Cárceles en pandemia: la Corte desestimó una queja sobre el habeas corpus colectivo
El máximo tribunal se expidió un año después del revés de la Justicia provincial. Desde el CELS lamentan que las decisiones se tomen “en base a premisas falsas”, como las “liberaciones masivas”.
Un año después de un recurso de queja presentado por los iniciadores de un habeas corpus colectivo para atender la situación de hacinamiento en las cárceles bonaerenses, revocado por el máximo tribunal provincial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió y desestimó el recurso. Organismos de derechos humanos expusieron la demora y lamentaron que las decisiones políticas y judiciales se tomen “en base a premisas falsas”, como las “liberaciones masivas” de personas privadas de su libertad.
Con el inicio de la pandemia, la situación sanitaria de los lugares de encierro como las cárceles y las comisarías pasó a primer plano no solo de los organismos de derechos humanos sino de la opinión pública en general: la crisis sanitaria expuso todavía más las condiciones de hacinamiento de las cárceles que habían motivado a fines de 2019 (es decir, antes de la pandemia) masivas huelgas de hambre.
Frente a esa situación y los que podría significar el ingreso del coronavirus a espacios cerrados donde no está garantizado ni es posible el cumplimiento de las medidas de distanciamiento e higiene, 19 defensores generales oficiales de la Provincia habían presentado un hábeas corpus ante la Justicia bonaerense en el que pidieron que se otorguen prisiones domiciliarias a detenidos mayores de 65 años o con patologías consideradas de riesgo.
El hábeas corpus había contado con el aval de la Sala I del Tribunal de Casación bonaerense, pero luego la Suprema Corte de la Provincia -máximo tribunal de la jurisdicción- había revocado lo resuelto por Casación, con la salvedad de que proponía que cada caso particular sea resuelto en el tribunal interviniente según una serie restrictiva de “directrices”.
En consecuencia, los defensores presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien un año después de esa presentación se expidió al respecto y lo desestimó por considerar que “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”.
Cabe recordar que según la Comisión Provincial por la Memoria, en abril había 44.584 personas privadas de su libertad cuando las plazas penitenciarias disponibles son 20.804, es decir, una sobrepoblación del 114% que solo podría ser reducida al 102% en caso de habilitarse nuevas plazas previstas por el gobierno de la Provincia.
Frente a esta situación y la llegada de la segunda ola de coronavirus, desde la CPM reiteraron su pedido a la Suprema Corte para que se instruya a los magistrados a revisar de oficio los regímenes de prisiones preventivas al menos en personas detenidas por delitos leves y no violentos y evaluar libertades o medidas morigeratorias con un criterio sanitario.
DECISIONES POLÍTICAS Y JUDICIALES, BASADAS EN “PREMISAS FALSAS”
Conocida la notificación de la resolución emitida al defensor de Casación fallecido un mes atrás, Mario Coroliano, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) lamentaron la demora de la intervención de la Corte Suprema pero, sobre todo, las “premisas falsas” que llevan a estos reveses judiciales por la situación en las cárceles de la Provincia, cuyo crítico presente es reconocido incluso desde el Poder Ejecutivo.
“En el peor momento de la pandemia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo representante del Poder Judicial y, por lo tanto, responsable de garantizar la integridad física de los detenidos, envía el mensaje de que no va a tomar decisiones de fondo ni se va a hacer cargo de este problema tan sensible”, remarcaron desde el organismo.
Al respecto, lamentaron: “Decisiones políticas y judiciales siguen siendo tomadas en base a premisas falsas, como por ejemplo que en el contexto de la pandemia hubo liberaciones masivas”, y expusieron que, según datos propios, en 2020 hubo menos liberaciones que durante el 2019.
“La situación en las cárceles y comisarías bonaerenses es crítica, desde hace más de un año que se encuentra dentro de sus máximos históricos de sobrepoblación y requiere la intervención urgente de todos los poderes del Estado para atender el conflicto, no mirar para otro lado”, apuntaron.
