Choferes fantasmas: dos nuevas denuncias y pedido al Municipio
Abogados efectuaron presentaciones judiciales en representación de uno de los damnificados. Mediante una nota, le pidieron a la Comuna que no permita que los transportistas se presenten a una nueva licitación.
En el marco de la investigación judicial por la que se encuentran procesados los empresarios que monopolizan el transporte público de pasajeros de Mar del Plata, acusados de haber estafado al Estado en el cobro de subsidios -en la causa conocida como “Choferes fantasmas”– dos abogados de la ciudad realizaron una serie de presentaciones en representación de uno de los damnificados, con el objetivo de que se investiguen tres delitos: la asociación ilícita, la estafa y defraudación y la falsificación y utilización de documentos públicos, dado que el denunciante no contaba con registro de conducir pero en los papeles figuraba como chofer habilitado. Esto, en relación a los transportistas y a los funcionarios municipales que pudieran haber tenido participación.
En ese sentido, y según pudo saber QUÉ Digital, en los últimos días los abogados Demián Martínez y Nerina Oca se presentaron en la Subsecretaría de Transporte y Tránsito de la Comuna con el objetivo de notificar al Municipio acerca de la radicación de dos nuevas denuncias contra los transportistas: una en la órbita federal y otra en la provincial.
Desde julio del año pasado Juan Inza y otros cinco empresarios que manejan el servicio de colectivos en Mar del Plata se encuentran procesados por la Justicia por haber defraudado al Estado nacional al falsear declaraciones juradas en las que figuraban empleados en blanco que nunca fueron contratados para el cobro de más de $16 millones en conceptos de subsidios entre enero, febrero y marzo de 2016. Y desde mayo de este año ese procesamiento se encuentra confirmado por la Cámara de Apelaciones.
Puntualmente, en la causa en curso están procesados el empresario Juan Inza-que monopoliza como “apoderado” o “gerente” prácticamente todas las empresas de colectivos que operan en la ciudad- y otros cinco acusados: Juan Inza -padre-, Diego Basílico -Peralta Ramos-, Federico José Pomero -contador-, José Alberto Ferraresi -12 de Octubre-y Carlos Málaga -gerente de la 25 de Mayo-. En su momento, cuando dictó los procesamientos, el juez Santiago Inchausti estableció que las cuatro empresas implicadas funcionan a partir de un holding de hecho en el que la firma 25 de Mayo ha capitalizado y absorbido tácitamente a las tres restantes, sin perjuicio de que cada una funcione de manera independiente. Es decir, todas las empresas funcionan bajo el poder de Juan Inza.
El empresario Juan Inza junto a su padre, también imputado (Foto: archivo / QUÉ Digital)
En ese marco, en la nota dirigida al subsecretario de Transporte y Tránsito, Claudio Cambareri, los letrados que actúan en representación de Rubén Leonel Arnol -uno de los damnificados- informaron al Municipio acerca de la formación de dos nuevas causas y el pedido para que se investiguen tres delitos: la asociación ilícita, la defraudación por haberse otorgado en perjuicio de otros un contrato simulado y la falsificación y utilización de documentos públicos, dado que el denunciante no contaba con registro de conducir pero en los papeles figuraba como chofer habilitado.
Al respecto, los abogados recordaron que de acuerdo a lo establecido en el pliego de licitación “el Ejecutivo tiene la posibilidad de disponer la caducidad de la concesión cuando mediare falseamiento de informaciones, datos, antecedentes, adulteración de registración y toda actitud que implique viciar de error el acto administrativo”.
Y en ese sentido, le pidieron al Municipio que disponga la caducidad de la concesión con pérdida de la garantía “y recuperación e incautación de los bienes para asegurar la prestación del servicio”, en tanto se oponga a que los empresarios de las empresas 25 de Mayo, Peralta Ramos, 12 de Octubre y El Libertador “se presenten una nueva licitación a futuro” y que se prohíba “cualquier tipo de prórroga a la presente concesión vigente”.
“En caso de incumplimiento o falta de acción por su parte, se iniciarán las acciones legales por encubrimiento”, advirtieron los abogados Martínez y Oca, quienes en la misma nota hicieron alusión a la información que fuera publicada por QUÉ Digital en relación a los carteles que comenzaron a aparecer en las unidades y que advierten que en enero el boleto podría costar $40, de concretarse la transferencia de subsidios de la Nación a los municipios.
En esa misma línea, en la nota cuestionaron la decisión de Cambareri de respaldar los carteles y advirtieron que “en caso de mantenerse esta postura e ignorarse los serios perjuicios ocasionados se iniciarán las acciones legales por el delito de asociación ilícita”.
PERJUICIOS ECONÓMICOS Y PERSONALES
Según explicó el abogado Demián Martínez, las denuncias fueron presentadas luego de que el damnificado aportara algunos “datos llamativos” como el hecho de que él, sin siquiera tener una licencia de conducir para manejar un auto, “al momento de averiguar para sacar el registro le dijeron que él ya tenía un carnet profesional de conducir; es decir se falsearon documentos públicos”.
“Nos llamó la atención que en la causa federal solo se investigue la defraudación pero no la asociación ilícita, cuando en el auto de procesamiento que fue confirmado por la Cámara en mayo de este año se describen los roles de los empresarios procesados. Entonces ¿se describen los roles pero no se investiga la asociación ilícita?”, cuestionó el letrado.
En esa misma línea, y tras advertir que “hay irregularidades que se están tapando”, Martínez puntualizó que en paralelo a la presentación que fue radicada en la Fiscalía N°10 de Delitos Económicos se efectuó otra presentación ante la Justicia federal con el objetivo de que no solo se investigue la asociación ilícita y la defraudación al Estado por los cupos de empleados “sino por el tema de los subsidios al gasoil, por ejemplo”.
Según consta en ambas denuncias, en marzo de este año el damnificado intentó sacar un crédito de tipo personal en el Banco Provincia pero no puedo hacerlo: allí le informaron en primera instancia que en la base de datos de dicho banco figuraba como personal de trabajo -chofer de colectivo- de la empresa de transportes 25 de Mayo. “Sorprendido ante la noticia, me dirigí a las oficinas de Anses y AFIP a fines de corroborar lo expuesto, constatando efectivamente que figuraba registrado como empleado de la empresa 25 de Mayo. Me informaron que fui registrado como empleado en dicha empresa por un periodo de tres meses, comprendido entre enero y marzo del año 2016”, se puntualiza en la presentación.
Y en esa misma línea, se aclara: “La realidad, es que jamás desempeñé ningún tipo de labor en la referida empresa, y nunca recibí ningún tipo de remuneración. Resultando ser evidente que en ningún momento firme ningún contrato de trabajo temporario, ni de ningún tipo, para ser empleado en dicha empresa”.
Ante esta situación, y tras enumerar los perjuicios y afectaciones personales sufridos por la víctima -en la denuncia consta que el hombre no pudo acceder al crédito porque le solicitaban los recibos de sueldo, algo que nunca tuvo porque jamás cobró el dinero que figuraba en el sistema- los abogados puntualizaron que en 2015 el damnificado le había entregado un currículum a quien fuera delegado de la empresa, Gaspar Peralta.
“Se puede decir en función de lo expuesto, que es probable que Gaspar Peralta recibiera beneficios económicos, por parte de los empresarios de la empresa de transportes 25 de mayo y de otras empresas de transporte de colectivos. Ello, a cambio de entregar datos de personas desempleadas que buscaban con real necesidad un trabajo y en plena confianza hacían entrega de sus currículum con información personal”, se detalla.
Ante esta situación, y en el marco de las investigaciones en curso, los abogados solicitaron en el ámbito de la Justicia provincial la “correspondiente indemnización pecuniaria” por los perjuicios ocasionados en el marco de los delitos enumerados. A razón de resolver esta situación, se pidió que se fije una audiencia entre las partes “a los fines de pacificar el conflicto penal en lo atinente a la defraudación de la que fuera víctima, mediante aplicación del régimen de resolución alternativa de conflictos penales”.
LAS DENUNCIAS, CONTRA EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS
En el marco de la presentación de ambas denuncias, y según pudo corroborar QUÉ Digital, la denuncia en el ámbito provincial por asociación ilícita, estafa y defraudación, falsificación de documentos y utilización de documentos falsos está referenciada con el accionar de Juan Inza (padre e hijo), Diego Basílico, Federico José Pomero, Sebastián Juan Calderín, José Alberto Ferraresi, Cristian Horacio Pagura, Manuel Valverdi, Carlos Málaga, Hugo Pierozzi y Gaspar Peralta.
Además, y en cuanto a la presentación ante la Fiscalía N°10 por los delitos de asociación ilícita, estafa y defraudación, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de documentos y utilización de documentos falsos, la misma está referenciada con aquellos “funcionarios públicos y autoridades municipales que ejercían o ejercen cargos públicos relacionados con el área de transporte y tránsito al momento de los hechos”.
Finalmente, y en lo relativo a la denuncia en el ámbito federal, la misma es por el delito de asociación ilícita en relación al accionar de los empresarios del transporte Juan Inza (padre e hijo), Diego Basílico, Federico José Pomero, Sebastián Juan Calderín, José Alberto Ferraresi, Cristian Horacio Pagura, Manuel Valverdi, Carlos Málaga y Hugo Pierozzi.
