Barrio Centenario: la unión vecinal para evitar el desalojo a una familia
Organizaciones sociales se concentraron en Avellaneda y Tierra del Fuego ante la situación de una familia que hace 15 años vive en el lugar. Lograron estirar el plazo y buscar asistencia del Estado.
Organizaciones sociales y vecinos se concentraron este jueves en la zona del complejo Centenario con el objetivo de mostrar su rechazo a una orden de desalojo emitida por la Justicia para una familia compuesta por una mamá, dos hijas menores de edad y una abuela. “Lejos de tener una alternativa habitacional la Justicia ordena que se queden sin techo”, plantearon y finalmente lograron estirar el plazo para ejecutar la medida y buscar asistencia del Estado.
La Confederacion de Trabajadores de la Economia Popular (CTEP) junto a Somos Barrios de Pie y otras organizaciones se hicieron presentes en la zona de Avellaneda y Tierra del Fuego, en el complejo habitacional Centenario, ante una orden de desalojar a la familia.
De acuerdo a lo explicado desde la CTEP, la mujer con sus dos hijas y su madre de 80 años viven hace 15 años en ese lugar del barrio, en un departamento que inicialmente alquiló y que luego de vencido el plazo permaneció en el lugar pagando las expensas, sin reclamos de la propietaria. Pero en las últimas horas le llegó una notificación de la Justicia para que abandone el lugar en 48 horas.
“Ante la indignación de vecinos y vecinas, y la convocatoria a las organizaciones solidarias del pueblo, se prevé resistir este violento momento para el conjunto de la comunidad”, expresaron desde la CTEP en la previa y acusaron: “Lejos de tener una alternativa habitacional, la Justicia ordena que estas mujeres se queden sin techo, viviendo en la calle”.
En este marco, lamentaron que “en inmediaciones de un polideportivo abandonado por el Estado, con un techo y un espacio en total desuso fuerzas de seguridad ordenadas por la Justicia impulsan una medida que va en contra del artículo 14 bis de la Constitución Nacional que ordena a la ley garantizar, entre otros derechos vitales, el acceso a la vivienda digna”.
Y acusaron: “Lejos de la sensibilidad al momento que atraviesan los sectores populares ante esta crisis alimentaria, habitacional y laboral, el Estado no se ha hecho partícipe de una problemática social y no judicial. Es el poder político el que debe responder ante los problemas sociales habitacionales y no así la Justicia”.
Los vecinos se acercaron este jueves a intentar frenar la medida teniendo en cuenta que la mujer es conocida en el barrio e incluso colabora en el merendero que funciona en el complejo. Y finalmente lograron avanzar en un acuerdo, a partir de la intervención de la comisaría de la zona.
En concreto, lograron que la orden de desalojo se estire por 20 días y en el mientras tanto se intentará avanzar con la Municipalidad en algún tipo de asistencia para la familia afectada.
