Cupo laboral trans: cinco años de espera por el cumplimiento de una ordenanza
Pese a que la norma establece que un 1% de la planta debe ser ocupado por integrantes del colectivo, aseguran que no ha habido ingresos a través de la herramienta.
En 2017, a través de la Ordenanza 23.237, la Municipalidad de General Pueyrredon adhirió a la ley provincial conocida como Diana Sacayán, que establece la obligación de reservar en la planta estatal al menos un 1% del cupo laboral para personas trans y travestis. Sin embargo, desde el colectivo travesti-trans de Mar del Plata denuncian que no ha habido ingresos a través del cupo y aseguran que “la voluntad política es no hacer absolutamente nada”.
En el marco de la movilización que este sábado se realizó en el centro de Mar del Plata con el objetivo de denunciar los crímenes de odio, la exclusión y las violencias ejercidas sobre la población travesti y trans, desde la Comisión Basta de Travesticidios y Transfemicidios hicieron alusión al impacto del incumplimiento por parte del Municipio en lo que hace al cupo laboral travesti-trans.
En ese sentido, Agustina Ponce -activista travesti y coordinadora de Acceso al Empleo para las Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación- reparó en el hecho de que “el cupo laboral travesti trans es una herramienta que tiene el Municipio para revertir estos crímenes, estas muertes evitables”.
“Nuestra probabilidad de vida no deja de asociarse a la situación de prostitución a la que estamos sometidas las travestis, transexuales y transgéneros por el solo hecho de ser travestis, transexuales y transgéneros”, explicó, en diálogo con Qué digital. Y en ese sentido afirmó que, debido a la situación del colectivo, “nuestra población no tiene la posibilidad de elegir más allá de la prostitución o del cupo”.
Al respecto, Ponce aseguró que desde el 2017 -cuando se aprobó la ordenanza- “no entró a trabajar ninguna trava por el cupo” y que “todas las travestis que están en el Municipio fue por voluntades políticas individuales en gestiones anteriores a las de (Carlos) Arroyo y (Guillermo) Montenegro”. Y en esa misma línea, reparó en su caso particular, ya que antes de ser funcionaria del gobierno nacional ella misma trabajó en la Municipalidad pero su ingreso no se dio a través del cupo.
“Lo que ellos hicieron (Arroyo y Montenegro) fue llenar el Municipio de su gente y eso lo sabemos y no criminalizamos eso porque hay gente que entra a trabajar al Municipio y todos necesitamos trabajar. Pero hay una ordenanza que se está incumpliendo destinada a las compañeras y compañeros, una población específica”, graficó.
Consultada respecto a los motivos detrás de este incumplimiento, Ponce consideró que “es una decisión política no cumplir con el cupo”, ya que de un tiempo a esta parte desde el colectivo local le han elevado a la Subsecretaría de Derechos Humanos “una lista de no más de 50 personas que podrían llegar a ingresar y jamás llamaron a una sola persona para hacerle una entrevista laboral”.
“La Subsecretaría de Derechos Humanos es la que lleva el registro, y el primer paso sería ese, que está a cargo de Daniela Zulcovsky”, puntualizó la activista y trabajadora, quien además denunció que pese a que desde 2011 funciona en el ámbito del Municipio la Mesa de la Diversidad “desde la gestión de Arroyo eso se fue disipando hasta llegar a la de Montenegro que nunca más convocó” a una reunión.
“El Municipio debía sentarse a hablar con la diversidad para trabajar en políticas públicas, pero no hay trabajo hecho por parte del Municipio, o al menos no lo visibiliza, porque no hay voluntad política o porque la voluntad política es no hacer absolutamente nada por la diversidad”, cuestionó Ponce quien dijo que, en lo que hace al cupo laboral, si bien todavía no lo han analizado, no descartan la posibilidad de judicializar el incumplimiento por parte del gobierno local.
En la provincia de Buenos Aires la Ley 14.783 del Cupo Laboral Diana Sacayán está vigente y reglamentada desde el 2015, y en el caso de Mar del Plata, el Municipio se adhirió a la misma en 2017 a través de la Ordenanza 23.237. Algunos años después, en septiembre de 2020 el gobierno nacional estableció por decreto que al menos el 1% de los cargos y contratos en la administración pública nacional deberán ser ocupados por personas trans o travestis, una decisión que complementa el compromiso estatal asumido por la Provincia en 2015 y adherido por el Municipio en 2017.
