Caso Lalo Ramos: “Consideramos que es una buena respuesta”
Lo dijo el fiscal Cistoldi tras la audiencia por el acuerdo de juicio abreviado con una pena en suspenso de dos años y medio de prisión. “Es muy difícil que el juez pida una pena menor”, señaló sobre la decisión que deberá oficializar el juez Hooft en cinco días.
Luego de una extensa audiencia de tres horas en la que Eduardo Lalo Ramos junto a su abogado y la fiscalía le presentaron al juez Pedro Hooft el acuerdo de juicio abreviado que le estipula una pena de dos años y medio de prisión en suspenso, el fiscal Pablo Cistoldi defendió la decisión adoptada, consideró que se trata de una “muy buena respuesta” ante el hecho y, respecto a la homologación que tiene que concretar el juez de ese acuerdo en un plazo de cinco días, aseguró: “No digo que sea un trámite, pero es muy difícil que el juez vaya a pedir una pena menor que la nuestra”.
En primera instancia, el fiscal explicó que se trata de un acuerdo de juicio abreviado “con una pena cercana al máximo que permite la ley, que parte de una multa de $3000 a una pena de tres años de prisión”. Es decir, que en un posible juicio oral la pena máxima que se le podría haber otorgado a Ramos es solo de seis meses superior a la acordada.
En concreto, el fiscal detalló que lo que se acordó es una pena de dos años y medio de prisión en suspenso con reglas de conducta habituales, constitución de domicilio, el control del Patronato de Liberados, un curso de manejo defensivo y la realización de una taller de reflexión sobre el valor de la vida humana. Y a eso se le agrega una consulta psicológica para evaluar si Ramos depende de alguna sustancia, ya que al momento del hecho Ramos estaba alcoholizado, y, en el caso de que haya dependencia, se hará un tratamiento.
“Dentro de lo que es el marco que ofrece la ley consideramos que es una buena respuesta, es una condena: la defensa del imputado renunció a todo tipo de recursos contra la eventual condena, con lo cual hay una etapa que se cierra”, consideró el fiscal y señaló: “Hay que tener presente que esto no cierra la situación de una familia, de una víctima, esas son cosas que la justicia penal no las va a poder cerrar, sí lo que puede hacer es un aporte, porque a través de esto se dan por probados determinados hechos y la Justicia civil está obligada a tenerlos por probados: lo que el juez penal considera como probado el juez civil lo tiene que tener por probado”.
POR QUÉ SE ELIGIÓ UN JUICIO ABREVIADO
Cistoli sostuvo que hubo varios factores que influyeron a la hora de inclinarse por un juicio abreviado. Uno de ellos fue la duración del proceso. “¿Qué sucede si vamos a un juicio oral, donde todos discutimos y peleamos? En un caso así la fiscalía pierde el control de los plazos. Y pensando en lo que es la función preventiva y lo que es la reparación, todo queda a resultas de la sentencia firme, que podría ser dentro de un año, dos, tres o cuatro: aun podría no existir una sentencia firme y prescribir la causa, de acuerdo con la posibilidad de recursos que tiene el defensor. Entonces en esto hay una especie de cálculo que hacemos desde una perspectiva lo más realista posible de decir: qué riesgos tenemos para una cosa y qué beneficios tenemos”, explicó
EL DOLOR DE LAS VÍCTIMAS Y LA REPARACIÓN
En este marco, el fiscal reparó en que desde otra perspectiva “hay que pensar la situación de las víctimas es totalmente distinta”. “Hubo un hecho grave que genera una victimización a largo plazo, la familia queda atada a la salud de Thiago y esto después de que termine la sentencia y la pena sigue para la vida de ellos. Y hay otra cosa que tiene que ver con el hecho del momento de ver a su hijo prácticamente muerto y eso no se le va a borrar a la mamá. Y eso no lo va a borrar ninguna sentencia o condena. La fiscalía desde ese punto de vista respeta totalmente el hecho de que la Justicia no va a dar. Nos corresponde absolutamente a todos como sociedad estar cerca de las víctimas”, remarcó.
LA HOMOLOGACIÓN DEL ACUERDO POR PARTE DEL JUEZ
Respecto a los pasos a seguir en torno al proceso de juicio abreviado y de que finalmente el juez Pedro Hooft del visto bueno del acuerdo y condene a Ramos a dos años y medio de prisión y a cuatro de inhabilitación para conducir, el fiscal dio por entendido que prácticamente se trata de un formalismo y que el acuerdo terminará por consolidarse. “No digo que sea un trámite, pero es muy difícil que el juez vaya a pedir una pena menor que la nuestra”, sostuvo.
INHABILITACIÓN PARA CONDUCIR
En cuanto a uno de los puntos estipulados en el acuerdo de que Ramos no podrá conducir por cuatro años, el fiscal remarcó: “Ramos entregó su licencia, fue parte de las conversaciones que tuvimos en su momento: muchas veces discutimos judicialmente y por el otro lado discutimos para encontrar soluciones razonables. Se entregó la licencia y a partir de la sentencia, que el defensor ya adelantó que no apelará, tiene una inhabilitación para conducir que es el máximo por ley: cuatro años”.
EL ROL SOCIAL DEL CASO
Tal como lo ha hecho al tratar otros casos de siniestro viales, el fiscal reparó en la conciencia social necesaria respecto al tema y este tipo de hechos. “Es un hecho grave, terrible, que se ha publicitado: me parece que a los que miran o escuchan en este momento los tiene que ayudar a pensar, más allá del acuerdo de pena de una persona concreta, pensar si esa persona es la única que pone en peligro la vida de los demás, si el que ve la televisión no la pone en peligro también, si no le está dando el auto a un hijo para poner en peligro otras vidas”, dijo y destacó: “Si a nosotros este tipo de noticias nos sirve para decir que alguien es un demonio y seguir con nuestra vida como estamos, las calles van a seguir siendo un infierno, una selva. Este tipo de casos nos sirven para pensar cómo somos como sociedad”.
