Emhsa: ingresaron proyecto de expropiación al Congreso
Hace unos días fue elevado el expediente, que lleva la firma de la Presidente y del jefe de Gabinete. Se busca que el inmueble sea declarado de utilidad pública y se aclara que la totalidad del personal será absorbido por el expropiante.
Es un reclamo concreto que exige respuestas concretas. Los extrabajadores del Emhsa dijeron y repitieron en innumerables ocasiones que, más allá de las promesas, buscan soluciones, pero reales y tangibles, y no palabras sueltas. Finalmente, en las últimas horas se conoció que el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, ingresó al Congreso de la Nación el proyecto de ley por medio del que se busca se declare de utilidad pública y sujeto a expropiación al edificio ubicado en Juan B. Justo al 1700.
En concreto, la documentación fue ingresada el pasado 24 de abril y lleva la firma de la presidente Cristina Fernández de Kirchner; del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Según consta en el expediente, el objetivo es que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores analicen la propuesta y le den curso a la misma, para poder resolver un conflicto que hoy lleva más de tres meses en la ciudad. La propuesta fue girada a cuatro comisiones para su tratamiento.
En cuanto al contenido, en el proyecto se recuerda que la Asociación de Obras Sociales (ADOS) –propietaria del inmueble- suscribió en 2005 un contrato de locación del edificio en cuestión por diez años con Emprendimientos Médico Hospitalarios, donde se emplaza el sanatorio central Emhsa, “en el que trabajan aproximadamente 400 personas y que tiene como principal beneficiarios de sus servicios a afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”.
También se menciona el proceso de quiebra y la clausura del inmueble, por lo que se considera que la situación descripta “no solo pone en peligro cuantiosos puestos de trabajo, sino que impacta directamente en la cobertura sanitaria de un importante número de personas”.
“A ello debe sumarse la inevitable incertidumbre que existe respecto a las reales posibilidades de ADOS -quien oportunamente había cedido la explotación del inmueble a la fallida empresa- para asumir una normal prestación de los servicios y asegurar el mantenimiento de cada uno de los puestos de trabajo”, se aclara.
Ante este escenario “y sin perjuicio de las responsabilidades que deben deslindarse oportunamente”, desde la Jefatura remarcaron que “es indudable que los servicios que actualmente se prestan en el inmueble en cuestión no pueden interrumpirse en tanto ello redundaría en un perjuicio irremediable para los pacientes y para los trabajadores que allí obtienen su sustento”.
Por eso, justamente, consideran propicia la declaración de utilidad pública y la sujeción a expropiación del inmueble, junto con todas sus instalaciones, mobiliario y equipamiento. “El proceso de expropiación estará regido por lo establecido en la Ley Nº 21.499 y actuará como expropiante el organismo que designe a tal efecto el Poder Ejecutivo Nacional”, se indica.
Asimismo, y en cuanto a lo que ha sido el reclamo más fuerte de los exempleados -que es la situación en torno a sus puestos de trabajo- en el expediente se consigna que “la presente medida no importará pérdida de puesto de trabajo alguno en tanto prevé expresamente la absorción por parte del expropiante del personal que actualmente allí presta servicios, conservando su régimen laboral, todos los derechos laborales adquiridos, la afiliación gremial que posean en la actualidad y la vigencia de su Convenio Colectivo de Trabajo”.
Por último, en el proyecto se remarca que con el objetivo de asegurar la continuidad de la prestación de los servicios y la integridad de los bienes “se establece que el Poder Ejecutivo Nacional a través del organismo que designe ejercerá desde el momento de entrada en vigencia de la presente ley todos los derechos que la titularidad de dichos bienes le confieren”.
