Celulares en cárceles: afirman que la regulación permitió disminuir y esclarecer delitos
Así se deprende de un comunicado del Servicio Penitenciario Bonaerense contra una iniciativa de legisladores de Juntos.
La situación carcelaria fue una de las más delicadas al momento de la irrupción de la pandemia de coronavirus y las medidas para reducir su impacto, de las más comentadas. Entre las políticas al respecto se destacó la regulación del uso de celulares por parte de los internos en las cárceles, lo que, contrario a los discursos más difundidos mediática y políticamente en la materia, desde el Servicio Penitenciario Bonaerense aseguran permitió reducir y esclarecer delitos.
Así se desprende de un comunicado emitido por el SPB, en respuesta a un proyecto de los diputados del bloque de Juntos en el que solicitan la derogación de un protocolo de actuación que, según datos oficiales y contrario a lo que argumentaban los legisladores, tuvo consecuencias positivas en la cuestión social, pero también judicial.
En concreto, el SPB sostiene que la regulación del uso de celulares no solo sirvió para que en medio de la pandemia las personas privadas de su libertad no perdieran contacto con sus seres queridos ante el cese de visitas, sino que también “se ha logrado disminuir la cantidad de delitos cometidos desde las unidades penales a través de dispositivos móviles”, indican y destacan que en los casos en los que se cometieron delitos, la regulación posibilitó “el rápido esclarecimiento de ese tipo de ilícitos y la pronta imposición de la sanción correspondiente”.
El protocolo -cabe aclarar- no partió de la iniciativa del gobierno, sino que fue consecuencia de un fallo judicial: en 2020, el Juzgado de Ejecución N°2 de Mar del Plata hizo lugar a un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como respuesta a las intensas protestas en la Alcaidía Penitenciaria de Batán contra el cese de visitas.
Desde el Servicio Penitenciario, en consecuencia, señalaron que el protocolo -utilizado en numerosas provincias- fue validado por las autoridades judiciales y se centra “en antecedentes internacionales en la materia”. En consecuencia, entre otras disposiciones, “circunscribe su utilización a las actividades educativas a distancia y a los contactos familiares, establece un ‘Registro de celulares’ que identifica fehacientemente a cada usuario, delimita los ámbitos habilitados para el uso de telefonía celular y prohíbe las redes sociales con excepción de WhatsApp”.
EL SPB Y EL DISCURSO DE LAS “LIBERACIONES MASIVAS”
Además de contestar el proyecto de derogación, desde el Servicio Penitenciario Bonaerense desmintieron declaraciones públicas realizadas por los legisladores en torno al tan difundido discurso a nivel mediático y replicado por algunos sectores de la política que indica que durante la pandemia hubo “liberaciones masivas” de personas privadas de su libertad, que habrían sido impulsadas por el propio gobierno.
Desde el Servicio Penitenciario, al respecto, recordaron que las resoluciones judiciales liberatorias de personas detenidas no son funciones del Poder Ejecutivo, como tampoco lo son detener personas o recurrir resoluciones en procesos judiciales.
En ese marco, ilustraron que la “liberación” de personas detenidas de acuerdo con los procesos judiciales, según las estadísticas producidas por la Procuración General de la Suprema Corte de la Provincia, tuvo su pico en el año 2019, con 42.061 casos.
En detalle, indicaron que en el año 2015 hubo 34.443 casos de personas que recuperaron la libertad desde cárceles y comisarías de la Provincia, y desde entonces se mantuvo en ascenso hasta 2019. Puntualmente, y contrario a lo que se difunde sin datos estadísticos, en 2020 esa tendencia se revirtió y cayó a 36.257 personas y al 10 de agosto de 2021 los datos daban cuenta de 33.715.
