Discapacidad: una “sentada” de prestadores a la espera de respuestas por sus honorarios
Prestadoras se manifestaron en la Superintendencia de Servicios de Salud. Reclaman contra el corte de cadena de pagos y la devaluación de sus honorarios.
En continuidad de los reclamos que impulsan hace tiempo por sus condiciones de trabajo, y sobre todo ante un nuevo corte en la cadena de pagos, prestadores de servicios de salud a personas con discapacidad realizaron una “sentada” este lunes ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) de Mar del Plata. “Los bonos no son salarios. Nosotros queremos cobrar nuestros honorarios”, plantean.
Luego de haber realizado la semana pasada una concentración frente a oficinas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), este lunes desde “Prestadores Unidos MDP” volvieron a manifestarse, esta vez ante el ente regulador de las prestaciones de obras sociales.
“Es una continuidad de las medidas que venimos desarrollando. Decidimos salir a las calles una vez más para visibilizar esta situación que es a nivel país. Estamos reclamando cobrar algo que ya lleva más de 60 días de cumplido nuestro trabajo. Habitualmente los prestadores cobramos con esta diferencia de tiempo pero en un país tan inflacionario, cuando cobramos lo cobramos totalmente devaluado, no existe ningún reajuste“, introdujo Jésica Machado, una de las prestadoras, en diálogo con Qué digital.
¿Por qué la manifestación de este lunes se centró en la Superintendencia?: “Porque es uno de los organismos que se ocupa de recaudar el dinero que se destina a las prestaciones de discapacidad y por otro lado es el órgano de control de las obras sociales y las obras sociales muchas veces retienen nuestro dinero más allá del tiempo prudencial. Nosotros creemos que la Superintendencia no realiza los controles necesarios sobre las obras sociales para que nosotros podamos cobrar en tiempo y forma”, planteó Jésica, sobre todo al afirmar que desde otras áreas del gobierno nacional como la AFIP afirman haber girado los fondos correspondientes a las facturaciones de junio.
“Desde acá no se toman las decisiones pero decidimos venir simbólicamente a este espacio porque es el que debería cuidar y proteger a los prestadores que brindamos servicios a las personas con discapacidad”, añadió momentos antes de ingresar junto con sus compañeras a la sede de la Superintendencia de Catamarca y 25 de Mayo.
Si bien el cobro de los trabajos facturados es uno de los principales reclamos, no es el único. Por otro lado también se encuentra el valor y la actualización de sus tarifas de referencia: el gobierno acuerda los incrementos del nomenclador con transportistas, la Iglesia Católica y centros de referencia -sin representación de autónomos- y la última actualización fue en julio, es decir, antes de la devaluación poselectoral. En ese entonces, se acordaron incrementos mensuales del 5% desde julio a diciembre, completando así un 92,46% de variación anual cuando la inflación acumulada en agosto ya llegó al 80,2%.
Además, en cuanto al presente de quienes se desempeñan como prestadores de salud para personas con discapacidad, la semana pasada hubo novedades del gobierno nacional porque anunció el pago de un bono equivalente al 25% del monto facturado en julio de 2023.
Ese bono, anunciado en medio del fuerte proceso inflacionario y, también, de los reclamos de los propios prestadores, sería destinado -según explicó el gobierno- a quienes hayan ofrecido prestaciones al Programa Federal Incluir Salud, obras sociales (dependientes de la Superintendencia de Servicios de Salud) y el PAMI a través del Sistema Único de Prestaciones Básicas y el Registro Nacional de Prestadores.
Sin embargo, los prestadores siguen esperando claridad respecto del anuncio y, considerando que más allá de los bonos siguen esperando cobrar sus trabajos, advierten: “Los bonos no son salarios. Nosotros queremos cobrar nuestros honorarios“, apuntó.
El conflicto abarca a trabajadores como acompañantes terapéuticos, estimuladores visuales, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicopedagogos, psicólogos, musicoterapeutas, terapistas ocupacionales y transportistas, entre otros. Hace un tiempo comenzaron a organizarse en busca de un cambio estructural en sus condiciones laborales (empezando, principalmente, por el sistema de cobro mediante facturaciones y burocracias) para poder de esa manera mejorar el sistema mediante garantías salariales que permitan garantizar el acceso a la salud de la población con la que trabajan.
Así, por ejemplo, la legislación vigente, lamenta Jésica, incluye la posibilidad de las obras sociales pagar honorarios hasta 60 días después de facturado: “No vemos voluntad política para cambiarlo. Son sistemas muy antiguos, enquistados que nosotros necesitamos que cambien y también la inflación nos va empujando a esperar cada vez menos, es imposible de sostener“, concluyó.
