Cupo laboral trans: un listado, 15 personas aptas y una larga espera
Desde la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad aseguran que hicieron “todo lo que pueden hacer” para promover el cumplimiento de la ordenanza 23237. ¿Qué hace falta?
En medio de las críticas por el incumplimiento y a dos años de la sanción de la ordenanza a través de la que el Municipio adhiere a la Ley Diana Sacayán, desde la Dirección de Derechos Humanos se expidieron respecto al cupo laboral para personas trans -del 1% en dependencias públicas- y aseguraron que hicieron “todo lo que pueden hacer” para impulsar el cumplimiento de la legislación, con un listado de 15 personas listas para trabajar e incluso ayudando a confeccionar currículums a las personas trans y travestis que todavía no lo presentaron. Sin embargo, lamentaron, hasta el momento solo recibieron dos llamados del resto de las dependencias.
Actualmente, en el ámbito de la Municipalidad solo hay 9 personas trans trabajando en distintas dependencias. Sin embargo, la ley establece como mínimo que el 1% de la planta municipal debe ser integrada por integrantes del colectivo: así, y teniendo en cuenta que actualmente son cerca de 8500 los empleados que tiene la Comuna, una cuenta rápida indica que faltarían incorporar, al menos y de manera escalonada a lo largo de cinco años, a otras 76 personas.
Días atrás, en diálogo con QUÉ Digital, Agustina Ponce de la Asociación Mundo Igualitario (AMI), explicaba que pese a la discriminación que supone en sí mismo el cupo, la legislación tiene como objetivo ser un puntapié inicial para que, siguiendo el ejemplo del Estado, se abran posibilidades también en el sector privado, y así se pueda comenzar a romper con los estereotipos y prejuicios que hoy en día siguen marginando a travestis, transexuales y transgénero, por lo que todavía es necesaria su inclusión en el mundo laboral a través de la letra fría de una ley u ordenanza.
En ese sentido, de la Dirección de Derechos Humanos, entidad responsable de la confección de listados para hacer de intermediaria entre el Estado y las personas que se ofrecen para trabajar, aseguraron que tienen un listado de 40 personas que presentaron sus datos, pero de ellas solo 15 lo hicieron con un currículum que les permita derivarlas a las áreas donde insertarse.
“Del resto solo tenemos los datos de contacto, no tenemos conocimiento de sus competencias ni del grado de trayectoria educativa que alcanzaron”, agregó en diálogo con QUÉ Digital Sonia Rawicki, responsable de la Dirección, y explicó que ante esa situación, desde la Mesa de la Diversidad que se reúne una vez al mes “propusimos junto a la Oficina de Empleo de la Municipalidad la posibilidad de llevar adelante jornadas de trabajo y capacitación, y también la posibilidad de confeccionarles los currículum”.
TRABAJO, INCLUSIÓN Y REPARACIÓN
En cuanto a las personas que presentaron sus currículum y están listas para ingresar, puntualizó que cada una tiene sus competencias. “Hay personas con distintas habilidades, capacidades y trayectoria educativa. En total hay 9 personas de la comunidad trans trabajando en la Municipalidad de General Pueyrredon, pero entraron antes de la ordenanza, no en el marco de la ley”, apuntó.
En 2017 la Dirección de Derechos Humanos incorporó a una persona en el marco de la ordenanza 23237 que adhiere a la ley provincial. Sin embargo, más allá de las acciones y del ejemplo de la Dirección, aún falta el compromiso del resto de las dependencias estatales.
“Además de tener actualizado el listado junto a las organizaciones en la Mesa de la Diversidad, se notificó a través de una comunicación interna que llega a todas las áreas de la Municipalidad la vigencia de la ordenanza y que la Dirección tiene un listado de personas para incorporarse a la fuerza de trabajo. También se enviaron notas a distintas secretarías repitiendo la información”, comentó la funcionaria.
Sin embargo, indicó que, por el momento, solo recibieron dos llamados por parte de otras áreas con la intención de incorporar trabajadoras de la comunidad travesti y trans a sus plantas. “Dos veces nos llamaron desde la Secretaría de Cultura, nos pidieron información y nos giraron una nota sobre una persona en particular, pero no tengo la certeza de que se haya producido la incorporación”, agregó.
“Lo que está al alcance del área de Derechos Humanos hicimos todo lo que podemos hacer, más allá de incorporar a una persona, no es la Dirección de Derechos Humanos la que tiene que obligar al resto de las dependencias, esos organismos serían la Defensoría del Pueblo o la Justicia”, concluyó Rawicki.
