Dos movilizaciones ante la “amenaza de miles de bajas” de programas sociales
Organizaciones sociales vuelven a cuestionar al gobierno nacional en torno al programa “Potenciar Trabajo” en medio de denuncias de irregularidades.
Diversas organizaciones sociales se manifiestan este viernes en Mar del Plata para cuestionar una “amenaza de miles de bajas” de beneficiarios del programa sociolaboral “Potenciar Trabajo” y con renovadas críticas al gobierno nacional, tal como expusieron en una manifestación realizada hace diez días. También cuestionan una “ofensiva” para “desenganchar” los programas sociales del salario mínimo.
En la continuidad de las protestas y reclamos que se suceden hace meses contra la política social desarrollada por el gobierno de Alberto Fernández, la Unidad Piquetera -integrada por organizaciones como Libres del Sur, Polo Obrero y Movimiento Teresa Rodríguez (MTR)- convocó para este viernes a una nueva movilización en el centro de Mar del Plata, en la esquina de Luro e Yrigoyen, a partir de las 11.
Sin embargo, no será es la única protesta ya que con reclamos similares también se movilizó el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Convocatoria Segunda Independencia, en este caso hacia la sede local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ubicada en el Espacio Unzué de Santa Cruz al 3500.
El motivo central de la “movilización de emergencia” convocada para este viernes por la Unidad Piquetera es acusar una “amenaza” que atribuyen al gobierno nacional de aplicar miles de bajas del programa “Potenciar Trabajo”, que consta del 50% del salario mínimo, es decir, $30.953 a partir de cumplir con una contraprestación en proyectos socioproductivos, laborales o comunitarios o bien terminar los estudios.
“Un gobierno duro con los pobres, complaciente con los ricos”, expresaron a modo de consigna y repudiaron un pedido realizado por la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, para levantar el secreto fiscal sobre más de 250.000 personas beneficiarias del programa.
(Foto: MTR)
En los últimos días la funcionaria confirmó que le solicitó al juez federal Daniel Rafecas que “levante el secreto fiscal” para acceder a los datos de las y los beneficiarios que “presentan incompatibilidades” para acceder a ese programa, en función de un análisis efectuado por la AFIP, y darlos “de baja en forma inmediata”.
“Le estoy pidiendo al juez Daniel Rafecas que levante el secreto fiscal, que me otorgue la nómina completa de las incompatibilidades que la AFIP ya puso a disposición de la Justicia. Esa información el Ministerio no la tiene y la necesita para analizar cada caso y dar de baja quien no cumpla con los requisitos. Lo haremos de forma inmediata”, declaró.
La polémica e intervención judicial se inició días atrás luego de que distintos medios de comunicación publicaran datos de un informe de la AFIP acerca de presuntas irregularidades en el uso del plan, a lo que Tolosa Paz sostuvo que se detectaron irregularidades en el 0,3% de las y los beneficiarios.
Las declaraciones de Tolosa Paz también despertaron críticas internas en el gobierno nacional ya que un compañero suyo de gabinete, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete y referente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, pidió que “se levante el secreto fiscal para los poderosos y los evasores” y que “no se empiece por los más pobres y los más débiles”.
Las organizaciones que integran la Unidad Piquetera afirmaron que el informe de las presuntas irregularidades en el otorgamiento de las plazas del programa fue “difundido desde la propia AFIP manejada por el kirchnerista Castagneto” y consideraron que con ello “se busca golpear a los sectores más empobrecidos”. “En cambio, no se abre el secreto fiscal para las grandes fortunas y los evasores millonarios”, retrucaron.
Asimismo, consideraron que esa situación se suma a lo que calificaron como una “ofensiva” para “desenganchar los programas sociales del salario mínimo, para que la inflación termine de desvalorizarlos”.
Por su parte, desde el FOL y Convocatoria Segunda Independencia denunciaron un posible retraso en la liquidación mensual para las y los beneficiarios del programa y también apuntaron: “Mientras atacan con dureza nuestros derechos y siguen en curso las campañas de estigmatización por ser pobres, el gobierno se mantiene complaciente y servil otorgando gigantescas concesiones a los sectores ricos y poderosos de la argentina”.
