Cárceles: la Comisión por la Memoria y su aclaración sobre la sobrepoblación
Apuntaron contra el tratamiento “tendencioso” de un dato surgido del Tribunal de Casación bonaerense sobre detenidos con posibilidad de ser liberados, que el gobierno salió a desmentir.
En el marco de la Mesa Interinstitucional que se reúne para abordar la crisis humanitaria en los penales bonaerenses, la Comisión Provincial por la Memoria emitió un comunicado para aclarar una polémica generada a partir de un dato que habla de la existencia de al menos 10 mil personas privadas de su libertad con posibilidad de ser excarceladas, surgido de un informe del Tribunal de Casación y utilizado por un miembro del organismo. Aseguran que se hizo un tratamiento “tendencioso” por parte de los medios, lo cual derivó además en una desmentida del gobierno de Axel Kicillof.
En las últimas semanas comenzó a reunirse la Mesa Insterinstitucional convocada por el gobierno provincial para darle una respuesta a las demandas de las y los internos de los penales bonaerenses y sus familias, que protagonizaron una huelga de hambre -también en Batán- para exponer sobre todo las condiciones de hacinamiento y de falta de comida y alimentos que sufrían.
En ese marco, uno de los planteos que se hizo desde el propio Poder Judicial como vía para solucionarlo, fue empezar a implementar de manera “racional” el uso de la prisión preventiva, una de las causas por las cuales las cárceles superan un 110% su capacidad. Por su parte, desde la CPM, uno de sus representantes, Rodrigo Pomares, expuso en una entrevista el dato de que habría al menos 10 mil personas con posibilidad de ser excarceladas, dato que surge de un informe de la Cámara de Casación y que según el organismo de Derechos Humanos, fue utilizado “tendenciosamente” por los medios.
Ante la circulación de esas declaraciones con la intencionalidad denunciada, el propio gobierno provincial y en ese mismo tono, salió a “desmentir” a la CPM. “El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desmiente los dichos vertidos por miembros de la Comisión Provincial por la Memoria que hacen referencia a la liberación masiva de detenidos en las unidades penitenciarias bonaerenses”, expusieron en un comunicado. “La mesa interinstitucional de diálogo nunca analizó medidas de excarcelación anticipadas a las penas establecidas por el Poder Judicial”, insistieron.
Por su parte, ante el ida y vuelta dialéctico, desde la Comisión Provincial por la Memoria se expidieron y lamentaron la manera “maliciosa y tendenciosa” con la que se divulgaron las declaraciones atribuidas al organismo. “De ninguna manera la CPM afirma tal cosa. No habla en representación de la mesa. Tampoco la mesa tiene esa potestad. La libertad de las personas detenidas es una facultad del juez a cargo de cada una de ellas”, aclararon.
De todas maneras, señalaron que el dato citado es de una fuente oficial de la Justicia bonaerense: “La cifra citada es una estimación de la cantidad de personas que estarían en condiciones de acceder a medidas morigeratorias, alternativas a la prisión o excarcelaciones. Es un cálculo que surge luego del Informe del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires publicado en el mes de noviembre de 2019 que aporta elementos para este análisis. Ese informe tuvo una vasta repercusión pública incluso en los mismos medios que hoy publican esta información”.
Ante esta situación, destacaron la labor de la Mesa para abordar una problemática que se repite en numerosos penales de la Provincia y que “ha sido un paso de máxima importancia para avanzar en la resolución de la crisis humanitaria que se vive en los lugares de encierro de la provincia y que generan no sólo graves violaciones a los derechos humanos y niegan las garantías constitucionales a las personas detenidas, sino que contribuyen a generar mayores niveles de violencia”.
Por último, apuntaron directamente contra los medios a los que acusan de sesgar las declaraciones: “Convocamos a una vez más al periodismo a informar de manera certera y aportar al debate con seriedad dejando de lado las operaciones políticas. El acceso a información de calidad es un derecho de la ciudadanía y un resguardo de la democracia”.
