Cárcel de Batán: denuncian falta de atención médica tras la muerte de una mujer trans
Desde la CPM intervienen en el caso de una interna fallecida en el Interzonal tras lo que denuncian como una “sistemática y arbitraria negación” al acceso a la salud por parte del Servicio Penitenciario.
Sasha Barrionuevo, de 38 años, era una mujer trans que estaba detenida en la Alcaidía Penitenciaria de la cárcel de Batán y que murió el 20 de julio mientras estaba internada en el Hospital Interzonal (HIGA) a raíz de problemas de salud que, según denuncia la Comisión Provincial por la Memoria, no fueron atendidos debidamente por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en lo que mencionan como un caso más del “cuadro general de crisis sanitaria” del sistema carcelario de la Provincia.
Según relatan desde la CPM a través de su agencia de noticias Andar, Sasha estaba detenida con prisión preventiva en la Alcaidía Penitenciaria (Unidad Penal N°44) en el marco de una causa llevada adelante por el Tribunal Oral Criminal N°3 de Mar del Plata. Tiempo atrás, la CPM había decidido intervenir y mantuvo entrevistas con Sasha ante lo que ya consideraban como una “sistemática y arbitraria negación del acceso a la atención sanitaria” en la cárcel de Batán.
Es que, según describen, Sasha padecía “graves problemas de salud no atendidos” y, ante la falta de posibilidad de acceso a una consulta médica, tampoco eran debidamente diagnosticados. Era tan evidente su cuadro que explican que en poco tiempo bajó 30 kilos, sufrió pérdida de visión, vómitos, mareos, episodios de muy baja presión y fatiga y que, a pesar de ello, mencionan que la respuesta de los profesionales de salud penitenciaria a los inspectores de la CPM fue que “no creían que se sintiera tan mal” y que, en cambio, “simulaba padecimientos”.
Fue a partir de ello que tras la última entrevista que tuvieron en el lugar de detención, ante la gravedad y el deterioro observado en su estado de salud, desde el organismo habían presentado un habeas corpus para exigir que reciba atención médica en un hospital fuera de la cárcel de Batán, a lo cual la Justicia hizo lugar el 12 de julio. Desde entonces permaneció internada hasta su muerte.
Pero las irregularidades no terminan allí: tanto la Defensoría Pública a cargo de su caso como las autoridades del Tribunal -según relatan- se enteraron de su fallecimiento a través de la CPM: justamente el 26 de julio personal de la CPM en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura se presentó en el HIGA para saber el estado de salud de Sasha, y allí fue que les comunicaron que había fallecido seis días atrás.
(Foto: archivo / Qué digital)
Entonces, desde la CPM mencionan que el descuido de su caso fue tal que las autoridades penitenciarias en ningún momento notificaron ni siquiera el fallecimiento de la mujer. Las autoridades penitenciarias, al respecto, se amparan en que ese mismo 20 de julio el TOC N°3 dictó el cese de la prisión preventiva de la mujer y que por ello el personal penitenciario se fue del hospital y no informaron a las agencias judiciales.
PARA LA CPM NO SE TRATA DE UN CASO AISLADO
El estigma contra las personas privadas de su libertad no es nuevo, se agudizó con la pandemia en términos discursivos político-mediáticos y, en caso de que además se trate de integrantes del colectivo travesti-trans, todo se agrava aún más.
Es que, partiendo de lo que implica que, por ejemplo, el pabellón trans esté ubicado en una Alcaidía de varones, para la CPM no es un caso aislado y hay una desatención y persecución sistematizada hacia el colectivo. Así, por ejemplo, mencionan que la tasa de prisiones preventivas para hombres en el encierro asciende al 54%, para las personas trans ese porcentaje sube al 70% según datos del 2021.
“El caso no sólo expresa la brutalidad y la desidia penitenciaria, judicial y médica en torno a las personas detenidas por cuya integridad deben velar las distintas agencias del sistema penal, sino también la persistencia de este tipo de abandono que lleva, en muchos casos, a muertes evitables o a situaciones en las que no necesariamente se pone en riesgo la vida de las víctimas”, exponen desde la CPM.
Para el mecanismo este hecho va más allá de la cárcel de Batán y se inscribe en lo que definen como un “cuadro general de crisis sanitaria” en todo el sistema penitenciario bonaerense que, advierten, sigue sin tener respuestas estatales que contribuyan a revertirlo.
En ese punto, la CPM acompañó un habeas corpus presentado a principios de año donde un grupo de mujeres del Pabellón 1 exigió que se garantice atención médica vinculada a controles ginecológicos y provisión de insumos y medicamentos. Además de haber sido resuelta de manera favorable por parte del titular del Juzgado de Ejecución N°1, Ricardo Perdichizzi, luego por pedido del mecanismo local se amplió a todas las unidades del complejo penitenciario.
En cuanto al diagnóstico de la situación y las severas dificultades a la hora de garantizar el acceso a un derecho básico como el de la salud, desde la CPM consideran que falta de coordinación entre la Dirección de Salud Penitenciaria del Ministerio de Justicia y el SPB opera como obstructora, como también la falta de coordinación entre ambas con el sistema público de salud “extramuros”.
