Boleto estudiantil: “La Provincia no puede seguir desentendiéndose”
La Defensoría del Pueblo, el Inadi y Suteba se sumaron al reclamo de las comunidades educativas por la situación en la línea Costa Azul y apuntaron contra la Subsecretaría de Transporte bonaerense.
“La Subsecretaría de Transporte de la provincia de Buenos Aires no puede seguir desentendiéndose de esta grave situación y será responsable por no remover los obstáculos para que los alumnos puedan ejercer su derecho”. Con esa definición, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) y el gremio docente Suteba cuestionaron al gobierno provincial ante la falta de respuestas y soluciones para restituir el boleto estudiantil a cientos de estudiantes de Mar del Plata a quienes la empresa de colectivos Costa Azul se los quitó cuando tomó los recorridos que años atrás realizaba El Rápido del Sud.
Tras numerosos reclamos de madres, padres, alumnos y comunidades educativas de los barrios de las ruta 11, 88 y 2 que utilizan los colectivos de media distancia de Costa Azul para poder ir a la escuela, y luego de que las propias familias presentaran un amparo ante la Justicia con el objetivo de obtener de alguna manera la restitución del boleto estudiantil, distintas entidades se hicieron eco de la situación por la cual hasta ahora la Subsecretaría de Transporte provincial no ha dado respuestas.
La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón, la delegación de la Defensoría de la Provincia, el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) y el sindicato docente Suteba analizaron la situación denunciada por las familias ante “las dificultades que significa el enorme costo del pasaje del servicio de colectivos que lleva adelante la empresa Costa Azul y que perjudica la concurrencia de alumnos a las escuelas agrarias”.
Las entidades plantearon que se trata de un acto de “discriminación contra los alumnos de las rutas 2, 11 y 88″ y plantearon su “enorme preocupación por la falta de respuesta de las autoridades al pedido de los padres y las madres de poder ejercer el derecho de enviar a sus hijos a la escuela”.
“El costo impagable para las familias del boleto de transporte público de pasajeros impide la formación de niños y niñas que deben estudiar y formarse y castiga a sus padres por el hecho de enviarlos a estudiar a escuelas especializadas”, consideraron a través de un comunicado.
Y apuntaron contra la falta de soluciones gestionadas por la Subsecretaría de Transporte bonaerense, a cargo del funcionario Alejo Supply.
“Es obligación del Estado garantizar el acceso a la educación y por lo tanto debe intervenir para solucionar este grave problema que lleva años sin solucionarse”, afirmaron, en primer término, y completaron: “La Subsecretaría de Transporte de la provincia de Buenos Aires no puede seguir desentendiéndose de esta grave situación y será responsable por no remover los obstáculos para que los alumnos puedan ejercer su derecho”.
Las entidades y el gremio docente aseguraron que “seguirán realizando gestiones ante la Provincia y entendieron que el gobierno municipal “también debe realizar gestiones porque los alumnos y alumnas son de General Pueyrredon”.
EL CONFLICTO
El conflicto se inició en 2019 cuando fue dada de baja la empresa El Rápido del Sud de los servicios que brindaba entre Mar del Plata y algunas localidades vecinas. Esos servicios eran utilizados por las familias de los barrios más alejados del centro para enviar a sus hijos e hijas a colegios de otros barrios o incluso otras localidades, con pases gratuitos otorgados por la empresa.
Sin embargo, al tomar los recorridos que unen a la ciudad con localidades de la Ruta 11, 2 y 88, la empresa 12 de Octubre-Costa Azul -del polémico empresario Juan Inza– se negó a otorgar esos pases, amparándose en que se trata de un servicio de media distancia, provincial, y que no tiene una normativa vigente que la obligue a implementarlo como sí ocurre en los de corta distancia.
En el medio, las familias tuvieron el cambio de autoridades a nivel nacional, provincial y municipal y, más allá de avances a principios de 2020,luego todo volvió a foja cero con la paralización que supuso la pandemia, por la cual además los estudiantes dejaron de concurrir a las escuelas.
El inicio del ciclo lectivo 2021, entonces, encontró a estas familias prácticamente igual que en 2019, a pesar del tiempo transcurrido y las gestiones que exigieron durante todo este tiempo. Lo único que sí cambió es el poder adquisitivo de las familias que, en medio de la crisis, deben pagar altísimas sumas a la empresa solo para que sus hijos e hijas puedan ir al colegio.
