El Inadi, contra el reconocimiento facial: “Conduce a actos discriminatorios”
Desde el organismo pidieron al gobierno de Montenegro y al Concejo que no se avance con su implementación en Mar del Plata
Luego de que fuera suspendido su uso en la Ciudad de Buenos Aires por parte de la Justicia, el debate sobre la implementación de sistemas de reconocimiento facial en la vía pública sumó en las últimas horas el rechazo de la delegación local del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) desde donde pidieron al gobierno de Guillermo Montenegro y al Concejo Deliberante no avanzar con la iniciativa en Mar del Plata. Alertaron que la herramienta “conduce a actos discriminatorios” y que “son muchos los derechos fundamentales de la ciudadanía que se comprometen”.
La nota fue elevada al Concejo Deliberante, concretamente hacia su presidenta, Marina Sánchez Herrero, teniendo en cuenta que desde hace algunas semanas el Cuerpo tiene en debate en las comisiones internas el proyecto impulsado por Montenegro que busca instrumentar en la ciudad el sistema tecnológico a través de las cámaras de seguridad para la “detección de prófugos buscados por la justicia” y también para “identificación de patrones predefinidos orientados a prevenir acciones relacionadas con un posible hecho delictivo”, según señala el expediente.
Con la firma del equipo del Inadi Mar del Plata, compuesto por Cintia Mónaco, Valeria Crespo y José Soldevia, el escrito elevado al Concejo afirma que en caso de avanzar la iniciativa oficialista en la ciudad “comprometería seriamente la responsabilidad internacional del Estado Argentino ya que son muchos los derechos fundamentales de la ciudadanía que se comprometen en una implementación de tecnologías de este tipo”.
De esta manera, alerta que las herramientas “además de que resultan invasivas de la esfera privada también conllevan riesgos de grave error y tienden a producir indeseados efectos intimidatorios en la sociedad”.
Específicamente, el escrito repara en que los sistemas de reconocimiento facial son “probabilísticos”, es decir que no producen respuestas binarias “sí” o “no” sino que “identifican coincidencias más o menos probables”, puntualiza y señala que como todo algoritmo informatizado “los algoritmos de reconocimiento facial no son generadores de verdad neutrales e infalibles, sino que varían en su capacidad de identificar personas, y ningún sistema es cien por ciento exacto bajo todas las condiciones”.
Asimismo, alerta que diversos investigadores “han reportado que los algoritmos de reconocimiento facial identifican incorrectamente a personas de piel oscura, jóvenes y mujeres con mayor frecuencia que a personas de piel clara, de mayor edad y hombres, respectivamente” y señala que ello “refuerza la circulación de estereotipos y prejuicios y conduce a actos discriminatorios concretos”.
De esta manera, desde el Inadi plantean que el despliegue de sistemas de reconocimiento facial “en contextos de gran circulación de personas es proclive a grueso error, y que los resultados varían sensiblemente dependiendo del grado de similitud establecido para que el algoritmo de reconocimiento dispare un aviso de coincidencia”.
En el escrito, el organismo también enumera diversas prohibiciones a la utilización de estos sistemas adoptadas por cuerpos deliberativos de diversas partes del mundo. Y así señala que “no hay una legislación nacional que dé un marco protector de los derechos humanos” para su uso, ni “condiciones técnicas para asegurar el monitoreo que prevenga efectivamente los abusos mencionados” ni “consenso internacional sobre que las tecnologías de reconocimiento facial en la vía pública hayan llegado a un grado de madurez que permita su uso seguro”.
“Nuestra recomendación técnica es que no se proceda a su uso. Alentamos a que tanto desde el Municipio, la Provincia y la Nación implementemos políticas públicas y federales de prevención y persecución del delito, siempre y cuando sean respetuosas de los derechos humanos”, concluye el informe.
La polémica estalló semanas atrás cuando el juez de la Ciudad de Buenos Aires Roberto Gallardo suspendió en esa jurisdicción el uso de la herramienta llevado adelante por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta al detectar que podría haberse realizado un uso ilegal con la obtención de datos biométricos de millones de personas sin requerimiento judicial.
Tras ello, y luego de un primer tratamiento dado días antes en la comisión de Seguridad el Concejo Deliberante a la iniciativa impulsada por Montenegro, desde el bloque opositor del Frente de Todos pidieron que el gobierno municipal “retroceda en el proyecto”. “Pretenden que empresas privadas manejen los datos personales y biométricos”, acusaron.
