevó adelante inspecciones en 24 municipios, entre ellos General Pueyrredon. La cartera reconoce que es una actividad con fuerte vulneración de derechos laborales.
El Ministerio de Trabajo de la Provincia realizó en los últimos días un operativo de inspección laboral que calificó como “inédito”: en 24 municipios -entre ellos General Pueyrredon- relevaron a personas que se desempeñan en las aplicaciones de delivery, un sistema no regulado que profundizó los niveles de precarización en el sector al esconder relaciones de dependencia.
Según informaron desde el gobierno provincial, las inspecciones se centraron en controlar la registración, condiciones laborales, de seguridad y salud de las y los trabajadores de plataformas digitales de delivery: reconocen que es una de las actividades “donde se registra mayor vulnerabilidad de los derechos laborales“, en la que a pesar de tener que cumplir con determinada cantidad de horas diarias en zonas específicas y someterse a sanciones, son empleados como monotributistas o autónomos, sin un lugar físico de trabajo ni dónde reclamar.
El auge de las aplicaciones se dio en la cuarentena, cuando su carácter de servicio esencial potenció la demanda a la vez que, en medio de una crisis que hoy se mantiene con otros matices, este tipo de trabajos aparece como una salida laboral a pesar de su precariedad. Más allá de la organización y lucha de algunos de ellos, las condiciones laborales de esas firmas de alcance multinacional se mantiene.
Para el área laboral bonaerense, fue un operativo “inédito” por el alcance territorial que tuvo: además de Mar del Plata, realizaron inspecciones en Almirante Brown, Avellaneda, Lanús, Quilmes, Berazategui, Lomas de Zamora, La Plata, La Matanza, Morón, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Campana, José C. Paz, San Miguel, Zarate, Pilar, Pinamar, Azul, Junín, Necochea, Tandil y Bahía Blanca.
Desde el Ministerio aseguran que con estas acciones apuntan a “avanzar en el reconocimiento de los derechos laborales de miles de bonaerenses que trabajan en estas aplicaciones”, sobre todo al tratarse de personas que cumplen todas las obligaciones que habitualmente se les exigen a las y los empleados en relación de dependencia pero sin estar registrados ni tener protección ni aportes previsionales.
Al respecto, la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, reconoció tras los operativos que las personas empleadas por las aplicaciones están en una “situación muy precaria” y llamó a que el Estado “proteja” a las y los trabajadores “frente a estas apps que a pesar de ser millonarias les niegan los derechos más básicos“, sostuvo.
Las inspecciones -afirman- ya se habían comenzado a realizar en 2020 -en pleno auge de las aplicaciones de delivery por la cuarentena- cuando, según dijo la funcionario, relevaron a 172 trabajadores y trabajadoras por lo cual se intimó a las empresas “a presentar la documentación laboral” aunque, como suele suceder, las compañías desconocen la evidente relación de dependencia. Así, en ese entonces, confirmaron la aplicación de sanciones a las empresas por “falta de registración” y otros tipos de “incumplimientos a la normativa laboral”.
Incluso, ante presentaciones judiciales de las empresas de delivery -principalmente encabezadas por PedidosYa y Rappi– citaron la existencia de un fallo judicial en La Plata donde se confirma la existencia de una relación laboral de dependencia y se validó el accionar del Ministerio.
En “Esenciales sobre ruedas, precarizados y desprotegidos“, el delegado regional del Ministerio de Trabajo, Raúl Calamante, dialogó con Qué digital y manifestó la necesidad de que el Estado regule la actividad, a través de un marco normativo, como sucedió con el teletrabajo.
“Esto se ha sumado al teletrabajo y a distintas formas que buscan ir rompiendo los convenios laborales. Son formas de flexibilización laboral en las cuales no hay posibilidad de tener un seguro, vacaciones, aportes jubilatorios”, explicaba el funcionario en aquel entonces, aunque hasta el momento en materia legal no hubo avances significativos en el Poder Legislativo.
