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21/05/2019

¿Boleto a 27.46?: los argumentos de los empresarios para pedir otra suba

Baja de un 22% en los subsidios recibidos y suba del combustible y de los salarios de los trabajadores son algunas de las razones que esgrimen. Reclaman un mecanismo de actualización automática de la tarifa.

¿Boleto a 27.46?: los argumentos de los empresarios para pedir otra suba
(Foto: archivo / QUÉ Digital)

Que este mes la distribución de subsidios efectuada por la Provincia de Buenos “sufrió una merma importante” en orden del 22%, que se produjeron nuevos aumentos en el combustible y que se acordó a nivel nacional la asignación de una suma no remunerativa para los trabajadores a cuenta de un futuro aumento salarial son tres argumentos presentados este martes por la Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) a la hora de pedir un nuevo aumento del boleto de colectivo, en este caso para que suba a $27.46. Además, manifestaron como justificativo que el Estado nacional demora más de 60 días en devolver los montos comprendidos en la “tarifa social” de pasajeros.

Por todo ello además insisten ante el gobierno en que se implemente un mecanismo de actualización automática tarifaria, que implique estudios de costos en períodos menores a un trimestre.

En la presentación firmada por el empresario Juan Inza -procesado en el marco de la causa “Choferes Fantasmas”– y dirigida al secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, la cámara empresaria pide que el valor del boleto en Mar del Plata pase de los $16.50 actuales y los $18.50 establecidos a aplicar desde el 1° de junio a $27.46, de acuerdo a los informes técnico y teniendo en cuenta “los profundos cambios en relación a los subsidios y teniendo en cuenta la modificación de otros valores en relación al último estudio de costos presentado”.

Concretamente, uno de los principales argumentos tiene que ver con los cambios en la llegada de subsidios, algo que ya fue alertado desde fines del año pasado y que implicó el traspaso de los mismos de la Nación a la Provincia, desde donde se congelaron los montos a lo aplicado en 2018 y este mes sumó, según los empresarios, una reducción. “La cuestión empeoró. La distribución efectuada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para el mes de mayo sufrió una merma importante en relación a las partidas que se percibieron hasta el mes anterior (las cuales, entre sí, fueron estables): 22,43%“, señalaron en el expediente elevado al gobierno.

Y a modo de explicación sobre esa baja entendieron: “Las previsiones presupuestarias efectuadas oportunamente contemplaban un horizonte temporal con límite el mes de octubre del 2018. De esa manera, luego de transcurrido dicho mes no existiría monto alguno para distribuir. Ante esa situación, luego de efectuar tanto individual como colectivamente las consultas y reclamos pertinentes, se logró la extensión de la cobertura hasta fin del año 2019, pero para llegar a tal cometido distribuyeron los montos disponibles entre más meses, razón por la cual la partida a recibir en cada mes es menor”.

De esta manera, los empresarios remarcaron que la “baja” señalada respecto a los valores de mayo “obliga a replantear los guarismos previstos en el último estudio de costos”.

Otros dos argumentos que los empresarios señalan ante el pedido tiene que ver con nuevos aumentos en el combustible y con una asignación no remunerativa de $ 2.500 que deberán pagar a los trabajadores, según un acuerdo nacional, a cuenta del aumento salarial para el resto del año.

Al puntualizar en estos dos puntos, los empresarios insisten ante el gobierno en pedir que se implemente una “actualización automática de la tarifa”. Y proponen que “se arbitre la posibilidad de efectuar con periodicidad no superior a un trimestre un nuevo estudio de costos, o bien el seguimiento de las principales variables que afectan al costo”. Así puntualizan que la variación de la cotización del dólar genera un impacto “de 2 a 1, que significa que si el valor del dólar aumenta un 10%, entonces el valor de la tarifa plana debe aumentar un 5%”. Y suman que “un incremento del 10% en el precio de los combustibles, impacta en un incremento automático de un 3,4% en el valor tarifario” y que “un incremento del 10% en el salario básico de los trabajadores se trasladaría a tarifa en un 5,8%”.

Un cuarto puntos de argumentación de los empresarios se centran en los valores de la tarifa social vigente en el sistema SUBE que el Estado devuelve a las empresas en concepto del descuento en los boletos. Es que los empresario señalan que se genera una “demora que supera los 60 días” en el reintegro de esos montos “hecho que genera un serio problema financiero a las empresas, ya que cuantitativamente el 25% de la recaudación de las empresas se encuentra desfasada en el tiempo en dos meses”, según plantearon.

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