Costa Brava: un año de reclamo y burlas de los empresarios
Sin avances en las indemnizaciones, a los trabajadores les habían prometido un monto especial para las fiestas, pero solo les pagaron la mitad. Otra vez los denunciaron ante la Justicia, que les aplicó una medida de restricción.
Como si se tratara de una burla al legítimo reclamo de unos 50 trabajadores, los empresarios responsables de la pesquera Costa Brava siguen sin pagarles las indemnizaciones a un año del cierre de la planta, y si bien les habían anunciado que les abonarían una suma por las fiestas, solo cumplieron con la mitad. Ante una nueva protesta, la familia Di Leva fue otra vez a la Justicia, que les aplicó a los obreros una orden de restricción para que no protesten por lo que les corresponde.
Las negociaciones están estancadas. Desde el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP) reconocen estar cansados de la familia Di Leva ya que no está dispuesta a terminar con el conflicto: un conflicto iniciado con el despido de unos 50 trabajadores en diciembre del año pasado al que no les pagaron ningún tipo de indemnización.
En el marco de la continuidad de una negociación por demás trabada y conflictiva, Francisco Di Leva y su hija Karina se habían comprometido a hacerles a los trabajadores dos pagos de $5 mil cada uno para que pasen las fiestas. El primer se concretó la semana pasada, pero el segundo nunca llegó. Entonces, una vez más, los trabajadores fueron hasta la casa de Di Leva -ubicada en Formosa y Corrientes– a protestar y se encontraron con la policía advirtiéndoles de una nueva restricción de acercamiento dispuesta por la Justicia en el marco de otra denuncia realizada por la hija de Di Leva.
“Lo que buscan es extender aún más esto en el tiempo y no resolverlo. Hay gente que se acerca con intención de reactivar la planta pero los Di Leva no negocian, no quieren resolver el conflicto”, sostuvo la titular del SOIP, Cristina Ledesma.
En cuanto a la denuncia en sí la dirigente explicó que Karina Di Leva nombra a algunos trabajadores ante la Justicia con “acusaciones irrisorias” para luego impedirles acercase a protestar a sus domicilios. “Dando lugar a estos pedidos ni la Justicia acompaña a resolver el tema”, se lamentó Ledesma.
“Esta gente ya esperó demasiado, da mucha vergüenza que no le paguen a los trabajadores después de un año de haber cerrado”, sostuvo la dirigente.
