Cupo laboral travesti trans: el decreto nacional y la lucha por la inclusión en el sector privado
Esta semana se decretó el cupo laboral del 1% en el total de las dependencias de Nación, sumándose al vigente a nivel provincial y municipal. El colectivo travesti-trans, entre lo positivo y lo que falta.
Esta semana el gobierno nacional estableció por decreto que al menos el 1% de los cargos y contratos en la administración pública nacional deberán ser ocupados por personas trans o travestis, una decisión que complementa el compromiso estatal asumido por la Provincia en 2015 y adherido por el Municipio en 2017. La noticia fue celebrada por el colectivo, que de todas maneras mantiene expectativas moderadas frente a la lucha constante por la implementación de los cupos vigentes en las dependencias locales. Tras el puntapié estatal, la necesidad de impulso de una ley integral para el reconocimiento del cupo también en el sector privado.
“Este decreto es un gran avance en materia de derechos”, celebró en diálogo con Qué digital Agustina Ponce, integrante de la Asociación Mundo Igualitario (AMI), una de las organizaciones que participan activamente en las luchas del movimiento LGBTIQ+ en Mar del Playa y Batán, y también a nivel nacional.
“Es el reconocimiento ni más ni menos del propio Estado que las travestis y las y les trans estamos en desventaja desde el punto de partida y esa desventaja está relacionada con nuestro género autopercibido. Son días de profunda emoción, de muchos recuerdos. Puedo decir que de la Quiaca a Tierra del Fuego estamos profundamente emocionadas, reconocidas y con fuerza para seguir luchando por la ley como te decía antes. Un gran, gran paso”, sumó.
Según analiza Agustina, uno de los puntos claves del decreto firmado por el presidente Alberto Fernández es que el mismo tomó sus bases de la “ley de cupo federal” que están impulsando diversas organizaciones: “En términos sustanciales, el decreto refleja lo que queremos que se trate en el Congreso; tomó en todo las sugerencias que mandamos en un bosquejo de dictamen para la ley y eso es muy groso”, comentó.
(Foto: Qué digital)
Concretamente, se trata de un proyecto impulsado por tres frentes de organizaciones por los derechos del colectivo: Orgullo y Lucha (integrado por AMI y Atahualpa en Mar del Plata), la Liga de las Provincias y la Convocatoria Federal Travesti-Trans. La iniciativa contempla que tanto el sector público como el privado establezcan un cupo laboral inclusivo.
“Entendemos por un lado que la inclusión laboral no se agota con trabajo en el sector público. El Estado debe trabajar en conjunto con el sector privado e ir por un cambio de paradigma en lo referido al acceso a derechos por parte de nuestra comunidad. Este decreto allana mucho ese camino, la construcción por parte del Estado de un sentido social inclusivo y que reconoce nuestras existencias sin bajarle el precio”, explicó.
De todas maneras, aclaró que el impulso por la ley seguirá firme: “Un decreto es fácilmente derogable por otra administración. Una ley obvio que es derogable, pero el costo lo asumiría el Congreso, por lo tanto es un poco más difícil”, indicó y agregó que buscan llegar a otros sectores del poder público más allá del Ejecutivo, como el Poder Judicial o el Congreso mismo.
“La postura que toma el gobierno es una postura que entre líneas nos está diciendo que somos parte de la organización social y que tienen en cuenta de que ahí estamos y cómo estamos”, comentó y destacó la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el nombramiento de travestis en cargos de relevancia como Alba Rueda, militante y actual subsecretaria de Políticas de Diversidad. “No es un dato menor”, sostuvo.
Tras el decreto, surgen las expectativas de una vida mejor: “Después de conocida la noticia las compañeras que están en prostitución comenzaron a escribirnos para ver cómo tenían que hacer. Es algo que estamos esperando todas hace mucho tiempo, muy pocas hemos accedido al mundo del empleo formal, y este decreto es una herramienta más, y no cualquier herramienta“, señaló.
De todas maneras, como las anteriores conquistas del colectivo, este gran paso implicará para las organizaciones seguir luchando para la efectiva implementación del cupo establecido en el decreto, para que el mismo actúe como un punto de partida para generar la inclusión y el reconocimiento también en el sector privado, y poner fin de esa manera a una precariedad laboral que históricamente sufre el movimiento y que afecta directamente sus condiciones de vida, por la simple razón de haber autopercibido su género por fuera de la heteronorma y el machismo, las estructuras que a su vez las y les empujan a la prostitución y a una esperanza de vida que no supera los 40 años.
“Una de nuestras metas fue el cumplimiento del cupo a nivel municipal, provincial y nacional. Estamos todes de acuerdo que ésta es una gran herramienta para seguir construyendo en ese sentido. Es una lucha -la del cumplimiento- que tiene que convocar a todes. No es fácil pero venimos dando batalla, a nivel municipal se sigue luchando por el decreto reglamentario. Ya AMI acercó sugerencias para el mismo. En la Provincia Daniela Castro viene dando cumplimiento a la ley 14783, venimos, sin prisa, pero sin pausa”, cerró.
En la provincia de Buenos Aires la Ley del cupo laboral Diana Sacayán está vigente y reglamentada desde el 2015, y en el caso de Mar del Plata, el Municipio se adhirió a la misma en 2017 a través de la Ordenanza 23.237.
Sin embargo, y desde hace tiempo, diferentes organizaciones vienen denunciando la falta de cumplimiento y la implementación de la normativa, principalmente a nivel local, donde la autoridad de aplicación es la Dirección de Derechos Humanos.
Al menos hasta hace un año atrás, había en la administración municipal nueve personas travestis y trans trabajando, por lo que faltarían incorporar, en base a la planta municipal de alrededor de 8.500 trabajadores, como mínimo a otras 76 personas, de manera escalonada a lo largo de cinco años desde la adhesión municipal.
