Choripaneros: piden vetar la ordenanza por ser “excluyente”
Un grupo de trabajadores se mostró disconforme con la norma aprobada. Cuestionan la cantidad de permisos, aseguran que se necesita un capital de $200.000 y advierten que la regulación “atenta contra el derecho a trabajar”.
Pese a la satisfacción que generó la demorada aprobación de la ordenanza que regula la actividad de los choripaneros en la ciudad, un grupo de trabajadores se mostró disconforme con la norma a partir de considerarla “excluyente”. Por eso, quienes se encuentran representados por el Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública presentaron una carta al intendente en la que le piden que vete la ordenanza y promueva “la sanción de una nueva regulación que contemple la realidad de todas las partes involucradas”.
En concreto, los trabajadores que no están de acuerdo con la ordenanza justifican su postura en el carácter “excluyente” de la misma, dado que -según expusieron- mediante la misma se impusieron “condiciones de imposible cumplimiento para la gran mayoría de los trabajadores del sector, tanto en lo económico como en lo operativo y funcional”.
Entre otros puntos, en la carta elevada a Carlos Arroyo los trabajadores cuestionan que se necesite un capital de más de $200.000 para poder estar “en regla”. “Lo que se ha hecho es regular una actividad desempeñada por trabajadores excluidos del mercado laboral formal y empobrecidos para que sea únicamente realizada por empresarios”, entendieron y pidieron que el Municipio entregue subsidios -con cargo de devolución con plazos y tasas razonables- para adquirir elementos de trabajo.
A su vez, y en lo que hace a la cantidad de permisos, los trabajadores consideran insuficientes los 50 otorgados dado que “la realidad nos indica que hay más de 200 personas que hacen de esta actividad su único sustento y fuente trabajo”.
“¿Cuál es el criterio empleado para fijar ese número? No se ha realizado ningún censo o relevamiento serio para ello, en consecuencia el número fijado luce arbitrario o es al solo efecto de beneficiar a un puñado de amigos sin contemplar la realidad del sector”, criticaron y consideraron que la norma “atenta contra el derecho a trabajar de cientos de compañeros, y por consiguiente es inconstitucional”.
UNA PROPUESTA INTEGRADORA
Finalmente, desde el Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública se mostraron molestos dado que en la elaboración de la norma “no se contempló ninguna de las propuestas efectuadas por los trabajadores”. Y en ese sentido, entendieron que los permisos “no deberían ser precarios ni temporales sino permanentes”.
“Entendemos que se debe regular la actividad, contemplando la realidad actual de los trabajadores del sector, buscando que la reglamentación no sea excluyente sino integradora, con condiciones de funcionamiento accesibles para todos”, advirtieron, al tiempo que solicitaron la participación activa “de los trabajadores y las organizaciones gremiales o de otra naturaleza que los nuclean en proceso de reglamentación y ejecución de la normativa”.
