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25/02/2015

El Municipio denunció penalmente una posible “violenta usurpación”

El secretario de Gobierno sostuvo que un grupo de personas armadas amedrentó a vecinos de la Villa de Paso que están prontos a mudarse a viviendas del Plan Dignidad, y lo comparó con anteriores tomas.

El Municipio denunció penalmente una posible “violenta usurpación”
En la Villa de Paso unas 80 familias esperan el traslado. (Foto: Archivo Qué Digital)

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del secretario de Gobierno, Pablo García, presentó este miércoles una denuncia penal, ante una amenaza de “violenta usurpación” de 22 viviendas del Plan Dignidad que están destinadas a vecinos de la Villa de Paso.

La presentación judicial surge de “una conducta que consideramos fuera de toda norma, peligrosa y violenta, llevada a cabo por un grupo de personas que amenazó con armas a los vecinos de la Villa de Paso, exigiéndoles que no se trasladen a las viviendas construidas para ellos”.

Y añadió: “Según lo informado por los vecinos amenazados, un grupo de personas -argumentando que tienen la decisión de tomar las viviendas construidas- les exigieron a las familias beneficiarias del plan en ejecución, que se abstengan de trasladarse e instalarse legítimamente en el nuevo lote que se está finalizando. Caso contrario, serían agredidos físicamente y expulsados con violencia del lugar”.

Sin nombrar a ningún responsable, el funcionario fue contra organizaciones sociales: “Según la información vertida por las víctimas de la amenaza, se trata de grupos organizados que tienen relación con movimientos que ya han tomado anteriormente otras casas y que han participado en forma violenta en la generación de otros conflictos”.

En este marco, García reparó en que el Estado municipal y provincial están llevando adelante el Plan Dignidad, a través del cual ya se trasladó el 70% del asentamiento de la avenida Paso, y que está a punto de concluir otras 22 casas, aunque aguardan su vivienda digna unas 80 familias.

“Las familias destinatarias de dichas construcciones han esperado pacientemente durante años el desarrollo de las obras que -en este momento- se siguen ejecutando. Las amenazas vertidas con armas de fuego, así como las tomas, además de constituir un hecho ilegal e inadmisible resultan totalmente injusto, ya que por el uso arbitrario de la fuerza se estaría desplazando de las viviendas a sus legítimos tenedores”, explicó García.

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