Espionaje ilegal: “No había presupuesto para buscar los cuerpos, pero sí para esto”
Lo expresó Guillermina Godoy, mamá de un tripulante del Rigel y víctima de las tareas de espionaje del gobierno entre 2018 y 2019. Se sumará a la querella de los familiares del ARA San Juan.
Guillermina Godoy, mamá de uno de los tripulantes desaparecidos del buque pesquero Rigel, fue una de las víctimas del espionaje ilegal desplegado entre 2018 y 2019 por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por su activa participación en las movilizaciones, muchas de ellas en comunión con familiares de los submarinistas del ARA San Juan. “No había presupuesto para bajar a buscar los cuerpos, y había para esto“, lamentó Guillermina, al tiempo que anticipó que se sumará a la querella iniciada por las familias espiadas arbitrariamente por la AFI macrista.
Fue la propia interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien se comunicó con Guillermina para confirmarle lo que empezó a circular este miércoles por la mañana: los principales referentes que encabezaban las movilizaciones en busca de respuestas por parte del gobierno por los hundimientos de la nave de la Armada y del buque pesquero habían sufrido un seguimiento ilegal por parte del mismo Estado al que le pedían respuestas.
“Me retumban las palabras de ese día del presidente Macri cuando estuvimos con él, cuando le pedí que bajen los buzos y me dijo que no había presupuesto para bajar a buscar los cuerpos, y hay presupuesto para esto. Había para hacer todo esto”, remarcó en diálogo con Qué digital. “¿Con qué sentido? Sigo sin entender ¿En qué podíamos perjudicar al gobierno? Me siento vulnerada“, agregó.
Si bien en las próximas horas planea tener más detalles sobre el espionaje específico contra ella y los familiares de los tripulantes desparecidos del Rigel a partir de una comunicación con el fiscal a cargo de la denuncia, Daniel Adler, titular de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, sí tiene una certeza según lo que la propia Caamaño le adelantó, y es que su nombre aparece en al menos dos partes informativos de la AFI: “Fue un seguimiento en general a los referentes. Han sacado fotos y eso a las caras visibles. No sé a quiénes más y qué es realmente lo que hay”, aclaró.
En sintonía con las declaraciones que en las últimas horas realizaron familiares de los submarinistas, Godoy asegura que “había cosas que se podían prever, pero no imaginé que iba a llegar a este punto“.
“No les alcanzó con la pérdida de nuestro hijos, y encima esto. Es mucho. Es muy perverso. El dolor que sentíamos y encima ser investigados, con la carga emocional que traíamos, ¿encima esto?”, reiteró quien además de llevar adelante la causa por justicia y recuperación de los cuerpos de los tripulantes viene de ser sobreseída en una causa que la Prefectura inició en su contra: “¿Qué más me vas a hacer? Debo molestar”, continuó.
Con la confianza en las instituciones deteriorada frente a esta situación, reiteró su pedido para que el cambio de gestión permita no solo que no se repita el espionaje, sino tampoco la falta de respuestas: “Espero que este gobierno no haga lo mismo. Estamos peleando hoy hace 252 días para que se cumpla la orden del juez para que bajen a buscar los cuerpos y se hagan las inspecciones, afinando algunas cosas de los escritos presentados por los abogados sobre los pliegos. Es tanto tiempo y yo quiero creer”, deseó.
Tras haber recibido la denuncia por parte de Caamaño, el fiscal Daniel Adler comenzó a darle curso a la investigación y, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal sin mayores detalles, se ordenaron las primeras medidas de prueba.
“Adler entendió que deberá investigarse el presunto desarrollo y producción de actividades de inteligencia ilegal –de acuerdo a la ley 27.126-, del que habrían resultado víctimas familiares y/o allegados tanto de los 44 tripulantes y personas trasladadas en el submarino ARA San Juan, quienes perdieran la vida como consecuencia de su hundimiento en noviembre de 2017, como de los tripulantes del buque pesquero Rigel, quienes fallecieron a causa de su naufragio el 9 de junio de 2018”, dice el comunicado difundido por el MPF.
Cabe recordar que la denuncia apunta principalmente a la responsabilidad y la citación a declaración indagatoria de funcionarios como el por entonces jefe de la Delegación Mar del Plata; el ex director de Reunión Interior; la ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani; el ex director general del organismo, Gustavo Arribas, y el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política Política de Inteligencia Nacional (art. 12, ley 25.520)”.
