Arroyo vetó la ordenanza que establecía “puntos sustentables”
Se trata del sistema de recepción de residuos sólidos urbanos reciclables había sido aprobado por el Concejo Deliberante.
El intendente Carlos Arroyo vetó la ordenanza que establecía “Puntos Sustentables”, es decir, un sistema de recepción de residuos sólidos urbanos reciclables en distintos puntos de la ciudad, la cual había sido aprobada días atrás por el Concejo Deliberante. Todavía no se conocieron las razones que lo llevaron a tomar la decisión.
Para sorpresa de propios y extraños y sin divulgar aún las razones, el intendente oficializó el veto de una ordenanza que había sido aprobada por el Concejo Deliberante y que incluso había sido apoyada por parte del oficialismo.
Fuentes cercanas a la oposición, ante la consulta de QUÉ Digital, se mostraron sorprendidos ante la inesperada decisión del jefe comunal. De todas maneras, una vez que sean divulgados los argumentos, desde Unidad Ciudadana –bloque impulsor del proyecto- harán declaraciones al respecto y no descartan volver a insistir con la norma.
La ordenanza había sido ingresada al Concejo Deliberante por la concejala Marina Santoro y la misma establecía la creación de un sistema de puntos de recepción de residuos sólidos urbanos reciclables en distintos lugares estratégicos de la ciudad, entre ellos, instituciones públicas y privadas, como así también espacios recreativos.
A través de ella, se creaba la figura de “Promotoras ambientales”, quienes formarían y capacitarían a los vecinos y vecinas en la correcta segregación de los residuos, y al mismo tiempo serían las encargadas de gestionar los puntos de recepción. De la misma manera, se planteaba un centro de acopio municipal donde se almacenarían temporalmente los residuos.
La decisión de Arroyo seguramente traerá aparejado el malestar de organizaciones sociales como el Movimiento de Trabajadores Excluidos, quienes consideraban la ordenanza como un “gran avance” para las familias que viven de la recolección de residuos sólidos urbanos, a la vez que reconocía a los y las cartoneras como trabajadoras y a la actividad como un servicio público.
