De ser condenado por los ataques neonazis a integrar la Policía Bonaerense
Desde Correpi repudiaron el ingreso a la fuerza de Marcos Caputo, condenado en el histórico juicio de 2018 por integrar una organización “con una ideología totalitaria, violenta y racista”.
Marcos Caputo fue uno de los siete condenados en 2018 en el histórico juicio por los ataques neonazis perpetrados por una organización de extrema derecha marplatense. Sin embargo, su condena no incluyó la prisión efectiva y eso le permitió poco más de un año después ingresar a la Policía Bonaerense. Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) repudiaron su ingreso a la fuerza aunque advirtieron: “No es que no se dieron cuenta, es una decisión política”.
La Justicia Federal corroboró en 2018 que Caputo, hoy de 21 años, fue integrante de una organización “con una ideología totalitaria, violenta y racista” que, además de reivindicar el nazismo, cometió al menos doce hechos de violencia, entre los que figuran amenazas de muerte o golpizas con caños de PVC rellenos con cemento a integrantes del colectivo LGBTIQ+ y ataques en el marco del 30° Encuentro Nacional de Mujeres, en base a ideas o teorías de supremacía racial.
Sin embargo, su pena no incluyó la prisión efectiva como sí lo fue para los otros seis jóvenes -condenados a entre 4 y 9 años- ya que al momento de cometer los hechos por los que fue imputado era menor de edad, por lo que solo recibió un “tratamiento tutelar” durante dos años. Solo el hecho de no haber tenido que ir a la cárcel -a pesar de la gravedad de los hechos por los que fue condenado- le permiten según la Ley Orgánica de la fuerza, ser admitido en la Policía Bonaerense.
Para María del Carmen Verdú, referente histórica de la Correpi a nivel nacional, se trata de una “decisión política” acorde a la naturaleza de la fuerza: “Evidentemente son méritos, no son antecedentes. No hay otra manera de entenderlo. No es que se les escapó la tortuga y no se dieron cuenta. Es una decisión política”, planteó en su charla con Qué digital.
“Lo que dice la ley es que no pueden ser incorporados a la fuerza quienes hayan sido condenados por delitos dolosos con penas privativas de la libertad. Es algo que lo hemos cuestionado miles de veces”, agregó Verdú.
Al respecto, ejemplificó: “Tomá el ejemplo de Chocobar. Suponé que en el juicio lo condenan por homicidio culposo como ha pasado mil veces, es decir, sin intención de matar, como un accidente de tránsito o un médico que practica mala praxis. Entonces lo que nosotros cuestionamos de la ley orgánica es que no nos pone a salvo de que autores de gatillo fácil o torturas vuelvan a entrar a la Policía Bonaerense”, definió.
Lisa y llanamente, al igual que sucede con un neonazi que no recibe penas privativas de la libertad, lo que Vedú explicó es que “si un policía por cualquier motivo queda en libertad como pasa en el 90% de los casos de gatillo fácil, no es impedimento para que se mantenga en la fuerza”.
Pero más allá de la letra chica de la ley, Verdú advierte que lo más grave es que “pertenecer a una organización nazi no es éticamente un impedimento para ser policía”. “No es un inconveniente para ellos que el tipo sea públicamente militante de este partido de los que conocemos como los fachos de (Carlos) Pampillón. Caputo nunca escondió que es parte de esta organización y no es un problema para la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, sumó.
En ese sentido, Verdú vinculó este caso con el de la vocera o referente de la Policía Bonaerense en Mar del Plata durante el último levantamiento de la fuerza, que incluso llegó a rodear la Quinta de Olivos con patrulleros. Fue en ese marco que la expolicía Virginia Luján Sosa, de quien previamente la Correpi había expuesto sus vínculos con estos grupos de extrema derecha, se erigió como vocera ante algunos medios.
Los hechos resaltados por Verdú van en consonancia con el último artículo publicado por la Correpi, en el que desde el organismo concluyen con un diagnóstico definitivo contra la “naturaleza” de la Policía Bonaerense: “Es la ratificación de que no hay manera de democratizar la fuerza, incorporarle perspectiva de género y de respeto a los derechos de todxs, porque no hay reforma que pueda cambiar su naturaleza y función represiva”.
