Piden indagatoria para 7 policías y 3 civiles por el acuartelamiento
Es por los hechos acontecidos en diciembre de 2013. La Justicia Federal debe confirmar la solicitud de la Fiscalía. Entre los civiles se encuentra el líder de ultraderecha, Carlos Pampillón.
El fiscal Pablo Larriera elevó el pedido de indagatoria para siete efectivos de la policía y tres civiles, entre ellos el líder de ultraderecha Carlos Pampillón, todos acusados de “sedición” en el marco de la causa que investiga el acuartelamiento que realizó la policía por reclamos salariales el 8 y 9 de diciembre del año pasado. De esta manera, los implicados fueron imputados por la Fiscalía y ahora se aguarda el procesamiento o la desestimación por parte del Juzgado a cargo de Santiago Inchausti.
Los policías que la Fiscalía entienden deben ser llamados a indagatoria son Teniente Primero Carlos Turno;Teniente Arturo Tobares; Oficial Subayudante Walter Daniel Bernardis; Subteniente Rubén Ferreyra; Sargento Leandro Rene Bonora; Subteniente Adriana Nélida Brussolo; y Daniel Leonardo Silva, “quienes fueron claramente sindicados como “voceros” o referentes del reclamo por los titulares de cada dependencia afectada, y, en tal rol, instigaron a sus compañeros de fuerza, y tomaron parte además al dejar de cumplir sus funciones”.
“Ello -reparó el fiscal-, manteniendo bajo su dominio varios de los bienes estatales asignados para cumplir sus funciones, tales como los móviles policiales, las armas, chalecos y equipos de comunicación”. La hipótesis de la Fiscalía es que “el personal policial se valió de la disposición de los recursos que le dotara el propio Estado –patrulleros, chalecos antibalas, pistolas, escopetas, y munición- a efectos de arrancarle un aumento de sueldo a las autoridades –en el caso los distintos estamentos provinciales-, dejando desprotegida en dicho lapso a toda la población en su conjunto, situación que a su vez generó en ciertos sectores la decisión de cometer diversos ilícitos aprovechando dicha circunstancia”.
En los registros obtenidos de diferentes llamadas los días 8 y 9 de diciembre del 2013 al 911, hubo personas que “llamaron a las 15 horas y nunca fue un móvil. Robaron y rompieron todo”; o bien un señor expresó que “el hijo se dirigió a la comisaria tercera a efectuar una denuncia y no le tomaron porque no iban a atender a nadie”, a pesar de que el personal estaba en el interior.
Por otro lado, Los tres civiles llamados a indagatoria son Carlos Gustavo Pampillón, la expolicía Virginia Sosa, y Nicolás Masi, quien dijo ser secretario del Sindicato Policial Buenos Aires (Sipoba).
El 8 de diciembre pasado Pampillón participó del reclamo iniciado por la Caballería en la base ubicada en Parque Camet.
Al dar cuenta de la responsabilidad de los civiles, se deja en claro respecto a Pampillón que es “el nombrado quien incitó [previa, concomitante, y posteriormente] al acuartelamiento de la fuerza policial, portando incluso un autoparlante en el lugar del bloqueo a efectos de arengar a los presentes (recordemos que él mismo reivindicó estos hechos), conformando y abonando los motivos bastantes para sospechar que el nombrado ha tomado parte en la comisión de los mismos, tal como ha quedado sobradamente expuesto en esta instancia”.
Similar responsabilidad le cabe a la expolicía Virginia Sosa, apodada “la Rusa”, “quien ya en el mes de enero del año 2013 había estado encadenada protestando frente a la Municipalidad de General Pueyrredon, habiéndose colectado numerosos elementos (artículos periodísticos, videos, publicaciones en Facebook, así como las testimoniales de Comisarios Piccioni y Ferrá) que permiten sostener fundadamente que fue otra de las principales instigadoras -junto con Pampillón- de estos sucesos”.
Y por su parte, Nicolás Masi, en su carácter de autodenominado secretario de SIPOBA, “llevó a cabo, a sabiendas y con intención, una serie de actividades de difusión, propagación e incitación a través de los medios ya identificados, dirigidas a que el personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires destacado en la ciudad adoptara la decisión de auto acuartelamiento los días 8 y 9 de diciembre de 2013, con la finalidad de conseguir que las autoridades del gobierno provincial dispusiera un aumento salarial, dejando de esta forma de prestar servicios, con la consecuente desprotección ciudadana que ello trajo aparejada”.
