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09/09/2022

Discapacidad: una marcha a la luz de las velas de prestadores cansados de esperar

A la espera de percibir los pagos tras las denuncias de ajuste, sostienen sus reclamos por soluciones de fondo: “Hemos sido demasiado pacientes”, advirtieron.

Discapacidad: una marcha a la luz de las velas de prestadores cansados de esperar
(Fotos: Qué digital)

Prestadores que ofrecen su trabajo a diario a personas con discapacidad continúan con su plan de lucha en todo el país y este viernes buscaron visibilizar sus demandas al gobierno nacional y a las obras sociales a través de una luminosa marcha con velas en el centro marplatense: “Hemos sido demasiado pacientes“, advirtieron los y las profesionales que desde hace semanas denuncian recortes y los insostenibles retrasos en el cobro de sus prestaciones.

Las manifestaciones comenzaron a hacerse más fuertes semanas atrás con denuncias de recortes al área de discapacidad por parte del gobierno nacional y su programa económico de ajuste. Si bien el gobierno afirmó que una de las primeras demandas del colectivo de prestadores y familias vinculadas a obras sociales nacionales estaba “regularizada”, los reclamos se mantienen por una situación que decidieron dejar de naturalizar y enfrentar en la calle en búsqueda de soluciones de fondo.

Así y todo, los anuncios de “regularización” de los pagos por parte del gobierno nacional todavía no se concretaron: “Al día de hoy no vimos reflejados todavía estos anuncios en la totalidad de las cuentas bancarias de las y los prestadores. Ellos anuncian que todo está solucionado y nosotros seguimos recibiendo como respuesta a nuestros reclamos por parte de las obras sociales que todavía no se les giraron los fondos. Nosotros siempre fuimos los primeros en querer creer en este sistema pero necesitamos pruebas concretas“, introdujo Jésica, una de las profesionales, en diálogo con Qué digital.

Jésica conforma, junto a unos 500 profesionales, un colectivo denominado “Prestadores Unidos MDP“, que comenzó a articular acciones para llevar sus reclamos a la sede local de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, en un universo que incluye acompañantes terapéuticos, estimuladores visuales, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicopedagogos, psicólogos, musicoterapeutas, terapistas ocupacionales y transportistas, entre otros. Ese número, es solo una porción del total de trabajadores del sector en la ciudad que, si se tiene en cuenta que según cálculos de Jésica cada profesional trabaja con unos 20 pacientes, el total de personas afectadas directa o potencialmente, se multiplica.

Uno de los anuncios de la semana del gobierno nacional fue la conformación de una mesa de trabajo entre la Superintendencia, la Agencia Nacional de Discapacidad y prestadores independientes para solucionar cuestiones “puntuales”. Allí, describió Jésica, los profesionales les hicieron firmar un acta a las autoridades presentes “para que se comprometan a que a partir del 12 se regularice esto“.

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Los pagos que demandan, explica Jésica, tendrían que haberse realizado el 15 de agosto: “Hemos sido demasiado pacientes en un sistema que tiene como complejidad que nosotros cobramos como mínimo con 60 días después de haber presentado la factura”, dijo al respecto y agregó sobre una cuestión que va más allá de dos meses puntuales: “En mi caso y muchos otros todavía no cobré nada de lo del 2022. Que ellos no hayan realizado los pagos de esos meses era solo una problemática. Pero aparte cada una de nuestras compañeras y compañeros tienen deudas que son anteriores”.

Por su parte, donde todavía el gobierno reconoce serios problemas es en las obras sociales dependientes de los gobiernos provinciales, donde IOMA aparece como un foco recurrente de conflictividad a nivel local: “IOMA es muchísimo más compleja. Hay compañeros que no han cobrado nada del 2021. Y como mínimo alguien que trabaja para IOMA sabe que tiene que esperar. La semana pasada IOMA pagó marzo de 2022, a los que les pagó”, describió.

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Además, otra de las cuestiones que atraviesa su trabajo es un cobro por debajo de lo que “recomienda” el nomenclador: “Las obras sociales tampoco pagan lo que dice el nomenclador, porque los valores son orientativos, no regulativos. Hoy recibimos los honorarios que va a pagar IOMA y es muchísimo por debajo del nomenclador orientativo que tenemos por ejemplo para las obras sociales sindicales reguladas por la Superintendencia”, indicó y explicó que corresponde a la Agencia Nacional de Discapacidad la regulación de las provinciales como IOMA.

Los tiempos de cobro por las prestaciones, sostienen, es una falencia que tiene que cambiar de raíz. “Cuando nosotros hablamos de retrasos y que ellos dicen que nos quejamos porque queremos cobrar a los 10 minutos estamos hablando de retrasos realmente significativos. No son como mínimo 45 días como ellos anuncian orgullosos que sería el plazo de pago. Terminan siendo 60, 90, 120 días y muchísimos casos de personas que no cobraron nada este año, o que se les adeuda del 2021″, reiteró y deseó: “Quisiéramos cobrar como cualquier trabajador, a mes vencido. No conozco otros trabajadores que cobren con nuestros plazos”.

El precario sistema de cobro no solo deriva en graves retrasos para percibir sus honorarios -en promedio terminan cobrándolos devaluados en un 24%, calculan-, sino incluso en la posibilidad de no cobrarlos jamás: “El conflicto no tiene que ver solo con los atrasos, sino con los valores, la burocracia a la que somos sometidos para presentar una facturación, el tiempo que tardan en procesar esa información y después pagarla: hay compañeras a las que esta semana les rebotaron facturas de septiembre de 2021 por errores o cambios en la burocracia. Ya no se pueden cobrar ni rehacer y ya se pagaron impuestos por esas facturas que no se van a cobrar nunca”, explicó.

Otro de los cuestionamientos pasa por una presunta falta de control del Estado de los fondos que destina a las obras sociales, ya que desde la Superintendencia les habrían reconocido que no tienen forma de “auditar” esos fondos transferidos: “En la reunión la Superintendencia reconoció que no pueden auditar cuánto tiempo tarda la obra social en depositarnos. Entonces empieza a haber un agujero negro en el que no sabemos si realizan operaciones con nuestro dinero o qué, porque tardan 60 días”.

Toda esta situación sería más grave si no hubiera por parte de los trabajadores un compromiso con la profesión, a la cual no renuncian a pesar de todas estas trabas. “Si vos no le pagás la prestación al trabajador, sabés que corre riesgo la prestación de ese paciente. Nosotros elegimos trabajar brindando prestaciones a personas con discapacidad, no queremos trabajar de otra cosa, no queremos dejar a nuestros pacientes. Pero cuál sería la forma de visibilizar lo que nos está pasando si no hacemos una retención de las prestaciones”, concluyó Jésica.

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