Jueves 28 de marzo | Mar del Plata
19/08/2015

“El Estado de derecho no logra penetrar en las cárceles”

El homicidio de Pablo López en la Unidad Penal Nº 15 expuso las falencias en el lugar. Para el juez de Garantías Juan Tapia, hay que “evitar la naturalización de la muerte intramuros” y modificar el abordaje de los espacios de encierro.

“El Estado de derecho no logra penetrar en las cárceles”
(Fotos: QUÉ Digital)

“Que se pudran en la cárcel”. “No se merecen vivir”. “Uno menos”. Frases por demás escuchadas en las calles, en el almacén, en el colectivo e incluso, a veces, en los medios de comunicación, ante la comisión de un delito. Para gran parte de la población, quien infringe las leyes debe pagar “con la misma moneda” y, bajo esa lógica, la cárcel se convierte en un lugar de castigo, con poco y nada de aquella idea tan utópica que habla de resocialización.

La semana pasada, Pablo López fue asesinado en la Unidad Penal Nº 15 de Batán. El hombre de 34 años cumplía una condena de 7 y recibió al menos dos puñaladas, una en el cuello y otra en el intercostal derecho, cuando se encontraba en el espacio común que es utilizado en el Penal para recibir visitas. Por el hecho, seis reclusos fueron separados del lugar y relocalizados en la Unidad Nº 44, mientras se desarrolla la investigación.

Para el juez de Garantías y docente Juan Tapia, la muerte de Pablo expuso, una vez más, una realidad que no es nueva y que, lamentablemente, tampoco sorprende: las falencias dentro de la estructura carcelaria y las fallas en el abordaje de los espacios de encierro, donde la resocialización se convierte en una utopía difícil (muy difícil) de alcanzar.

“Básicamente creo que lo que hay que hacer es evitar la naturalización de la muerte intramuros, porque estamos hablando de personas que mueren mientras están bajo custodia del Estado”, apuntó el profesional, que explicó que, en ese sentido, “el Estado es el garante de la vida y la integridad física de esas personas” y evidentemente algo está fallando.

En ese sentido, Tapia consideró que la naturalización de las muertes se da por una multiplicidad de razones. “Primero, por lo social, porque hay un discurso de mucha intolerancia hacia quienes pudieron cometer un delito, pero en todo caso ese no puede ser el discurso que asuma el Estado, especialmente aquellos que son funcionarios del sistema judicial y penal”, entendió.

Al respecto, los últimos números dados a conocer en el informe anual sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires dan cuenta de la muerte de un detenido cada tres días. “Si uno ve las tasas ve un aumento de las personas encarceladas, con 27 mil hace ocho años y 35 mil en el sistema carcelario en la actualidad”, graficó el juez, que consideró que, entonces, es evidente que ese aumento “se traduce en el hacinamiento y los problemas asociados a la conflictividad y violencia intramuros”.

En comparación con otros países, Argentina -y particularmente la provincia de Buenos Aires- presenta una de las tasas más elevadas de personas fallecidas en la cárcel: cuatro muertes cada mil personas. A modo de ejemplo, el número es el doble de lo que se registra en España “y supera ampliamente los montos de países regionales como México, donde la tasa es de 1,4”. “Son cifras alarmantes”, remarcó Tapia.

Consultado respecto a las responsabilidades del Estado en este tipo de situaciones, el también docente mencionó varios estamentos con injerencia en el tema: los funcionarios políticos, el ámbito legislativo y el Poder Judicial y los administradores del sistema penal.

LA CUESTIÓN CARCELARIA: UN DEBATE PENDIENTE

Para el juez de Garantías, si bien en Mar del Plata ha habido avances en materia de seguridad democrática -como la designación de un jefe de la Policía local mediante una audiencia o la creación del Centro de Análisis Estratégico del Delito (CAED)– “si quienes ingresan al sistema penal luego son depositados en ámbitos en los que el paradigma resocializador es una utopía y  la posibilidad de seguir con vida es azarosa, aquello que se desarrolla en materia de Derechos Fumanos en el sistema penal es un fracaso”.

TAPIA 02

“La agenda de Derechos Humanos en Argentina tiene pendiente el debate sobre la cuestión carcelaria”, sostuvo y aseguró que la mayoría de las muertes son evitables. Sin embargo, Tapia diferenció aquellos decesos relacionados con las condiciones de salubridad y de infraestructura dentro de las instituciones penitenciarias de los que tienen que ver con enfrentamientos entre internos.

“Si hay deficiencias de médicos y de recursos humanos y si hay carencia de sensibilidad, ciertamente el diagnóstico confirma en los hechos lo que se puede prever, porque hay riesgos, incluso en muchos casos alertados por el propio Estado, pero sin embargo se dan las muertes, por lo que hay responsabilidades administrativas y penales”, expuso.

En esa misma línea, el juez consideró que lo que sucede muchas veces es que el sistema pone a la población penitenciaria en el lugar que la sociedad reclama, bajo este concepto de “que se pudran en la cárcel”. “Y eso pasa, se pudren, se mueren. Y nos llenamos la boca hablando del Estado de Derecho y a unos kilómetros el derecho no existe y el derecho termina en los muros de las prisiones, porque el Estado de derecho no logra penetrar al interior de las cárceles”, afirmó.

Y en lo relativo a la muerte por enfrentamientos entre internos, para el profesional las mismas “son especialmente evitables” porque suele haber precuelas de la mano de amenazas o advertencias. “Cualquier juez o fiscal recibe esa información por el detenido y busca ubicarlo en otro pabellón para no encontrarse con esa persona; sin embargo, si luego la autoridad penitenciaria permite que ambos se encuentren en un espacio común de vistas, por acción u omisión se fomenta un episodio violento que sería evitable”, reflexionó.

Finalmente, y ante la consulta respecto a qué debería cambiar para que haya mejoras dentro del sistema, Tapia sostuvo que “hay parches pero son absolutamente insuficientes”. “La respuesta no transita por un único factor; creo que habría que replantear qué conflictos sociales deben resolverse con la cárcel y cuáles pueden tener alternativas sin encierro”, consideró y además apuntó: “También hay cuestiones que son de decisión política, que tienen que ver con presupuesto y mejoras edilicias y sanitarias”.

“Falta una decisión en lo relativo a la política criminal, en cuando a la cantidad de personas privadas de libertad que se quieren tener; creo que abrir una veta al trabajo y educación en estos contextos de encierro es el único camino posible de modificación de esta situación de violencia”, completó el especialista.

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19/08/2015