Jueves 28 de marzo | Mar del Plata
15/11/2020

ARA San Juan, 3 años: el estado de la causa y la denuncia contra Macri y Aguad 

En el marco de la causa que investiga el hundimiento desde la querella mayoritaria de los familiares acusan a los exfuncionarios de no dar a conocer la ubicación de la nave hundida.

ARA San Juan, 3 años: el estado de la causa y la denuncia contra Macri y Aguad 
(Foto: archivo / Qué digital)

Este domingo se cumplen tres años del último contacto del submarino ARA San Juan. Este año se dieron avances de trascendencia en la causa que investiga la desaparición, a cargo de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, empezando por el procesamiento de los altos mandos de la Armada Argentina y llegando a una denuncia por encubrimiento contra el expresidente Mauricio Macri y su ministro de Defensa, Oscar Aguad.  

Luego de tres largos años de lucha de los familiares de la y los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, hasta el momento las familias permanecen en la búsqueda de responsables por el hundimiento de la nave y, más allá del procesamiento de los altos mandos de la Armada, siguen apuntando contra la responsabilidad del ex primer mandatario, también imputado en la causa por espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) contra las familias. 

En paralelo a la tramitación de la causa por el hundimiento, esta semana la abogada querellante Valeria Carreras, junto a sus colegas Lorena Arias y Fernando Burlando presentaron una denuncia contra Macri, Aguad y el ex jefe de la Armada, Marcelo Srur, a quienes acusan de haber tomado conocimiento de la posición donde se encontraba el submarino y de haberlo ocultado. 

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En diálogo con Qué digital, Carreras indicó que la denuncia –presentada ante la Justicia Federal en jurisdicción de Capital Federal- se sustenta en las declaraciones brindadas ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia por uno de los procesados por Yáñez, Luis López Mazzeo, ex titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada.  

Según consta entre los argumentos de la denuncia, en su declaración por la causa que investiga el hundimiento, Mazzeo sostuvo que desde el 5 de diciembre de 2017 el gobierno sabía en qué posición se encontraba el submarino gracias al trabajo en la zona del sonar del buque chileno Cabo de Hornos, el cual detectó un punto entre dos cañadones que podía tratarse del navío -hasta ese momento- desaparecido. 

Ante la imposibilidad de acceder al lugar por medios propios, debían gestionar con Gran Bretaña tareas en el lugar. En ese momento, Mazzeo “se dio cuenta de lo que estaba diciendo y siguió hablando de otra cosa”, señaló Carreras a este medio. 

Además de esa declaración, incluyeron en el expediente el testimonio de del ex viceministro de Defensa de la Nación, Horacio Chighizola. Según explicó Carreras, “declaró bajo juramento en Caleta Olivia que sí hubo un pedido desde General Belgrano -el lugar de la búsqueda- diciendo que se había ubicado a través del Cabo de Hornos un punto o dato que podía ser el submarino, con mucho grado de certeza, y que se necesitaba autorización para que Gran Bretaña pudiera entrar a la zona y estar con su ROV (NdR: vehículo no tripulado)”. 

El pedido de autorización -explicó- se desprende del cese del Operativo de Búsqueda y Rescate (SAR), finalizado el 30 de noviembre, a partir del cual “había terminado la autorización de libre navegación para todas las naciones por el SAR internacional, entonces Inglaterra tenía que entrar vía diplomática con una autorización y eso no lo quiso Aguad”. 

Además, en la presentación también solicitaron que se verifique “cuál fue la ubicación de hallazgo del ARA San Juan”, argumentando que el por entonces veedor de la Armada y encargado de certificarlo es hoy en día uno de los procesados: Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos. 

ARA SAN JUAN: LA CAUSA POR EL HUNDIMIENTO

Uno de los pasos trascedentes de la causa por el hundimiento del ARA San Juan se produjo el 31 de enero, cuando la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, dictó el procesamiento por el delito de estrago culposo agravado por el resultado de muerte a seis altos mandos de la Armada (Jorge Sulía, Hugo Correa, Héctor Alonso, Luis López Mazzeo, Claudio Villamide, y  Eduardo Luis Malchiodi) pero no así contra el expresidente Macri, su exministro de Defensa, Aguad, ni el vicealmirante Srur, tal como habían pedido desde la parte querellante.  

Además, Yáñez acusó a los seis procesados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio y les impuso embargos que van de los 2 a los 3,5 millones de pesos. 

“Ni al presidente de la Nación ni al ministro de Defensa les puede ser penalmente reprochable la ausencia de control técnico en el alistamiento y zarpada de un arma submarina”, estableció la jueza en su resolución de enero y planteó que lo mismo correspondía definir en torno a la responsabilidad de Srur. “Una línea de pensamiento en esa dirección podría conducir, desde la óptica del derecho penal, a situaciones de responsabilidad objetiva que atentarían contra el principio de culpabilidad”, definió.

Esa resolución trajo descontento entre las y los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, que ya previamente habían solicitado sin éxito la recusación de la jueza. 

Por su parte, a fines de octubre, ante los recursos de apelación interpuestos por las querellas -y también por las defensas- contra esa resolución de Yáñez, se realizó una audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia donde las partes expusieron sus argumentos y como principal novedad surgió que el fiscal ante esa instancia, Norberto Bellve, acompañó el pedido de las querellas para que se impute en la causa y se convoque a declaración indagatoria a Macri, Aguad y Srur.

Ahora, el próximo paso en torno a la causa por el hundimiento será la definición -que podría conocerse en los próximos días- que deban tomar los integrantes de la Cámara de Apelaciones Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman en relación a cada uno de los planteos que hicieron tanto la fiscalía como las querellas y las defensas contra la resolución de la jueza de primera instancia Yáñez, puntualmente en lo que refiere al procesamiento de los seis integrantes de la Armada y la desestimación de la responsabilidad del jefe de la fuerza y de las autoridades políticas.

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15/11/2020