Autismo: exigen aplicación de leyes y cambios en educación
Desde la Defensoría del Pueblo bonaerense, además, advirtieron sobre la falta de registros oficiales y el presupuesto asignado a la Agencia Nacional de Discapacidad.
En el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, desde la Defensoría del Pueblo Bonaerense insisten en que se apliquen normativas vigentes para garantizar la inclusión de las personas que padecen la condición y que se avance hacia un sistema educativo no excluyente. Asimismo, alertaron por la falta de registros oficiales y por el presupuesto asignado a la Agencia Nacional de Discapacidad (AND).
Como cada 2 de abril, a nivel mundial se generan distintas actividades y espacios de debate en los que se ponen en consideración diversos aspectos y cuestiones con respecto a las personas autistas y su inclusión a la sociedad. En La Plata se llevó a cabo una jornada de concientización de la que participó Walter Martello, el defensor adjunto de la Provincia y titular del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de dicho organismo.
En su exposición, el defensor lamentó que no existan registros a nivel nacional que partan desde fuentes gubernamentales, ya que, según mencionó, solo a partir de la asociación Argentina de Padres Autistas se conoce que la condición alcanza a 400 mil personas en el país. En ese sentido, advirtió que programas específicos enfocados en el trastorno no son debidamente impulsados, y lo relacionó con el presupuesto asignado a la AND, el cual incrementó por debajo de la inflación e incluso el año pasado no se ejecutó la totalidad de lo asignado.
Asimismo, Martello exigió la urgente reglamentación de la ley nacional 27.043, aprobada hace 5 años, que garantiza un abordaje integral e interdisciplinario, como así también la cobertura médica terapéutica, a las personas autistas, especialmente a niños, niñas y adolescentes que presentan esa condición. Además, en ella se promueve la investigación, la difusión de información y el registro de datos.
A su vez, criticó la “inexistencia de un plan integral para transformar el sistema educativo de uno segregador y excluyente a uno inclusivo” y citó un informe de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dio cuenta que el Estado ha indicado que “del total de 141.627 estudiantes con discapacidad matriculados, unos/as 61.552 estaban en escuelas regulares/comunes y que 80.075 lo estaban en escuelas especiales, es decir el 56%”.
